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“Tenemos que destruir las roscas mafiosas que existen”, dijo también, e informó que se propone realizar “una revisión completa de la Fiscalía”. Resulta alentador que reconozca la existencia de tales roscas, siendo de esperar que la destrucción se realice con toda rapidez. Ante los agentes fiscales, afirmó que el crimen organizado, la trata de personas y la corrupción, entre otros males, “están entre nosotros” y mencionó el “compromiso institucional” de “sacudirnos de esos factores determinantes de la involución”, para lo cual, cabe insistir, es necesario depurar el Ministerio Público.
Se diría que son palabras propicias para infundir esperanzas después de la larga noche que significó la gestión de Sandra Quiñónez, pero la experiencia nos invita a ser cautos, recordando las promesas de la propia ex fiscala general, como de otras tantas autoridades de distintos niveles, que ya en el poder se olvida totalmente de sus palabras. Por ejemplo, la mayoría de los exministros del Interior se inauguraron en sus cargos con la frase “tolerancia cero a la delincuencia”, pero cada vez más parece que habitamos un país sin ley, con un agresivo avance de la delincuencia.
Queda por ver cómo funcionará el “contralor popular”, pero, entretanto, es plausible que vaya a rendir cuentas a la Contraloría General de la República, como es debido. Habló de “los grandes males”, entre los que mencionó la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas. Sin duda, la corrupción y el narcotráfico tienen que ser atacados con todo rigor, en el marco de la ley: están aliados en las entidades públicas, si es cierto que el crimen organizado ha penetrado en ellas, según lo han admitido tanto el jefe del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, como el vicepresidente, Hugo Velázquez, hoy a su vez catalogado como “significativamente corrupto” por el Gobierno de Estados Unidos de América. Siendo probable que también tenga aliados en el propio Ministerio Público, es bueno que el flamante fiscal general haya prometido “ordenar la casa”, requisito indispensable para que cumpla con su cometido.
El órgano que representa a la sociedad ante la Justicia tiene que gozar de credibilidad: es intolerable que haya agentes fiscales que delinquen impunemente y que la Fiscalía General del Estado responda a determinados intereses políticos o económicos, tal como ha venido ocurriendo en los últimos años. La perversa práctica del cajoneo cómplice tiene que ser erradicada, porque la ley orgánica del Ministerio Público ordena que la persecución penal de los hechos punibles de acción pública sea promovida inmediatamente después de la noticia de su comisión. La falta de transparencia de las actuaciones fiscales facilita que allí se proteja a delincuentes de alto coturno, pues ni la apertura de una pesquisa ni el estado en que se halla suelen ser conocidos por la ciudadanía, con lo que se impide el control público.
En suma, Emiliano Rolón tiene mucho trabajo por delante, siendo de esperar que la triste historia no se repita, esto es, que se toleren la corrupción y “las prácticas torcidas”. Dado que su antecesora le dejó “muchas trampas”, según admitió, tendrá que desmontarlas cuanto antes para cumplir con su deseo de concluir su mandato con “dignidad”. Si actúa con la independencia, la honestidad y el esmero que le exigen la ley y la moral, puede pasar a la historia como el hombre que rescató de la alcantarilla a la Fiscalía General del Estado.