Cargando...
Se cumplen 57 años de la firma del “Acta Final de Foz de Yguazú”, un triste recordatorio para el Paraguay de que los acuerdos y convenios con nuestros grandes vecinos únicamente se honran en lo que les beneficia a ellos o no representa el más mínimo detrimento a sus intereses, y se convierten en letra muerta en todo lo demás.
El Acta de Foz se firmó a punta de pistola, expresión más que simplemente metafórica, ya que el ejército brasileño había invadido y desplegado tanques de guerra en los Saltos del Guairá, que quedaban enteramente dentro del territorio nacional conforme a claros criterios establecidos en los tratados de límites que, una vez más, no se respetaron.
Para “zanjar las divergencias”, la solución alcanzada fue evaluar las posibilidades económicas del aprovechamiento de los recursos hidráulicos “pertenecientes en condominio a los dos países” en el área del conflicto. La energía resultante sería dividida en partes iguales, con derecho preferencial para los firmantes (es decir, Brasil) de adquirir los excedentes no consumidos por cualquiera de ellos (o sea, Paraguay) “a precio justo”.
El documento fue el antecedente jurídico en el que se fundó el posterior Tratado de Itaipú, según se menciona expresamente en el tercer párrafo de sus considerandos, pero la “división en partes iguales” quedó solo en los papeles. Convenientemente para el Brasil se recogió la figura del derecho preferencial de adquisición, pero, en perjuicio de Paraguay, olímpicamente se soslayó la del precio justo.
El Anexo C del Tratado obliga hasta hoy a nuestro país a “ceder” (no vender) sus excedentes al Brasil por una “compensación” que nada tiene que ver con algo siquiera parecido a un precio justo, y mucho menos al precio de mercado, que es el que en rigor debería corresponder. Esa compensación se establece con una fórmula absolutamente arbitraria, ajena a cualquier ponderación objetiva, que básicamente representa la migaja que Brasil está dispuesto a dar por apropiarse de la energía del “hermano pobre”, al que por poco no le hace dar las gracias por recibir algo a cambio de “solo poner el agua”. ¡Vaya caradurez!
Actualmente, ya con el “generoso” ajuste otorgado por Lula a Lugo en 2009, la empresa estatal eléctrica brasileña (antes Eletrobras, ahora ENBpar) se lleva los excedentes de energía paraguaya por una ínfima compensación de aproximadamente 11 dólares el megavatio/hora, más el precio de costo de Itaipú (unos 12 dólares el MWh con la nueva tarifa), para revenderla entre operadores privados en las subastas de São Paulo y en el mercado regional a 100, 200 y hasta 400 dólares el MWh.
La razón esgrimida en su momento, lamentablemente secundada por muchos paraguayos incluso hoy, fue que Paraguay no tenía la capacidad financiera para cubrir su parte de la deuda por la construcción de la central ni para la contratación de su parte de la potencia. Esta es una doble falacia. Por un lado, en modo alguno es motivo suficiente para despojar durante 50 años a nuestro país de un recurso natural que le pertenece, que es el 50% del potencial energético del río Paraná. Por el otro, Brasil no pagó Itaipú, todo lo contrario. No solamente la hidroeléctrica se autofinanció hasta el último centavo, sino que Brasil se llevó enormes beneficios financieros con el cobro de intereses usurarios de una deuda que terminó siendo exorbitante, de alrededor de 63.000 millones de dólares, en gran parte espuria.
Este comportamiento dista de ser un hecho aislado. Argentina ha hecho lo propio en Yacyretá, con varios agravantes. Ya en época democrática, el Mercosur supuestamente iba a servir como una plataforma para proyectar nuestra región al mundo y terminó convirtiéndose en un mercado cautivo de los dos principales socios, que negocian cupos entre ellos y obligan a acoplarse a sus medidas proteccionistas. Paraguay tuvo que elevar sus aranceles y perder ventajas en el comercio internacional, pero cuando intenta acceder a los mercados de sus grandes vecinos solo se encuentra con trabas.
Como si fuera poco, nuestro país fue sometido a una tremenda humillación jamás resarcida al ser suspendido por una cuestión de estricta política interna y de rigurosa aplicación de su Constitución Nacional, lo cual fue utilizado como burda excusa para desconocer su derecho a veto como socio fundador y permitir el ingreso por la ventana de la Venezuela de Hugo Chávez, amigo y financiador de los gobernantes de turno. Hasta los propios propugnadores del atropello tuvieron que admitir que la medida fue ilegal y que se hizo “primar lo político sobre lo jurídico”, en palabras del entonces presidente uruguayo José Mujica.
Se dirá con razón que todo esto es historia y que Paraguay no debe anclarse en el pasado, sino mirar para adelante. Es muy cierto. Pero la historia es la experiencia de los pueblos y Paraguay ya no se puede dejar avasallar. Se aproxima una negociación muy importante de revisión de los términos del Anexo C del Tratado de Itaipú. Ya veremos si el nuevo gobierno tiene el patriotismo y la firmeza que se requieren para hacer valer los legítimos derechos de la República.