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Nadie ignora que los “empresarios” del transporte de la Gran Asunción tienen la pésima costumbre de apelar al chantaje de las “reguladas” para imponer sus abusivas pretensiones. Lo hacen impunemente, aunque la Ley N° 6789/21 diga que si amenazan o extorsionan al Estado, por cualquier medio, cometen un “hecho punible de coacción y perturbación de servicios públicos”. Hasta hoy, el Ministerio Público no ha cumplido con su deber de intervenir de oficio ante ese delito de acción penal pública, en tanto que el viceministro de Transporte, Óscar Stark, alega que dicha normativa es inaplicable porque aún no ha sido reglamentada.
Y bien, las leyes no necesitan un reglamento para que estén en vigencia, pues obligan desde su promulgación y publicación: la referida fue promulgada el 13 de agosto de 2021 y publicada cinco días después, de modo que lo que se busca es excusar la impunidad de unos sinvergüenzas, que también amenazan o extorsionan a los sufridos usuarios. Son estos sus víctimas directas, al ser sometidos a prolongadas esperas que, entre otras cosas, les impiden asistir puntualmente a sus lugares de trabajo, sin tener la opción –por razones económicas– de recurrir a otros medios de transporte. Más aún, cuando por fin logran abordar un ómnibus, tienen que resignarse a viajar hacinados, dada la acumulación de usuarios en las diversas paradas. Un drama frecuente en los últimos tiempos.
Estos “empresarios” confabulados, que al no competir entre sí, nunca se esfuerzan por ofrecer un mejor servicio, pueden maltratar a sus clientes, sin ningún miedo a perderlos. A tanto llega el desamparo de estos, ante la inacción del Viceministerio de Transporte y del Ministerio Público, que hay quienes están dispuestos a ceder al chantaje y abonar un pasaje más caro, con tal de verse libres del vejamen, infligido por quienes desde 2011 –año en que se introdujo el subsidio a costa de los contribuyentes de todo el país– vienen defraudando al Estado, sin temor a ser sancionados, penal o administrativamente, como también lo prevé la ley antes citada: la empresa que deje de prestar en forma regular los servicios concesionados y no los regulariza a las veinticuatro horas de intimada por la autoridad competente pierde su licencia y su itinerario de pleno derecho, debiendo dictarse la resolución de inmediato, una vez cumplido el plazo previsto. Como se ve, el marco legal que podría favorecer a los pasajeros está vigente, pero nadie se atreve a aplicar las sanciones previstas a los poderosos transportistas.
En verdad, las corruptelas empezaron mucho antes de 2011, ya que en 2004 seis “empresarios” fueron condenados a prisión por no llevar libros de comercio, entre otras ilicitudes; en materia de fechorías ligadas a los subsidios, en cambio, ninguno ha conocido hasta hoy el rigor del Código Penal, que castiga con hasta cinco años de cárcel o con multa a quien entrega a la autoridad competente, para lograr una subvención, datos falsos o incompletos sobre hechos relevantes para su otorgamiento. Que no exista ningún condenado en virtud de esta norma implica una afrenta al más elemental sentido de justicia.
Es lamentable que los “empresarios” de cinco líneas, procesados por la producción de documentos de contenido falso relativos a sus vehículos, hayan tenido que ser sobreseídos, porque ¡el fabricante no envió los documentos solicitados por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción! La última canallada –la invención de pasajeros mediante el billetaje electrónico, con la presunta permisividad del exviceministro de Transporte Víctor Sánchez– ha sido objeto de varias denuncias ante el Ministerio Público, siendo deseable que persiga de una vez por todas, con la seriedad debida, la “adquisición fraudulenta de subvenciones”, entre otros hechos punibles.
Ni el Estado ni los usuarios del transporte público deben seguir expuestos a un chantaje permanente por parte de quienes, hasta ahora, se han quedado con nada menos que 880.460 millones de guaraníes, gracias a lo que se parece a un latrocinio sistemático en gran escala, que obliga a revisar íntegramente el insostenible régimen del subsidio. Además de la inmensa suma embolsada por los transportistas en concepto de subsidio, una fiscalización realizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ha detectado que datos declarados por un grupo de esos empresarios, pero que no tienen respaldo documental, superaría los 10.000 millones de guaraníes, según el director de Fiscalización Tributaria de esa institución recaudadora, Juan Vallena Vera. Resulta imperioso, pues, que el próximo gobierno tome el toro por las astas y ponga punto final a un escándalo continuo, que desangra al erario y humilla a los pobladores del área metropolitana de Asunción.
Es inadmisible que los impresentables protagonistas del chantaje contra el Estado y los usuarios sigan manteniendo en vilo al país, porque las autoridades competentes no se atreven a cumplir ni a hacer cumplir la ley. En cuanto a los usuarios, no tienen que resignarse a sufrir bajo el yugo de los transportistas: si estos caraduras delinquen con sus “reguladas”, están legalmente autorizados a denunciarlos, por cualquier medio, a los órganos de persecución penal del Estado; si lo hicieran masivamente, bien podrían inducir a dichos órganos a despertarse de su exasperante modorra y a hacer lo que deben.