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De hecho, se trata de un verdadero problema nacional –cada vez más agudo– que deberá ser enfrentado cuanto antes con ideas claras y decisiones firmes, más aún tras el rotundo fracaso del metrobús. Es obvio que si el sistema funcionara como corresponde, los asuncenos y los pobladores de ciudades aledañas no recurrirían a sus camionetas o automóviles para trasladarse diariamente a sus lugares de trabajo, con lo que disminuirían el tránsito y el gasto privado en combustibles, así como el que exigiría el estacionamiento tarifado, si llegara a implementarse. Si no quedan muchos espacios libres para ampliar calles y avenidas, en tanto que la vía subterránea parece una alternativa utópica, solo resta mejorar notablemente el transporte público, mediante una flota de ómnibus ampliada y en buen estado, a la que debería sumarse un metrobús eléctrico, gestionado con honestidad y eficiencia. Y hay que hacerlo cuanto antes, porque el tráfico irá empeorando si todo sigue igual, hasta que se produzca el colapso.
Es indispensable que los ómnibus cumplan con las especificaciones técnicas y circulen con la frecuencia prevista en los términos de la concesión, la que tendría que aumentar en la medida en que crezca el número de usuarios. El serio inconveniente actual es que el Viceministerio de Transporte no los hace observar, de modo que los “empresarios” hacen y dejan de hacer lo que se les antoja, incluyendo supuestas maniobras fraudulentas en materia de subsidios. Desde 2013 hasta la fecha, obtuvieron la friolera de 805.797 millones de guaraníes para cubrir las diferencias entre las “tarifas técnicas” decretadas y las que abonan los pasajeros; a esa suma debe agregarse la de 56.700 millones, entregada hace diez años, para que compren 300 ómnibus en reemplazo de los obsoletos, con permiso vigente; en vez de reinvertir sus ganancias, prefirieron recurrir al Estado, privando de recursos a la salud, a la educación o a las obras públicas: se les dio un regalo, que no recibe el común de los empresarios, porque estos caraduras conforman un irresistible grupo de presión para unas autoridades habituadas a favorecerlos a costa de todo el país.
Se avanzaría bastante, en la dirección correcta, si quien resulte elegido el 30 de abril fuera fiel a su juramento de hacer cumplir las leyes, como la que cancela la licencia y el itinerario de la línea que no regularice en el pazo de 24 horas el servicio interrumpido. En otras palabras, también el contubernio entre los politicastros y el Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), fortalecido en vísperas de unas elecciones, conspira para que los buses sean una buena opción para el traslado diario.
El pésimo transporte público en la Gran Asunción requiere ser atendido con urgencia e idoneidad, para que termine el suplicio cotidiano de los usuarios, se reduzca la contaminación y el tráfico sea descongestionado. Mucho haría el Gobierno venidero si hiciera observar las normativas vigentes, pero también será preciso que conciba y aplique medidas innovadoras en defensa de los pasajeros, del ambiente y de la libertad de tránsito, para que no sean perjudicados cada vez más por un sistema corrupto y anticuado de transporte público.
Ya es hora de que algo concreto digan al respecto los candidatos presidenciales, más allá de las vagas promesas. El nuevo jefe del Poder Ejecutivo tendría que demostrar la consabida voluntad política, imprescindible para vencer los obstáculos que habrán de levantar los beneficiarios de un modelo definitivamente caduco.