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“Lastimosamente, hay muchos correligionarios que no entienden, que creen que los cargos que tienen son porque son guapitos, porque tienen la pared llena de títulos. Pero los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado y eso es lo que vamos a votar el 30 de abril”. Con estas palabras sinceras, el candidato presidencial Santiago Peña creyó necesario desengañar a sus correligionarios instalados en la función pública y que fueron muy aplaudidas por los de Itaipú Binacional: no se ofendieron en absoluto por ser tildados implícitamente de buenos para nada.
Que los funcionarios se saquen de la cabeza, pues, que están allí porque son diligentes o idóneos; podrán ser haraganes o ineptos, porque lo importante es su carnet partidario, para que puedan vivir a costa de los contribuyentes de todos los partidos y de los que no están afiliados a ninguno. Los “servidores públicos” deberían estar agradecidos a la ANR y a sus respectivos padrinos. Y que los electores lo sepan: si votan por el partido oficialista, lo harán para que sus miembros ocupen un cargo público, aunque no sepan cómo ejercerlo o no tengan ganas de trabajar.
Mal se le podría acusar de mentiroso al candidato subordinado a Horacio Cartes; al contrario, dijo la verdad pura y dura, aunque les duela a quienes aún creen en “la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad”, que debe ser demostrada en un concurso público de oposición. Ocurre que la Constitución y la Ley N° 1626/00 son de escasa relevancia en un país donde el prebendarismo está bien arraigado, en perjuicio del erario y del interés general: primero está el partido, porque solo mediante él se puede ganar el pan sin mucho esfuerzo, como acaba de confirmarse.
En efecto, ser funcionario o contratado ocioso es el dulce sueño de quienes ostentan como único título su condición de afiliados. La tan traída y llevada reforma del Estado presupone la reforma de la mentalidad premoderna, que lo considera un botín del partido gobernante, a ser distribuido entre sus miembros, sin atender el bien común; la de Santiago Peña se adaptó muy pronto a la de una arcaica “clase dirigente”, que está al servicio de sí misma y de su voraz clientela.
Podrán venir misiones del Fondo Monetario Internacional o del Banco Interamericano de Desarrollo, pero sus anfitriones serán impermeables a sus consejos sobre el gasto público, mientras la racionalidad política siga imperando sobre la administrativo-financiera. Es presumible que si el candidato de marras llegara al Palacio de López, el gasto en servicios personales aumentaría aún más en detrimento de las inversiones, pues se creerá obligado a retribuir el voto de los burócratas de hoy y de los que aspiran a serlo mañana; es muy claro que ellos van a “estar mejor”, pero no así los gobernados que habrán de mantenerlos, recibiendo poco o nada a cambio.
El desparpajo comentado recuerda el de Horacio Cartes, cuando en 2021 afirmó en San Juan Bautista (Misiones) que afiliarse a la ANR implica la “esperanza de acceder a un trabajo”, debiendo entenderse que el “trabajo” se realizaría en el aparato estatal, con independencia de los atributos del flamante colorado; más aún, en la misma ocasión, instó a los dirigentes colorados a que “sigan haciendo tráfico de influencias cuando sea para servir”, ignorando olímpicamente que así incitaba a delinquir.
Santiago Peña compartiría estos criterios de su mentor; por ende, si lograra su propósito, la esperanza de muchos de ubicarse en el Presupuesto no sería defraudada y el tráfico de influencias aumentaría. Y que se las vean los que deben ganarse el pan con el sudor de su frente y no cuentan con los patrocinadores adecuados, mientras los otros puedan comer sin deslomarse y ser “más iguales” ante las leyes, de acuerdo al egregio pensamiento cartesiano.
El abierto desprecio que Santiago Peña siente por la aptitud y la eficiencia en la función pública –indispensables para un buen Gobierno– resulta alarmante en un candidato presidencial que aspire a hacer bien las cosas. Que haya llegado a tal extremo, muestra tanto sus antivalores como la pobre opinión que tiene no solo de sus correligionarios de reciente data, sino también de sus compatriotas en general: cree que les resultaría indiferente, en el peor de los casos, que los servicios públicos estén a cargo de unos inútiles y perezosos de marca mayor, con tal de que sean colorados.
El (ex)empleado de Horacio Cartes da vergüenza ajena. Sus descarados dichos revelan que el Paraguay no merece padecerlo en la primera magistratura, ni en la última: el problema no radica en que haya mentido, sino en que haya alentado la práctica del prebendarismo más grosero, sin el menor escrúpulo.
Es indudable que “vamos a estar mejor” sin él como jefe de Estado, siendo de agradecer, no obstante, que haya tenido la franqueza de poner las cartas sobre la mesa –aunque de la peor manera– en un tema gravitante como el de la función pública, tan disfuncional por culpa de uno de sus vicios recién fomentados por el candidato de marras.