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Quienes atentan contra el bien común, como el ministro que malversa, el juez que prevarica, el legislador que se vende o el ciudadano que soborna, atentan contra la patria. Se ha dicho que “el patriotismo es el último refugio de un canalla”, esto es, de quien lo invoca falsamente para ocultar su propia negra ambición. En nuestro país, suele ser el primer refugio obligado de los sinvergüenzas, pues también ellos, que solo aspiran a enriquecerse, deben asumir los más altos cargos públicos jurando ante “Dios y la Patria” desempeñarse con fidelidad y patriotismo.
La ciudadanía espera que entre los recién electos o reelectos no abunden los perjuros, a quienes el Creador demandará en su momento, siendo de esperar que también lo haga un juez terrenal si participan en la corrupción voraz, entre otras actividades delictivas. En la política hay muchos “paraguayos de ley”, de labios para fuera. En realidad, antes que de los partidos y de sus diversas facciones, son partidarios de sí mismos: es habitual que sus intereses no coincidan con los de sus conciudadanos ni, por ende, con los del país que dicen amar. También hay quienes confunden los suyos con los del Paraguay, tanto que hasta tildan de antipatriotas a quienes se oponen a ellos.
Los sinvergüenzas no perciben incompatibilidad alguna entre ese estimable afecto y el latrocinio, como si este fuera inherente a la paraguayidad; hasta se diría que roban con la conciencia tranquila porque, al fin y al cabo, no se apropiarían del dinero de una persona física, sino solo del de una entidad jurídica sin rostro, llamada Estado: sus delitos nada tendrían que ver con la falta de remedios, de aulas o de caminos. En realidad, no tienen compatriotas, sino cómplices, dentro y fuera de la función pública. Se llenan la boca de pueblo para engañarlo primero y esquilmarlo después, una vez instalados cómodamente en el Presupuesto. De hecho, las víctimas tienen victimarios a sueldo pagados por ellas, aunque parezca extraño.
Hoy descansarán por el Día de la Independencia también quienes vulneran la del Poder Judicial para asegurar su impunidad y quienes lo consienten por venales o cobardes. Uno de los escudos de la República lleva el lema “Paz y Justicia”: la injusticia institucionalizada no tiene que ver con el auténtico patriotismo, sino con el meramente retórico, tan usual entre los que mandan. Sería ilusorio esperar que las cosas cambien radicalmente en los cinco años venideros, pero no tanto confiar en que al menos disminuyan la corrupción y el derroche, mejoren la salud y la educación públicas, se reduzca la extrema pobreza, se controle el gasto público y se defiendan los intereses del país en las entidades binacionales, entre otras necesidades apremiantes.
El Paraguay requiere que se alcen las banderas de la honestidad, de la legalidad y de la eficiencia en la gestión estatal; amarlo implica hoy combatir sin tregua a quienes lo mancillan con sus groseras inconductas y liberarlo del sanguinario crimen organizado. En verdad, hay mucho que hacer, pero el esfuerzo valdrá la pena: un país depurado de sus lacras sería el mejor homenaje que se pudiera rendir alguna vez a los Próceres de Mayo. Ese día llegará cuando el civismo se imponga sobre la iniquidad, gracias a la activa intervención ciudadana: los malos no abandonarán sus posiciones si los buenos se desentienden del interés general y no reaccionan en defensa propia.