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A pedido del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), la Junta Municipal de Asunción aprobó por amplia mayoría la prolongación del estado de “emergencia ambiental por multiamenazas: temporal, incendio, fenómeno de La Niña y otros, y circulación viral de dengue y chikunguña”, vigente desde hace casi dos años y renovada por última vez en febrero. Las “multiamenazas” empiezan con el temporal, un fenómeno meteorológico menos intenso que el ciclón o el huracán, que ocurre en todo el país a lo largo del año; el incendio suele acaecer, tanto en el campo como en las ciudades, por causas naturales o artificiales; La Niña es un fenómeno climático que, cada cinco o siete años, afecta la temperatura y provoca lluvias; el adjetivo indefinido “otros” deja probablemente abierta la inclusión de baches, accidentes de tránsito, acumulaciones de basuras y otras calamidades permanentes, al menos en la capital; el dengue y la chikunguña son virus conocidos que, probablemente, seguirán circulando.
En otras palabras, semejante “emergencia ambiental” bien podría responder a cualquier causa, durar para siempre por reiterada voluntad municipal y ser declarada por cada una las 263 municipalidades paraguayas, para eludir los procedimientos normales de las contrataciones públicas. De eso se trata, precisamente, ya que los concejales también aprobaron –sobre tablas– que la Dirección General de Gestión de Reducción de Riesgos realice compras por la apetecida vía de la excepción, prevista en la Ley de Contrataciones Públicas, pero para cuando, entre otras cosas, ocurran “desastres producidos por fenómenos naturales que apeligren o alteren el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país”. En ningún lugar se habla de una emergencia “permanente”.
En tal caso, el intendente, previo dictamen de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), puede dar por acreditado el supuesto de excepción y recurrir a la contratación directa, previa invitación formal a los potenciales oferentes para que presenten su oferta técnica. Este procedimiento, mucho más expeditivo que el licitatorio público, fue el empleado con malas artes durante el estado de emergencia sanitaria. Es sabido que la Contraloría General de la República (CGR) llegó a constatar varias “irregularidades”, denunciadas ante el Ministerio Público, como la falta de publicación de los procesos y de fundamentación de la necesidad de comprar.
No sería excesivo temer que se repitan las ilicitudes de otrora y que ellas se perpetúen mediante la renovación periódica del supuesto caso de “emergencia ambiental”, que se convertiría así en un artilugio para negociados continuos. Conviene que la CGR examine cada una de las adquisiciones hechas hasta ahora, bajo ese pretexto. La triste experiencia enseña a no subestimar el descaro ni las mañas del intendente, compartidos por los mayoritarios ediles sumisos o cómplices. La indefinida amplitud de las “multiamenazas” implica un insulto al buen sentido y abre un vasto campo a la discrecionalidad desaforada, lo que podría atribuirse a las muchas ganas de eludir controles y favorecer a ciertos vendedores, a cualquier precio, en el literal sentido de la expresión. Esta tomadura de pelo puede resultar muy rentable para sus autores y, por ende, muy costosa para los contribuyentes.
Tanto o más preocupante que la duradera “emergencia ambiental” es la que afecta a las finanzas municipales, como bien lo señaló el concejal Álvaro Grau (PPQ), al oponerse a la aprobación del peligroso disparate referido. Al respecto, este año, la Municipalidad debe saldar deudas por valor de 295.000 millones de guaraníes, para lo cual contraería otras, como es habitual: la deuda total asciende a la friolera de más de dos billones de guaraníes, algo que no parece inquietar a la Intendencia ni a la Junta Municipal, coaligadas contra una buena administración. Todo indica que la corruptela y el prebendarismo rampantes, que generaron y mantienen la crisis financiera, seguirán impidiendo proteger el ambiente, sanear las cuentas, bachear las calles y avenidas, recoger la basura, mantener las plazas, regular el tránsito o combatir la polución sonora.
En realidad, quienes se hallan en constante estado de emergencia, valga la paradoja, son los sufridos pobladores de Asunción, que deben soportar esos infortunios por culpa de las autoridades municipales, electas o reelectas. “No se puede vivir en emergencia”, dijo también el concejal Grau. El diccionario dice que la emergencia es una “situación de peligro o desastres que requiere una acción inmediata”; el desastre aquí es la propia Municipalidad, sin que sus víctimas puedan –lamentablemente– adoptar una acción inmediata. Los asuncenos tendrán que ir tomando nota de las acciones de quienes son responsables de sus desventuras y esperar los próximos comicios para castigarlos con sus votos, sin perjuicio, mientras tanto, de manifestarse masiva y pacíficamente contra tamaño desgobierno.