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En vísperas de los comicios generales, los diputados aumentaron el Presupuesto de la Cámara en 28.000 millones de guaraníes, para perjudicar al erario en beneficio de sus respectivas clientelas. La infeliz decisión fue apenas debatida y adoptada por cuarenta y seis votos contra tres, correspondientes a los liberales Celeste Amarilla y Celso Kennedy, así como a la encuentrista Kattya González. El resultado demuestra que las múltiples bancadas coinciden en la práctica del prebendarismo y del dispendio irresponsable: aquí no valen las ideologías, suponiendo que los manirrotos con el dinero público las tengan, sino las ganas de favorecer a amigos, parientes o correligionarios que “trabajan” para ellos. Estos privilegiados pueden vagar por los pasillos del Palacio Legislativo, quedarse en sus casas o politiquear por doquier, sabiendo que siempre estarán protegidos por sus padrinos con fueros.
En la exposición de motivos del proyecto de ley aprobado, que lleva decenas de firmas, los proponentes se precian de que en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, la Cámara que integran redujo su Presupuesto en 3.875.741.667 guaraníes, acompañando la “política de racionalización de los recursos asignados a esta institución”; el insensato aumento resuelto septuplica con creces dicha suma, de modo que observación citada, que apuntaría a justificar el próximo despilfarro, bien puede tildarse de cínica. También se habla de la “necesidad del fortalecimiento institucional”, razón por la que se pide la creación de cargos para incorporar el personal contratado al cuadro permanente; esto implica que los contratados sin necesidad alguna, en clara violación de la Ley N° 1626/00, se convertirían en funcionarios con el pretexto de la “desprecarización laboral”, y gozarían, por ende, de un costoso seguro médico.
Además, se crearía un “salario base” para los funcionarios que cobran el salario mínimo legal y para todos aquellos que ganan hasta 4.500.000 guaraníes mensuales; en otras palabras, habría un insensato aumento salarial para la mayoría de los nada menos que 1.388 funcionarios actuales, incorporados en general sin un previo concurso público de oposición y a los que habría que sumar los “desprecarizados” en vista. Ocurre que los diputados disponen de “cupos” para traer a sus clientes; estos siguen en la Cámara aunque sus patrones no sean reelectos y como los nuevos traen a los suyos, el plantel se va ampliando cada cinco años, a costa de los contribuyentes. Pero el malgasto no acaba aquí, pues habría más contrataciones de personas físicas, como si no bastara con las 600 vigentes y existieran las “necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad”, afines a los objetivos del organismo, exigidas por la ley de la función pública.
Por si todo esto fuera poco, la desatinada iniciativa incluye un aumento del gasto en bonificaciones por “responsabilidad en el cargo”, para equiparar a los funcionarios de mayor rango con sus pares del Senado. He aquí un punto importante, ya que la Cámara Alta deberá ocuparse ahora de este oneroso engendro legislativo: lo correcto sería que lo rechace íntegramente, porque supone un incremento del gasto público que no favorecerá en modo alguno el interés general, sino el muy particular de la clientela y sus patrones presupuestívoros. Existe el riesgo de que los senadores den su aprobación y aprovechen la oportunidad para aumentar los ingresos de su personal, a fin de equipararlos a los nuevos del plantel de la Cámara Baja.
Es que al Congreso le suele tener sin cuidado el aumento insensato del gasto público y del consecuente déficit fiscal, lo que tarde o temprano obligaría a elevar la carga tributaria soportada por sus representados, directa o indirectamente. Entre estos y los excesivos, corruptos e ineptos “servidores públicos” suelen optar por este fuerte grupo de presión, halagado sobre todo en tiempos electorales. En el conflicto entre ellos y el bien común, los parlamentarios toman partido por quienes saben que no ocupan un cargo estatal debido a sus méritos y aptitudes, sino a la filiación política y a las recomendaciones dirigenciales. Esta cuestión no se decidirá antes del 30 de abril, pero los diputados que aspiran a la reelección en tal carácter harán saber a sus “operadores” mantenidos por los contribuyentes que, una vez más, supieron retribuir los servicios prestados, mal que les pese a quienes creen que el prebendarismo es una verdadera lacra, que priva de fondos para atender necesidades sociales y atenta contra el equilibrio presupuestario.
Las prioridades de quienes aprobaron el derroche son absolutamente incompatibles con las de la ciudadanía. Ojalá que la integración de la “nueva” Cámara de Diputados varíe en gran parte y que, en adelante, sus miembros sean mucho más celosos del dinero público: lo exigen el buen sentido, la honradez y la eficiencia, hoy tan despreciadas por quienes traicionan al pueblo que representan.