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Contando solamente los primeros días de esta semana, cuatro jóvenes fueron detenidos cuando intentaban hurtar en un cine de Encarnación, dos delincuentes ultimaron en Villa Elisa a un hombre para robarle su moto, una mujer fue hallada muerta en Pedro Juan Caballero con un fuerte golpe en la frente, el vehículo de una joven fue dañado por un “cuidacoches” asunceno porque se negó a pagarle por adelantado, un gomero fue aprehendido en la capital por vender cocaína a metros de una base policial, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas desmantelaron una plantación de marihuana en un predio de Bella Vista (Amambay), cuatro robacoches y dos mujeres –una con orden de captura por perturbar la paz pública y otra por agredir a un policía– fueron arrestados en Capiatá, un asaltante fue detenido in fraganti en San Lorenzo y una maestra fue asaltada dentro de su aula en J. Augusto Saldívar. Para completar, un alumno mató a puñaladas a la directora de su colegio en Colonia Independencia.
Se trata de una estadística que asusta, probablemente incompleta, pero que es suficiente para dar una idea del tétrico cuadro de violencia que está soportando nuestro país y que obliga a la población a vivir como en cárceles, detrás de rejas de puertas y ventanas, aplicando medidas de protección en las mismas casas, o adoptando también las de precaución cuando sale de ellas.
Estos graves sucesos permiten afirmar que la inseguridad creciente es un gravísimo problema nacional, en la medida en que no se limita a la Gran Asunción y a las mayores ciudades del interior del país. Es una cuestión de vieja data que, hasta la fecha, está muy lejos de ser resuelta, pese a las promesas y a los planes que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional (PN) anuncian periódicamente. Ministros y comandantes vienen y van, pero la gente sigue cada vez más expuesta a ser asaltada hasta por “peajeros” de a pie, que le arrancan dinero para inhalar “crack”, como denuncian pobladores de un barrio de Mariano Roque Alonso. Existen otros barrios de la Gran Asunción en las que personas también evitan transitar por temor a ser asaltadas.
La alarmante inseguridad va de la mano con el aumento del consumo de drogas ilícitas, que desinhiben a los adictos y a la vez les inducen a delinquir para poder comprarlas: su rehabilitación, por obra de entidades públicas, es una quimera. Tan extendido se halla el fenómeno que el jefe de la PN, Gilberto Fleitas, informó en enero que 25 agentes fueron removidos por su afición a los estupefacientes y que otros 21 estaban en “inactividad” por igual motivo. El órgano que debe preservar el orden público, así como los derechos y la seguridad de las personas y de sus bienes, prevenir los delitos, ejecutar los mandatos de la autoridad e investigar los crímenes, también está afectado por las prácticas delictivas de guante blanco y de la otra: el neologismo “polibandi” se ha incorporado al vocabulario popular, por obra de la experiencia.
El exministro del Interior y exministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, prometió alguna vez “desinfectar” el organismo de seguridad, lo que, evidentemente, nunca ocurrió. El actual ministro del Interior, Federico González, es un diplomático de carrera, pues llegó hasta a presidir la cartera de Relaciones Exteriores, por lo que puede presumirse que su designación nada tuvo que ver con la idoneidad para el ejercicio de su actual cargo, lo que, de hecho, se refleja en el pobre resultado que se observa hasta ahora en lo que a seguridad interna se refiere. El crimen organizado y la delincuencia corriente se adueñaron del país, con graves consecuencias en la calidad de vida de sus habitantes.
Dadas las circunstancias, cabe suponer que la cartera del Interior debe ser dirigida por un especialista, que deberá librar una guerra en dos frentes: hacia adentro, limpiando el Ministerio y la PN de ineptos y de corruptos; hacia afuera, luchando sin cuartel contra el crimen organizado y contra los ladrones, motochorros y peajeros, entre otros. Si la mafia se ha insertado en las instituciones, al decir de las principales autoridades del país, es presumible que también lo haya hecho en el Ministerio del Interior y en la PN.
El Estado tiene el deber primordial de proteger la vida, la libertad y los bienes de las personas: si defecciona, pierde su razón de ser y hace que impere la ley del más fuerte, o sea, la barbarie. Se admite el legítimo derecho a la defensa, pero nadie debe hacerse justicia por sí mismo: no hay que llegar a este extremo, ni creer que el Paraguay necesita una “mano dura” para restaurar la seguridad: lo que necesita es que los organismos competentes sean eficaces, que los agentes fiscales investiguen a quien sea y que los jueces apliquen la ley sin temor, para demostrar que la libertad y el orden público son perfectamente compatibles.