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La última gran evaluación con estándares internacionales del estado de situación de la educación paraguaya fue la prueba PISA realizada entre septiembre y octubre de 2017, antes de la pandemia, incluso antes de que asumiera el actual Gobierno, con una significativa muestra de 4.510 estudiantes de 15 años de 205 establecimientos educativos, además de 2.300 docentes y directivos.
Ya en aquel entonces el escenario se comprobó calamitoso. El 68% de los alumnos examinados no alcanzaron las competencias básicas en lectura, no lograron comprender textos sencillos acordes con su edad, lo que significa lisa y trágicamente que 7 de cada 10 adolescentes de 15 años en el sistema educativo eran analfabetos funcionales. El 92% no alcanzó las competencias básicas en matemáticas y el 76% en ciencias.
Entre 12 países de América Latina, Paraguay se ubicó noveno en el ratio de gasto por rendimiento en lectura y también en los últimos lugares en horas efectivas de clase al año. Un tercio de los alumnos encuestados había sufrido algún período de suspensión total y más del 85% de suspensión parcial, principalmente debido a huelgas y a ausencias reiteradas de sus maestros. Asimismo, el 86% se quejó de que se perdía tiempo en clase porque el profesor usaba ese espacio para otras actividades, ya sea utilizando su computadora o celular para asuntos que no eran del curso, o para asistir a reuniones en horario escolar.
En la encuesta a docentes surgió que el 40% tenía otros empleos remunerados fuera de la docencia. Se dirá que cada quien puede tener los empleos que quiera y que no se les puede negar a los maestros generar otros ingresos, pero aquí se plantea una gran contradicción, porque el 80% del plantel docente del MEC cubre al menos dos turnos y cobra en consecuencia, lo que implica que supuestamente están al servicio a tiempo completo. Si casi la mitad de ellos tiene, además, otras ocupaciones, ello sugiere que utilizan para las mismas parte de la jornada laboral que deberían estar dedicando a sus alumnos, lo cual podría ser una de las causas que explican el bajo desempeño.
Todo esto, reiteramos, fue en 2017. Con casi dos años de interrupción de clases presenciales no cabe la menor duda de que ese panorama empeoró dramáticamente, además de que se estima que, por lo menos, 30.000 niños y adolescentes se quedaron fuera del sistema escolar de manera permanente.
Un reciente estudio del Banco Mundial y de la Unesco señala que la educación pública pospandemia en América Latina y el Caribe cayó al peor lugar del mundo, solo por encima de África subsahariana, y Paraguay está lejos de ser la excepción. Se ha cuantificado que la merma en ingresos para los jóvenes de esta generación a lo largo de su vida laboral será el equivalente al 14% del PIB mundial. Si extrapolamos al caso paraguayo, los niños y adolescentes a quienes les ha tocado esta infausta circunstancia ganarán en sus futuras vidas adultas 5.000 millones de dólares menos, con el agravante de que será peor para los que menos tienen.
No es una cuestión de recursos, como de manera simplista se quiere hacer creer. El Estado paraguayo destina aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales solamente al MEC, que está hace muchos años en el podio de los de mayor asignación presupuestaria, y a eso hay que sumar los fondos para educación que se ejecutan al margen del ministerio, como los del Fonacide, los de las universidades nacionales, los de los programas de becas y otros. Puede que no sea suficiente, nunca lo es, pero definitivamente no es poco, mucho menos si se lo compara con los pobrísimos resultados obtenidos. Aún más que recursos, para intentar revertir la situación se requerirán mucha capacidad, mucha innovación, mucho liderazgo, mucha gestión y mucho coraje para enfrentarse con los grupos de presión. Es crucial para el país que el próximo ministro o ministra sea una persona idónea y que se ponga a trabajar sin pérdida de tiempo.