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El intendente de San Pedro del Ycuamandyyú, Gustavo Rodríguez (ANR, cartista), fue imputado el 9 de marzo por el delito de lesión de confianza junto con otras nueve personas, luego de que el interventor de la Municipalidad, Amancio Rivas, revelara un faltante de casi 18.000 millones de guaraníes en el periodo 2021-2022, en el informe que entregó a fines de febrero al Poder Ejecutivo y a la Cámara de Diputados. El documento termina señalando que “se determinó una absoluta falta de interés y descontrol total del sistema administrativo de la municipalidad”, lo que le habría privado de “importantes recursos financieros para la construcción de obras escolares e infraestructura en general”. La Cámara aún no ha creído necesario destituirlo; en los últimos días, el “Lord Mayor” –al parecer, menos adicto al trabajo que a las carreras de caballos, según comentarios– asistió, con protección policial, un par de veces a su despacho, como si nada hubiera ocurrido, pese a las protestas ciudadanas.
Vale apuntar que, gracias a la fractura de la oposición, fue reelecto en octubre de 2021 y que –menos mal– en diciembre de 2022 fue derrotado en las elecciones internas como precandidato a diputado. Es razonable presumir que los desmanejos del aún intendente no empezaron en 2021 y que su intento de convertirse en legislador apuntaba a lograr la inmunidad parlamentaria.
En otros términos, los sampedranos no podían haber ignorado las condiciones en que se hallaba la ciudad –relativamente pequeña– debido a irregularidades similares a las detectadas en la auditoría del segundo mandato: también entonces habrán estado a la vista obras inconclusas, entre otras lindezas. Empero, Rodríguez fue reelecto en mala hora, como también lo fueron, pese a su lamentable gestión y por citar solo a algunos intendentes, los colorados Luciano Cañete (Carapeguá), Patricia Corvalán (Quyquyhó) y Carlos Echeverría (Luque), así como la liberal Mirtha Fernández (Valenzuela): el primero fue imputado en 2021 por la producción de documentos públicos de contenido falso y la segunda en 2022 por lesión de confianza. Queda también así en evidencia la responsabilidad de los ciudadanos, al reelegir a sus intendentes pese a sus pésimos antecedentes.
En efecto, la experiencia indica que el control ciudadano es deficiente o que, en todo caso, no conduce necesariamente a un castigo electoral para los corruptos, ineptos o indolentes. Los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) son malversados localmente con toda impunidad, no solo porque la Contraloría General de la República y el Ministerio Público distan de ser eficientes, sino también porque la población no se ocupa lo bastante de velar por las inversiones en infraestructura educativa, como si ello nada tuviera que ver con el futuro de las nuevas generaciones. No se puede confiar a ciegas en que los ediles vigilen a la administración, ya que no pocas veces están confabulados con ella.
Alegra saber, al menos, que en San Pedro del Ycuamandyyú existe hoy una Contraloría Ciudadana que ha denunciado los desmanejos del intendente Rodríguez, siendo de esperar que iniciativas similares se repitan en cada municipio. También es elogiable que sus correligionarios hayan contribuido, finalmente, para frustrar su desvergonzada pretensión legislativa.
Es preciso controlar de cerca a los elegidos, en este caso a los intendentes municipales, pero antes habrá que votar bien. Los diputados colorados así lo harían si en la próxima sesión ordinaria aprobaran, también ellos, la necesaria destitución de un personaje que debería avergonzarlos, salvo que fueran de su misma calaña.
Las descomunales cifras denunciadas como supuestamente malversadas tanto en el caso del intendente sampedrano como en los de otros lugares pudieron servir para atender numerosas necesidades de las respectivas poblaciones, por lo que es difícil entender que continúen votando por sus verdugos. Por su parte, la Justicia debe contribuir para que ya no haya impunidad para los ladrones públicos.