Cargando...
El Ministerio Público y la Policía Nacional (PN) allanaron la penitenciaría de Tacumbú tras la liberación prematura del argentino Luis Héctor Morínigo, condenado en 2010 a un total de treinta años de cárcel, por haber violado a varias mujeres y cometido un robo agravado; ya había compurgado dos penas, quedando pendiente una tercera, que no fue incluida en su ficha. Expulsado a su país en abril, tras pasar por la PN, ¡ahora se pedirá su extradición!, luego del “error” que causó la remoción del jefe del Departamento Judicial de la prisión, Héctor Franco, y de ocho funcionarios. Según la viceministra de Política Criminal, Leticia Sanabria, que acudió al lugar con el ministro de Justicia, Alberto Daniel Benítez, la última condena tampoco figuraba en el sistema informático policial. La agente fiscal Fátima Girala estaría averiguando quién y por qué ordenó la liberación.
El patético caso, que implica al menos una grave negligencia culposa compartida, es una muestra más de que, si no se tomaran medidas radicales, la mayor prisión del país –calificada como una de las más duras del mundo en una serie de Netflix– tendría que ser clausurada de una vez por todas. Hoy no sirve para proteger a la sociedad ni para readaptar a los internos, la mayoría de ellos sin condena. Según el comandante de la PN, Gilberto Fleitas, desde allí se encargan asesinatos, vía teléfonos móviles. El defensor del Pueblo, Rafael Ávila, la visitó en abril, reaccionando ante una denuncia de violación de los derechos humanos hecha por los reclusos, que hicieron bien en recurrir a él antes que promover un nuevo motín sangriento, como el de febrero de 2021, en el que murieron siete de ellos.
Como la cárcel de Tacumbú tiene una capacidad de 1.530 internos, los más de 2.760 actuales conviven hacinados, salvo los mafiosos que, gracias a la corrupción, ocupan una celda vip o celebran sus cumpleaños con alcohol y música en vivo. El defensor del Pueblo habló de una aglomeración “sumamente terrible” y de que la higiene brilla por su ausencia, tanto que la comida –pobre en calidad y cantidad– sería preparada en cacerolas lavadas con mangueras y distribuida en viejos baldes de pintura. También señaló el riesgo de que los reos contraigan enfermedades; para peor, no habría bastantes medicamentos y los pacientes serían atendidos por un solo médico, ausente durante la inspección realizada: estaba de vacaciones.
Los reclusos no deben sufrir violencias físicas, psíquicas o morales, sino ser tratados de modo que su reinserción social sea factible, para lo cual se requiere el concurso de psicólogos y la formación profesional de los mismos, según el defensor del Pueblo. En cuanto a lo primero, si el penal de Tacumbú cuenta con un solo médico, sería un “lujo” que tenga un psicólogo, sin negar su necesidad. El Servicio Nacional de Promoción Profesional se ocupa de la formación de los presidiarios que la requieran, pero ocurre que el historial de estos afectaría las chances de lograr un empleo: el certificado de antecedentes judiciales no debe contener las penas privativas de libertad luego de tres u ocho años del compurgamiento, pero entretanto habrá que ganarse el pan; se ignora el funcionamiento de los “patronatos liberados”, que son instituciones previstas en la ley para la “asistencia social, moral y material pospenitenciaria”.
Los jueces de Ejecución pueden visitar las cárceles sin previo aviso para escuchar las quejas de los reclusos sobre la alimentación, la higiene, la salud y la habitabilidad, así como para verificar la capacidad y tomar medidas si ella se ve superada sin que el director haya hecho algo. No suelen decir nada, como si nada hubieran visto u oído. En cuanto a la cárcel de Tacumbú, el defensor del Pueblo también reveló serias carencias en materia de seguridad y de instalaciones eléctricas, así como la falta de documentación y de legajos sobre la situación procesal de los internos. A propósito: la liberación anticipada del ladrón y violador habría respondido a que su legajo estaba incompleto; ironías del destino, ocurrió el 14 de abril, o sea, el mismo día en que el comisionado parlamentario inspeccionó el presidio, para concluir que es una “bomba de tiempo”.
Su director, Julio Balbuena, fue tajante: sostuvo, poco antes, que la infraestructura está bastante deteriorada, que haría falta una inversión muy grande y que “sería bueno clausurar eso y dejarlo sin funcionamiento, dentro de un tiempo no muy lejano”. En febrero, el ministro de Justicia había ido aún más lejos, al afirmar que el sistema penitenciario, cuyo peores males serían la “corrupción y la falta de preparación” del personal, es “totalmente inútil” y “no da para más”. Que el propio ministro haya confesado el colapso del sistema implica la admisión de un rotundo fracaso.
Se suceden los ministros de Justicia y las intervenciones, pero todo sigue igual, como si cuanto acontezca en las cárceles fuera irrelevante y el Código de Ejecución Penal no dispusiera que allí debe imperar “el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos universalmente reconocidos”. Urge que el nuevo gobierno aborde el drama con energía, para poner fin a una situación que hiere el sentido de humanidad, pero también que impida el control de las prisiones por parte del crimen organizado, disputado por sus diversas facciones: el hecho de que este mes, en la de San Juan Bautista (Misiones), se hayan incautado armas blancas y hasta un uniforme militar en las celdas de los delincuentes del Primer Comando da Capital, dice mucho de la permeabilidad del aparato penitenciario. En suma, la prisión de Tacumbú es una “bomba de tiempo” y el sistema carcelario “no da para más”.