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La Cámara de Senadores postergó para después de las elecciones el tratamiento del proyecto de ley que equipara los haberes jubilatorios de los funcionarios retirados con los sueldos de los funcionarios activos, cuando perfectamente se sabe que lo único sensato que se puede hacer al respecto es rechazarlo de una vez por todas. Es increíble que persistan en algo que no solo es a todas luces inviable y que conlleva implícito un riesgo real de licuar las finanzas estatales, empezando por los propios aportes de los 225.000 cotizantes de la Caja Fiscal, sino que va absolutamente a contramano con las urgentes reformas que requiere la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, y en general todo sistema de seguridad social del país, para al menos vislumbrar que en el futuro existan los recursos para solventar mínimamente el retiro de los trabajadores.
Este proyecto, de aprobarse, tendría un costo inmediato de 422 millones de dólares, que es casi la mitad del presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Y eso solo en el primer año de aplicación. De acuerdo con cálculos preliminares del Ministerio de Hacienda, el costo adicional en cinco años sería de 1.383 millones de dólares, que se agregarían a un déficit acumulado proyectado en ese lapso de aproximadamente otros 2.500 millones de dólares si es que no se toman medidas ya mismo.
Estas cifras son exorbitantes y plantean un dilema sumamente inquietante. Si las recaudaciones anuales del Impuesto al Valor Agregado son de aproximadamente 1.000 millones de dólares, de no hacerse nada, todo lo que pagarán de IVA los contribuyentes en los próximos años se irá exclusivamente a costear las jubilaciones de los funcionarios públicos.
Los más preocupados deberían ser los propios funcionarios, ya que son sus aportes los primeros que se esfumarán. Cada funcionario aporta un 16% de su salario para financiar las jubilaciones y pensiones de los retirados y herederos de hoy. Pero cuando ellos se retiren el día de mañana ya no habrá un centavo para financiar las suyas, mucho menos si se aprueban proyectos que hacen vito con su dinero y consumen cualquier ahorro que se pudiera acumular.
Peor aún, en el caso de la Caja Fiscal, el número de aportantes ya ha llegado al máximo y se mantiene relativamente constante, como no puede ser de otra manera, ya que el Estado tiene un límite de contratación de personal. Pero el número de retirados crece permanentemente, por lo que cada vez hay menos aportantes por cada jubilado.
Actualmente hay unos 225.000 aportantes y unos 68.500 beneficiarios, de los cuales unos 10.000 son pensionados y herederos. La relación es de 3 a 1, es decir, hay tres aportes de 16% (menos del 50% de un salario) para financiar la asignación de cada beneficiario, y ese ratio tiende a empeorar rápidamente. La diferencia la tiene que poner el Estado, es decir, toda la ciudadanía.
A ello se agrega que hay jubilaciones de privilegio, como las de los militares y policías, que justamente tienen una asignación equiparada a la que recibe el personal activo del rango que tenían al momento de pasar a retiro; docentes y médicos, que se jubilan con pocos años de aporte, entre otras distorsiones. De no mediar reformas, esto representa una amenaza real a la sostenibilidad fiscal en un plazo mucho más corto de lo que se cree. Ya sin esta nueva ley la situación es crítica. Si encima se llegan a indexar las jubilaciones a los salarios de los activos, se volverá calamitosa.
Por otro lado, la deficitaria Caja Fiscal es el problema más perentorio, pero no el único. Solamente un 20% de la población económicamente activa está afiliada a algún plan de ahorro jubilatorio a largo plazo. Significa que el 80% restante llegará a la vejez sin ninguna fuente de ingresos y tendrá que ser una vez más el Estado el que de alguna manera dé respuestas a esa grave situación. Paraguay todavía tiene una población joven, pero eso cambiará rápidamente en las próximas décadas y esta será una carga pesadísima para las siguientes generaciones.
De esto se tendrían que estar ocupando los parlamentarios, con visión y responsabilidad, en vez de plantear y estudiar proyectos descabellados que no solo no contribuyen a resolver los cuellos de botella que enfrentan los paraguayos, sino que los agravan. Lastimosamente, hay un número muy importante de legisladores que patean en contra del país, no les importa el Paraguay.