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De entrada, debe reconocerse la importancia, por lo menos, de abrir un diálogo sobre un tema de vital importancia e inexplicable postergación para la viabilidad futura del Estado paraguayo, ya que se trata de una de las heridas que más sangra, y sobre las cuales se aplican recetas totalmente contrarias a la posible solución, como por ejemplo el proyecto de ley de “Actualización de haberes”, que irresponsablemente busca equiparar las asignaciones de funcionarios jubilados con las de funcionarios activos, de acuerdo a las categorías respectivas. El solo dato de que esta probable aventura costará 422 millones de dólares, solo el primer año de aplicación, ya nos da una idea de tamaña irresponsabilidad.
Llámese como quiera, pacto social, acuerdo o negociación, es necesario que el tema sea debatido primero por todos los actores involucrados para luego tomar una decisión que invariablemente requerirá de firmeza y valor de las autoridades pertinentes, si no desean cargar ellas sobre las espaldas la triste memoria de ser causantes de un Estado fallido, por falta de fondos y la consecuente crisis (o tal vez estallido) social en una población ya castigada, ahora mismo, por la pobreza, inseguridad, falta de empleo digno, precariedad de servicios públicos y altos niveles de corrupción e impunidad.
Sin embargo, debe advertirse que el intento de dialogar sobre el tema es totalmente insuficiente si no va acompañado de un itinerario serio y decidido de acciones tendientes a lograr el objetivo de frenar bruscamente el déficit de la Caja Fiscal, además de encarar al mismo tiempo una reforma global y total del sistema de pensiones y jubilaciones, tanto del sector público como del privado. El primero de ellos está en rojo y el otro, especialmente el de IPS, ya se encuentra en amarillo, con seria advertencia de caer también en déficit, de no realizar con tiempo los ajustes necesarios.
Aunque es de público conocimiento, no está de más recordar que los funcionarios públicos pertenecen a una categoría privilegiada entre las personas asalariadas del país, cualquiera sea la diferenciación que pretende hacer al respecto la Ley de la Función Pública, según la cual por ejemplo, el presidente, el vicepresidente y los parlamentarios no son funcionarios, aunque reciban del Estado salarios muy por encima del promedio, viáticos, premios, combustible, aguinaldo, seguro privado, vacaciones pagas y jubilaciones sin requisito de antigüedad.
Y son precisamente estos parlamentarios, autoasignados con ilimitados privilegios, y por consiguiente de dudoso crédito y confiabilidad, quienes toman la posta de intentar poner freno al déficit fiscal, cuya causa primordial constituye el mecanismo de convertir la política en una inmoral práctica clientelar, que se nutre de los privilegios que la clase política va cediendo gradualmente y según matemáticos cálculos electorales, a sus primeros clientes, que constituyen todas aquellas personas con sueldos, contratos o con cualquier beneficio del Estado paraguayo.
Es difícil entender –aunque se debe aplaudir si la iniciativa es sincera– con qué autoridad moral, los parlamentarios –salvo honrosas excepciones– intentarán aprobar una reforma de la Caja Fiscal, que pasa inevitablemente por frenar primero el desenfrenado contrato lujurioso de trabajo en la administración pública de personas sin más mérito que la adulonería y la papeleta y, además, sin justificación ni necesidad alguna de sus servicios en la función pública. Luego pasa por intentar aumentar los años de aporte, cuyo criterio también fue motivo de tira y afloje entre los aullidos de la calle y la imperiosa necesidad de votos, antes que basado en la viabilidad y sostenibilidad de las jubilaciones.
En toda búsqueda de negociación o pacto social hay una mesa donde se enfrentan los intereses contrapuestos y un tercer agente imparcial que casi siempre corresponde al Estado. Esta vez, en el pacto social anunciado, las dos partes (Poderes del Estado y sus asalariados) en realidad son una sola, que tendrán el mismo objetivo: sostener los privilegios, aun cuando sean desmedidos. En consecuencia, lo más probable es que el “pacto” termine en otro aumento para todos, ya que todos están prendidos de la misma teta: la del Estado.
Aunque la esperanza debe ser lo último que se pierda, poca viabilidad vemos al proyecto, de no encontrarse una forma de sentar también en esa mesa a representantes de los que pagan los impuestos, y con ellos, los sueldos y privilegios de 300.000 funcionarios activos y casi 70.000 jubilados, además de tapar, año tras año, todos los agujeros, en aumento incontrolado, de su Caja de Jubilaciones.