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A diferencia de la mayoría de los países, en Paraguay el lapso entre las elecciones generales y la toma de posesión del nuevo gobierno es relativamente largo, más de cuatro meses, un tercio del año, lo cual puede ser bueno si se utiliza como corresponde o muy malo si se dilapida y se permite que las especulaciones, la paralización, la incertidumbre retrasen el abordaje de los desafíos más urgentes, minen la confianza ciudadana y posterguen la toma de decisiones no solamente en el Estado, sino también en el sector privado. El presidente electo, Santiago Peña, ha dicho que esperará la proclamación oficial del Tribunal Superior de Justicia Electoral para dar sus siguientes pasos. Hasta cierto punto es comprensible, pero, una vez concretado ese aspecto formal, cada día que pierda irá en su contra y de la necesaria normalización del funcionamiento de la sociedad.
El aprovechamiento del período de transición, lamentablemente, no ha sido precisamente la práctica común. En general, los sucesivos gobernantes han tardado demasiado en confirmar a los integrantes de sus gabinetes, han delegado casi toda la actividad en pequeños grupos de traspaso, prácticamente encargados simplemente de revisar las cuentas y asegurarse de que no se toquen los botines más jugosos, con el resultado de un exasperante “stand by”. El Gobierno en funciones se limita a realizar lo mínimo indispensable, ya no emprende ninguna acción importante, la nueva administración tampoco da señales ni información a la ciudadanía y el presidente electo casi que brilla por su ausencia. Como si se tomaran unas “merecidas vacaciones” para recuperarse del estrés electoral y reunir fuerzas para lo que viene mientras los problemas persisten y se agravan.
Otro aspecto muy negativo de esa situación es que, al aplazarse la designación de ministros y de responsables de áreas claves, estos desperdician un tiempo valioso que podrían utilizar para interiorizarse a fondo de sus próximas funciones y poder así ejercerlas inmediatamente al asumir, sin tener que dedicar a posteriori un período para adaptarse, conocer las instituciones, el estado de las mismas, la cultura interna, a los funcionarios, el entorno, a los otros actores del sector para comenzar a engranar. Todo lo contrario, en la práctica ha ocurrido a menudo que carteras enteras seguían vacantes aun bastante después de inaugurada la nueva administración.
Asimismo, el no conocerse las cabezas visibles en las distintas esferas aumenta la desorientación general. Los agentes económicos se tienen que guiar por rumores o información no confirmada para tomar sus propias providencias sobre sus inversiones y la marcha de sus negocios, lo que generalmente se traduce en una prudente espera hasta que las cosas estén más claras, ver quiénes estarán a cargo y cómo se comportan. En el ámbito político, por su parte, se produce un formidable enjambre de intrigas, pequeñas conspiraciones, acomodamientos, cepilladas, lo que también, por ejemplo, indirectamente inmoviliza al Congreso Nacional, muchos de cuyos miembros están más preocupados en ubicarse “correctamente” que en estudiar proyectos de ley cruciales para la República.
Esta debería ser la etapa en la que el presidente electo comenzara a mostrar todo su liderazgo, no solamente tomando decisiones firmes y expeditivas, sino comunicándose frecuentemente con la ciudadanía, para ponerle al tanto y explicarle a la gente lo que se está haciendo y por qué, transmitir certezas, tranquilidad y empezar a movilizar las fuerzas sociales hacia objetivos comunes. Cuanto antes tenga armado su equipo tendrá las herramientas para identificar las prioridades y definir planes y estrategias para encararlas.
Por citar ejemplos, una de las áreas donde tendrá que concentrarse el nuevo gobierno es en la reforma del Estado. El déficit fiscal es del 3,5% del PIB, el endeudamiento del 40% del PIB y el 72% de todos los ingresos estatales se va en salarios. Si no se restablecen equilibrios en las finanzas y no se ordena estructuralmente el sector público, es poco lo que las nuevas autoridades podrán hacer, salvo que aumenten drásticamente los impuestos, por la sencilla razón de que no tendrán margen presupuestario. Deberán definir qué actitud tendrán frente a las nuevas leyes de la función pública y de contrataciones públicas, la reforma de la Caja Fiscal y qué otras iniciativas impulsarán en este campo.
Otro punto de suma relevancia es la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, cuyo plazo para su revisión se abre justamente en coincidencia con la toma de posesión del nuevo gobierno, al cumplirse en agosto los 50 años de su vigencia. Para entonces ya tendría que estar formado el grupo negociador y planteados los lineamentos y objetivos estratégicos. No es suficiente decir que Paraguay se concentrará en utilizar toda su porción de energía de la central porque, en el mejor de los casos, faltan todavía diez años para que eso sea una realidad, y eso sin contar Yacyretá. Mientras tanto, Paraguay sigue teniendo un sobrante de alrededor de 20 millones de megavatios/hora al año en Itaipú que hoy prácticamente regala al Brasil. Cuanto más tiempo pase, más recursos legítimos perderá el país por el aprovechamiento de su 50% del potencial energético del río Paraná.
Para utilizar una metáfora futbolera, lejos de ser de descanso, estos cuatro meses tienen que servirle a Santiago Peña de intensa pretemporada, sin dejar detalles al azar, para llegar al 15 de agosto entrenado, listo y preparado para jugar el campeonato más importante de su vida.