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Hoy es un día muy importante para el país y no precisamente porque el Dr. Emiliano Rolón asume el cargo de fiscal general del Estado, tras haber hecho grandes promesas que solo pueden generar un cauto optimismo, dado el habitual incumplimiento de las formuladas en casos similares: la relevancia de esta fecha radica en que se pone fin a la nefasta gestión de Sandra Quiñónez, que acentuó el desprestigio del Ministerio Público, hasta convertirlo en una de las peores instituciones de un aparato estatal marcado por la corrupción, la ineficiencia y el prebendarismo.
Gracias, sobre todo, al bloque de diputados fieles al expresidente Horacio Cartes –quien la instaló en el cargo– sorteó hasta cuatro intentos de juicio político por su deplorable gestión. Es significativo, por ello, que aún se ignoren avances en las causas que afectan al exjefe de Estado, desde la denuncia por no haber incluido en su declaración jurada de bienes y rentas una firma de portafolio asentada en Panamá hasta la acusación posterior del Gobierno estadounidense de que habría obstruido una importante investigación sobre el crimen organizado y se habría involucrado con grupos terroristas, pasando por la denuncia de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa, presentada ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y trasladada por esta al Ministerio Público.
Si a todo ello se suma que el órgano dirigido por Sandra Quiñónez nunca allanó Tabacalera del Este SA, pese al pedido de la Unidad Interinstitucional de Combate al Contrabando, tras la incautación en Saltos del Guairá de un gran lote de cigarrillos, fabricados en su mayoría por dicha empresa, resulta que la fiscala general fue una leal servidora del expresidente. Lo fue también con respecto a hechos ocurridos durante su Gobierno, con la intervención de agentes estatales; sirvan como ejemplos el atropello policial a la sede del PLRA, que llevó a la muerte al joven Rodrigo Quintana, y el tremendo fiasco del metrobús. En el primer caso, nunca se investigó quién impartió la orden, en tanto que en el segundo se tardó casi cinco años en investigar la denuncia presentada en mayo de 2018 por lesión de confianza contra el exministro Ramón Jiménez Gaona, entre otros. Esta falta de acción hasta puso en riesgo de que en breve prescriba la acción penal, hasta que recién el mes pasado se recibió la declaración indagatoria de los denunciados, lo que interrumpió el plazo para que se opere la prescripción.
El Ministerio Público nada hizo luego de que, en 2019, el Senado le informara sobre quienes habrían facilitado las actividades delictivas del “hermano del alma” Darío Messer, entre el expresidente, ni cuando el año pasado una Comisión Bicameral de Investigación le acercó un informe sobre el lavado de dinero y delitos conexos. Entre 2016 y 2022, la Seprelad remitió al Ministerio Público –inútilmente– más de treinta informes sobre operaciones sospechosas de Horacio Cartes, de Darío Messer, hoy condenado en el Brasil, y del diputado Erico Galeano (ANR), entre otros.
Son muy numerosos los casos que revelan la inacción culposa del Ministerio Público, incluso cuando los hechos punibles son revelados por un tribunal de sentencia, como el que en 2021 condenó a Ramón González Daher por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa: la presidente del mismo, Claudia Criscioni dijo que unos treinta jueces y fiscales habían estado al servicio del usurero, pero solo tres agentes fiscales tienen ahora un proceso pendiente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados: el Ministerio Público no hizo absolutamente nada. Además, hace unos días se supo que dicho órgano sigue “cajoneando” 102 denuncias y reportes de la Contraloría General de la República (CGR) sobre hechos punibles que se habrían cometido entre 2019 y 2022 en 40 entidades públicas, causando un daño patrimonial de 560.592 millones de guaraníes. Por su parte, el presidente del Congreso, Óscar Salomón (ANR), y la senadora Desirée Masi (PDP) entregaron al Dr. Emiliano Rolón documentos en torno a varias cuestiones que tienen que ver, entre otras serias irregularidades, con la negligencia administrativo-presupuestaria del Ministerio Público, que se niega a ser fiscalizada por la CGR; con los pocos casos de lavado de dinero llevados a juicio oral; con presunta cobertura a narcotraficantes y con la impunidad de la corrupción tanto en Intendencias como en Gobernaciones.
En general, Sandra Quiñónez se destacó por su extrema pasividad –probablemente intencionada– frente a los poderes político y económico, favoreciendo así la impunidad, pese que la ley orgánica del Ministerio Público le ordena perseguir de inmediato los hechos punibles de acción pública de los que se entere y procurar que no queden impunes: los numerosos hechos bien notorios que no generan reacción alguna de los agentes fiscales nos muestran una inoperancia atribuible no tanto a la indolencia, como al temor o a presunta corrupción.
El deplorable desempeño de la saliente fiscala general del Estado exige que el sucesor disponga que sea investigada para determinar si cometió o no algún delito en el ejercicio del cargo, como el de frustración de la persecución penal. Si su antecesor Javier Díaz Verón –declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno estadounidense– está siendo procesado desde hace cuatro años por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, quiere decir que la sociedad paraguaya no está teniendo suerte con la designación del jerarca del órgano que la representa ante la Justicia. Pero, por lo menos, termina una pesadilla. Es muy deseable que le vaya mejor con el Dr. Emiliano Rolón.