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No pasa un día sin que la prensa nos traiga noticias sobre los abusos y hasta crímenes violentos de que son objetos menores de edad. En abril, un sexagenario asesinó en Villa Elisa a la hija adolescente de su exconcubina; el año pasado, la víctima reveló a la madre que la venía violando desde la infancia, razón por la que el victimario había sido denunciado y estaba prófugo. Hace un par de días, una niña que habría sido abusada sexualmente por un tío alcohólico en una comunidad indígena, según sus familiares, fue rescatada por efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta y por funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública, así como de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, con asiento en Pedro Juan Caballero; el presunto autor del odioso crimen está detenido. En estos días, en el departamento del Guairá fue detenido un hombre de 34 años buscado por un presunto abuso sexual contra una adolescente de 14 años. Por su parte, en Ciudad del Este fue detenido un hombre de 51 años por presuntamente abusar de su hija de 12 años.
Se trata solo de unos pocos ejemplos patéticos de los reiterados abominables hechos de esta naturaleza, una dolorosa realidad que debe ser abordada con medidas preventivas y represivas, aplicadas con todo rigor.
Según datos oficiales, en casi el 85% de los casos están involucradas personas del entorno familiar o escolar o bien allegadas al hogar, razón por la cual no son revelados por las víctimas. Se entiende así que la gran mayoría de los abusos que sufren niños y adolescentes quede oculta y que las 4.566 denuncias recibidas por el Ministerio Público, entre enero de 2022 y marzo de este año, estén lejos de reflejar cabalmente la frecuencia de este odioso hecho punible. He aquí una tragedia cotidiana, que el temor, la vergüenza o la incredulidad de los adultos contribuyen a encubrir; la circunstancia de que el causante sea a menudo un pariente hace que, por lo general, todo quede entre cuatro paredes y la repugnante historia se repita. En efecto, el ámbito doméstico puede convertirse en un infierno para los menores que caen en manos de un pervertido, más aún cuando el hacinamiento, el alcohol o la drogadicción generan el caldo de cultivo apropiado para las aberraciones.
¿A quién o a quiénes podrían pedir auxilio aquellos que experimentan ese tremendo dolor físico y moral, que podría tener secuelas imborrables sin un tratamiento oportuno y adecuado? Quizá haya madres que prefieren ignorar lo evidente, por miedo a la agresión, al desamparo o a la soledad; si así fuera, deben ser auxiliadas. Por otra parte, siempre hay docentes que se han ganado la confianza de sus alumnos, hasta el punto de convertirse en sus consejeros o paños de lágrimas; ellos deben estar capacitados para reaccionar de inmediato ante una confidencia sobre este hecho punible, cuya persecución penal es imprescriptible. Al respecto, los centros educativos tienen el deber legal de enseñar, a más tardar cada treinta días, un material del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para prevenir y detectar el abuso sexual, así como incluir en las asignaturas relacionadas con la salud los medios para solicitar ayuda: el referido material –objetado por ciertas organizaciones sociales “provida y profamilia”– está siendo reelaborado, tarea esta que tendría que concluir en breve. No hay tiempo que perder en la lucha contra este flagelo atroz.
Es plausible que desde 2018 rija una ley “para la prevención del abuso sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas”, lo que revela que el Congreso y el Poder Ejecutivo son conscientes de la extrema gravedad de esta problemática, en la que confluyen factores de diversa índole. La cuestión es que dicha normativa tenga vigencia efectiva y que, por tanto, se cuente en verdad con “elementos que contribuyan a la identificación temprana, la prevención, la autoprotección, la detección y la denuncia del abuso sexual de que puedan ser víctimas los educandos”, dentro y fuera de las instituciones de enseñanza.
Existen suficientes organismos para prevenir este vil atropello a la integridad física y moral, así como para atender a los menores que lo padecen: aparte del MEC y del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, hay toda una Comisión Nacional de Prevención y Atención Integral, unas Consejerías Municipales y unos defensores de la Niñez y la Adolescencia. Empero, nada indica que este horrendo fenómeno esté menguando, sino todo lo contrario, por lo que es de esperar que los mismos cumplan con su deber y aborden con firmeza y premura la cuestión. Para eso están. No hay tiempo que perder.