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El Estado tiene la obligación de crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos desarrollen sus potencialidades, y de asistirlos en los momentos de apremio, tales como epidemias o contingencias naturales, como las inundaciones que afectan ahora a varias poblaciones del país. Cuando estos casos se presentan, suelen aparecer las iniciativas de “solidaridad”, ya sea impulsando una declaración de estados de emergencia, o directamente para destinar importantes sumas en favor de los damnificados. Lo cual no está mal, toda vez que las ayudas aprobadas lleguen a los destinatarios y no queden en los bolsillos de los avivados de siempre.
En una sesión extraordinaria y por amplia mayoría, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que declara en estado de emergencia, durante noventa días, los departamentos de Concepción, Amambay, Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Hayes. El objeto de la declaración es “mitigar los efectos de las inundaciones” provocadas por las lluvias, mediante una ampliación presupuestaria de 35.000 millones de guaraníes, a ser distribuidos por partes iguales entre las gobernaciones respectivas. Por lo demás, la iniciativa ordena que “los ministerios del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y demás organismos concurrentes en virtud de la ley” que la crea respondan de inmediato a las prioridades de los habitantes y productores de las zonas afectadas a través de subsidios y asistencia técnica, entre otras cosas.
Esto significa que la asistencia a los pobladores de los departamentos citados no se limitaría a la que vayan a prestar las Gobernaciones, en plena campaña electoral, en la que también participan candidatos a diputado, gobernador o concejal departamental. Considerando también la experiencia adquirida con la administración de los fondos para la reactivación económica en los departamentos Central, Guairá y Caazapá, algunos legisladores se mostraron preocupados ante la posibilidad de que el dinero sea desviado para alcanzar fines ajenos al establecido en el proyecto de ley. Incluso uno de sus autores, Emilio Pavón (PLRA), llegó a expresar su deseo de que “la gente (las autoridades) tenga más miedo” del nuevo fiscal general del Estado y no malverse los fondos. Su moderado optimismo choca con que una irresistible tentación podrá imponerse al temor eventual de quienes están habituados a imponer su interés personalísimo sobre el general, como lo han venido demostrando en la gestión de los recursos del Fonacide, pese a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
La cláusula de que las rendiciones de cuentas le sean “remitidas inmediatamente al término de la situación de emergencia” no garantiza en absoluto su confiablidad, pues a los corruptos no les cuesta nada fraguar facturas con la debida anticipación. Pero más allá del serio riesgo que implica entregar ahora 7.000 millones de guaraníes a cada una de las cinco Gobernaciones, se plantea la cuestión de que es la SEN el órgano encargado de “prevenir y contrarrestar los efectos de las emergencias y los desastres originados por los agentes de la naturaleza”. La ley que la creó en 2005 dispone que las Gobernaciones tengan hoy un fondo presupuestario del 5%, a ser empleado en coordinación con la SEN, para prevenir y atender esas contingencias: ¿lo tienen las de los cinco departamentos referidos? Probablemente no, así que, no habiendo nada que coordinar, lo que va a ocurrir es que los efectos de las inundaciones sean mitigados por el órgano nacional competente.
La iniciativa que nos ocupa no se ajusta a la ley de creación de la SEN ni al buen sentido, aparte de prestarse a un intenso desvío de fondos, más aún en época electoral, como la actual. Lo que ocurrió durante la pandemia demuestra que no se desaprovecha ninguna ocasión para intentar echar mano al dinero público, esta vez a nivel departamental.
Si bien los Gobiernos departamentales ya deberían contar con los fondos para encarar esta clase de contingencias, no estaría demás que el Gobierno Central destine montos especiales para ayudar a los compatriotas caídos en desgracia, toda vez que tales recursos no queden una vez más en los bolsillos de los sinvergüenzas. Los afectados y los habitantes en general deben informarse y reclamar con firmeza cuándo y dónde corresponda para que ello no ocurra.