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Parte de la clave la dieron los propios sindicatos al reclamar en nombre de 692.000 asegurados y 65.000 beneficiarios de jubilaciones y pensiones, con sus respectivas familias. El tema es que, de esos 692.000, más del 80% cotiza sobre el sueldo mínimo, debido a una enorme evasión obrero-patronal indirecta por la vía de la subdeclaración. En contrapartida, como la jubilación se calcula sobre los salarios de los tres últimos años, es práctica común que haya un blanqueo en el trienio final, con lo cual un alto porcentaje de jubilados cobra más o mucho más que el mínimo sin haber aportado lo que le correspondía legalmente a lo largo de su vida laboral.
Entonces, qué ocurre. El aporte obrero-patronal es del 25,5% de salario en total, el 16,5% lo aporta el empleador y el 9% el trabajador. De eso, el 23% va al IPS, ya que el 2,5% se destina a programas tales como el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, el Servicio Nacional de Promoción Profesional y el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo.
Si el salario mínimo es de 2.284.324 guaraníes, más del 80% de los asegurados del IPS y sus empleadores aportan mensualmente 525.394 guaraníes (23%). De eso, 204.903 guaraníes (39%) van al fondo de salud, o más propiamente, al Programa de Enfermedad y Maternidad. El 7%, 36.777 guaraníes, va a gastos administrativos. Y al Fondo de Jubilaciones y Pensiones va el 54% restante, es decir, 283.712 guaraníes mensuales.
Para decirlo en pocas palabras, la plata no alcanza y no puede alcanzar, tan simple como eso, allí radica el problema de fondo. En materia de salud, con 204.903 guaraníes mensuales, ya incluido el aporte patronal, se acceden a servicios médicos universales, consultas, intervenciones y tratamientos de alta complejidad, internaciones comunes y de cuidados intensivos, insumos y medicamentos, tanto para el asegurado como para sus familiares directos dependientes, incluyendo los padres, eso sin contar todas las trampas y simulaciones para el usufructo irregular de los beneficios. ¡Por supuesto que no va a dar abasto!
En cuanto al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, actualmente el ratio es de aproximadamente 10 aportantes por cada beneficiario. Pero si más del 80% de esos cotizantes, con sus empleadores, contribuyen al Fondo 283.712 guaraníes mensuales, y un alto porcentaje de los 65.000 jubilados y pensionados cobran más y mucho que el mínimo sin haber aportado en consecuencia, es lógico que en algún momento se caiga en déficit, con el agravante de que, por una natural progresión demográfica, el número de retirados crece exponencialmente y será cada vez mayor.
Según el último estudio actuarial conocido, anterior a la pandemia, el punto de inflexión se estimaba en 2038. Se señalaba que, de no realizarse reformas, a partir de allí se entraría en saldo rojo y se empezarían a consumir las reservas técnicas (que son los ahorros acumulados, consistentes en disponibilidad monetaria, instrumentos financieros y bienes inmobiliarios), que en el mejor de los casos iban a durar otros treinta años más antes de agotarse completamente. Sin embargo, acaba de salir a luz que ya desde el 2020 se está echando mano a los ahorros para cubrir los compromisos, lo que sugiere que la crisis se está dando mucho antes de lo esperado.
Particular situación se da con los gastos administrativos. El 7% es muchísimo en comparación con parámetros internacionales. Para tener una idea, las administradoras privadas de fondos de pensión de Chile cobran por su gestión entre 0,58 y 1,45%. Es por ello que el IPS tiene ¡26.000 funcionarios!, es botín de privilegios y abusos a costa del dinero de los asegurados, como el caso del último contrato colectivo que se llegó a aprobar (aunque ad referéndum de la próxima ley de presupuesto), que contempla, por mencionar dos ejemplos, aumentos automáticos y generalizados de sueldos y hasta 266 días de licencia al año.
El IPS y, en general, todo el sistema de seguridad social del país, tienen graves debilidades estructurales que requieren medidas profundas y en algunos casos impopulares en el corto plazo, porque implican cambio del cálculo del monto de las jubilaciones, racionalización de beneficios, tanto en el área de pensiones como de salud, quizás ampliación de los años de aporte, universalización de las contribuciones obligatorias, duras y efectivas sanciones a la evasión y un estricto esquema de supervisión. Cuanto más se tarde en aceptar la realidad, más drásticas serán las acciones necesarias, más difícil su implementación y más cercana la debacle.