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La ambulancia del Centro de Salud de San Bernardino, la “ciudad veraniega” por excelencia, se halla fuera de servicio desde hace dos semanas, porque el motor está siendo reparado en un taller mecánico de Asunción. El arreglo del motor del vehículo –donado a la municipalidad por una empresa privada hace siete años– costaría unos treinta millones de guaraníes y demandaría aún tiempo indeterminado. Entretanto, para casos de urgencia, se recurre a la patrullera de la comisaría local, a la ambulancia de los bomberos o a las de centros de salud de localidades cercanas, como Caacupé, Tobatí y Altos, que mientras tanto quedan sin sus respectivos vehículos. Es increíble que esto ocurra a escasos 35 km de nuestra ciudad capital, lo que da una clara idea de las necesidades que han de soportar localidades de departamentos más alejados.
De la crítica situación se está ocupando el Consejo Local de Salud (CLS), presidido por el intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR), que recibe del Ministerio de Hacienda veintitrés millones de guaraníes mensuales, provenientes del llamado Fondo de Equidad, que complementa los recursos presupuestarios de las Regiones Sanitarias, en el marco de una descentralización. Por lo demás, el CLS debe contar con el 5% de los ingresos anuales de la municipalidad, pudiendo recibir aportes de la Gobernación y de la comunidad, entre otros, para pagar al personal de blanco y adquirir no solo medicamentos, equipos y artículos de limpieza, sino también combustible para el traslado de los pacientes; todo ello bajo la supervisión del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), que también le transfiere dinero.
Uno de los miembros del CLS de San Bernardino es la propia directora del Centro de Salud, Shirley Bussan, que habría ignorado, al igual que sus pares, que si la compra del combustible estuvo presupuestada, también debería haberlo estado el mantenimiento periódico de la ambulancia. Si todo estuvo previsto, pero se agotaron los fondos, tantas personas responsables de la situación no pudieron haberse quedado de brazos cruzados, exponiendo a dolientes enfermos y familiares a quedar inmovilizados. Si en lo administrativo seguía a cargo de la municipalidad, el intendente debía haber incluido los costos en su presupuesto. Pero, como siempre ocurre, cuando hay varios responsables, sencillamente se “tiran la pelota”, como se dice, y se diluyen las responsabilidades.
Es increíble, pero el tema de las ambulancias se ha constituido desde siempre en un problema nacional de larga data, cuya solución no han podido lograrla los ineptos que se suceden en el MSPBS y en los CLS, a lo largo y ancho del país. Para no ir más lejos, se recuerda que el año pasado un hombre mordido por una serpiente fue llevado desde General Díaz hasta el Hospital Regional de Pilar en un vehículo privado, porque la ambulancia del centro de salud local estaba, justamente, en la capital departamental. Por su parte, un chipero de Curuguaty tuvo que pedir ayuda a la población para costear el combustible de la que debía trasladar a su esposa hasta el Hospital Regional de Salto del Guairá y que una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias, entregada por el Ministerio a la Municipalidad de Capitán Bado, fue usada en Fernando de la Mora para transportar un lavarropas descompuesto. No hablemos ya del Alto Paraguay, donde debido a las precariedades de las unidades sanitarias se suceden situaciones dramáticas para el traslado de pacientes a localidades alejadas como Concepción, Pedro Juan Caballero, o alguna del Brasil, en algunos casos con desenlaces fatales.
El MSPBS afirma que los CLS –creados en 1996– conforman un “espacio social democrático” de corresponsabilidad con el sector público, lo que facilitaría “el ejercicio del control social sobre las acciones públicas” y desarrollaría “el compromiso de participar en la solución de los problemas”. Todo suena muy bien, pero lo cierto es que el modelo no está funcionado como es debido y que, como señalamos, la intervención de tres organismos –el CLS, la Municipalidad y el Ministerio– contribuye más bien a que las responsabilidades se difuminen.
Más allá de la complicación administrativa, lo que ocurre es que está en crisis toda la sanidad pública. Si el bochornoso caso comentado tiene como escenario un renombrado municipio cercano a Asunción, la cuestión sube de punto en las localidades alejadas, como surge con suficiencia de los pocos ejemplos antes referidos. El director jurídico de la Municipalidad de San Bernardino, Diego Fernández, pidió a los lugareños que mantengan la calma, pues se estaría buscando una solución rápida. En verdad, es mucho pedir, tanto como sería abusivo que el MSPBS solicite a los habitantes de todo el país que no pierdan la paciencia, ante el evidente colapso del área.