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Los abogados escogieron a Jorge Bogarín Alfonso para representarlos en el Consejo de la Magistratura (CM), el que le designó a su vez para representarlo en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En este organismo, sus miembros lo eligieron como presidente, para luego reelegirlo contra la ley. Se diría que se trata de un prestigioso jurista, dotado de atributos morales e intelectuales suficientes para merecer la confianza de los “auxiliares de la Justicia” y de dos órganos integrados por legisladores y ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otros.
Empero, sus repudiables actuaciones hoy conocidas desmienten dicha presunción, poniendo en tela de juicio el tino de quienes le dieron tan altos cometidos. Siendo miembro del CM y del JEM, continuó exhibiéndose en una red social con el exdiputado Juan Carlos Ozorio, estando ya este en prisión preventiva por lavado de dinero del tráfico de drogas y asociación criminal: la imagen de esos órganos y la dignidad del cargo que ejerce le importaron muy poco, lo mismo que la ley y la decencia al buscar su reelección al frente del JEM. También debió excusarse, y no lo hizo, cuando su gran amigo y exjefe de campaña Marco Aurelio González se postuló a la CSJ, dándole en una de las pruebas el máximo puntaje. Además, habría participado en “actos de corrupción significativos”, junto con su amigo Vicente Ferreira, actuario judicial, según el Departamento de Estado norteamericano, con base en documentos entregados por el ya fallecido agente fiscal Jorge López Lohman, depuesto por el JEM a moción de su presidente Bogarín Alfonso y con el voto en contra de los ministros Luis Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, tras haber imputado a Ferreira por la producción inmediata de documentos de contenido falso. Por de pronto, la máxima autoridad judicial dispuso auditar el sumario administrativo y el proceso penal abiertos al respecto. Fue jefe de Gabinete de la Vicecancillería, y estuvo un tiempo en la Embajada paraguaya en Argentina. Según publicaciones, fue denunciado por estafa y cobro indebido de honorarios, y percibió más de 200 millones de guaraníes como docente, sin trabajar.
Como si esta sarta de actuaciones al menos sospechosas no fueran suficientes, las declaraciones juradas de bienes y rentas del personaje de marras revelan que entre 2016 y 2023 sus ahorros pasaron de unos modestos 3.800.000 guaraníes a nada menos que 1.497.282.517, un extraordinario salto patrimonial que ya ha llamado la atención de la Contraloría General de la República y quizá también del Ministerio Público. Como era previsible, ya recibió el apoyo entusiasta de los funcionarios que instaló en el JEM para retribuirles el que ellos ya le dieron en 2020, cuando se lanzó a representar a los abogados, sin estar ejerciendo la profesión: era jefe de Gabinete de la Cancillería y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, de modo que no conocía de cerca los desmanejos de la administración de Justicia. Sin embargo, fue elegido por sus colegas, por motivos propios de la politiquería partidaria y ajenos al drama cotidiano de los justiciables.
Duele admitir que también ha recibido, por ejemplo, “el apoyo total y absoluto” de la Comisión Directiva de la Orden de Abogados del Noveno Departamento de Paraguarí, todo lo cual sugiere que de la pésima calidad de la judicatura también son responsables los profesionales del Derecho, muchas veces más interesados en la “amistad” de un juez que en el imperio de la ley. Con todo, el Colegio de Abogados del Paraguay cree ahora que “el decoro y la dignidad del cargo” que inviste el representante gremial “imponen su inmediato paso al costado, hasta tanto aclare y dilucide los hechos por los que es sindicado”; de lo contrario, atraería “el descrédito sobre su persona, el CM, el JEM y la administración de Justicia toda”, según agrega.
El día antes de esta declaración, el CM había aceptado su pedido de permiso al ejercicio de la representación ante el JEM, pero el “descrédito” persiste porque continúa aferrado a su condición de consejero, pese a que los siete miembros restantes del CM le solicitaron que renuncie a ella para preservar “la imagen, la credibilidad, el decoro y la confiabilidad” del órgano. Es comprensible que quien no valora dichas cualidades con relación a su propia persona, tampoco las valore desde el punto de vista institucional. Bogarín Alfonso nunca tuvo que haber integrado el CM ni, mucho menos, haber presidido el JEM. Es bueno que los consejeros le hayan pedido su dimisión, reconociendo implícitamente que cometieron un grave error al elegirlo para que los represente en el JEM.
El juicio político resulta improbable, de modo que solo resta confiar en que, entretanto, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público pongan bajo la lupa a quien aumentó su patrimonio y escaló posiciones con una rapidez asombrosa, sin que se conozcan sus méritos ni aptitudes en el campo jurídico: no los conocían sus colegas, pero votaron por él en función del carnet partidario, como si la politización de los órganos ligados a la administración de Justicia no fuera uno de los principales vicios que victimizan a los paraguayos de bien. Los “auxiliares de la Justicia”, como son llamados los abogados, no le hicieron ningún favor al Estado de derecho, siendo de esperar que la próxima vez sean mucho más cuidadosos al elegir a su portavoces en el CM: al menos uno de ellos, Bogarín Alfonso, ya dio suficientes muestras de no estar a la altura de la dignidad del cargo.