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El coronavirus irrumpió en el país en marzo de 2020. Ese mismo mes, el senador Blas Llano (PLRA) –presidente del Congreso y de la Cámara Alta– autorizó al Senado y a sus comisiones asesoras, así como al Congreso, a sesionar “excepcionalmente” mediante el sistema de videoconferencias, en los casos de emergencia y fuerza mayor, y en abril, el reglamento respectivo entró a regir para el Senado. El sistema telemático, que permitía a los legisladores debatir y sancionar leyes desde la comodidad de sus respectivos hogares, les satisfizo tanto que siguieron sesionando virtualmente, aunque el estado de emergencia sanitaria ya había concluido: los diputados lo hicieron así hasta noviembre del año pasado, pero los senadores prefirieron mantenerse en la “nube” digital, sin perjuicio de que a veces se reunían para verse las caras presencialmente, o seguramente porque se extrañaban unos a otros.
Y bien, tras el receso parlamentario, que se extiende desde el 21 de diciembre hasta el 1 de marzo, la mesa directiva del Senado y los líderes de bancada resolvieron continuar con el “teletrabajo”, a propuesta de la senadora Desirée Masi (PDP) y pese a que el presidente de ese cuerpo –Óscar Salomón (ANR, Fuerza Republicana)– había anunciado, al iniciarse las “vacaciones”, que desde este mes las sesiones solo serían presenciales. En la ocasión, confesó con desparpajo que ya tendría que haber sido así, solo que existía “el problema de las internas (...) mucha gente estaba haciendo su campaña en el interior y trabajaban desde allí”. Es decir, hacían sus campañas políticas a costa de los contribuyentes, sin siquiera cumplir con el deber de asistir al lugar del holgado trabajo que representa la legislatura en nuestro país.
Ahora se plantea el “problema” de los comicios generales del próximo 30 de abril, ya que 28 de los 45 senadores buscan ser reelectos y, por ende, “están en campaña política”, según admitió la senadora Hermelinda Alvarenga (PLRA), agregando que “si lo hacemos de forma presencial corremos el riesgo de que no tengamos quorum”. No tuvo empacho en reconocer que anteponen sus intereses personales por sobre los de la ciudadanía, a la que supuestamente representan y se deben. Su colega Masi dijo que eso ya ocurrió –la ausencia generalizada– en la Cámara de Diputados, para luego incurrir en el disparate de que los periodistas preferirían que los senadores acudan al Palacio Legislativo para facilitarles el trabajo. No caben dudas: al igual que el inefable exdiputado Carlos Portillo (PLRA), se creen que no son “gente común”.
La cuestión es que los contribuyentes les pagan más de 32 millones de guaraníes mensuales, aparte de financiarles un seguro médico privado de primer nivel, para que se tomen la molestia de ocupar sus respectivas bancas una vez por semana y asistir con igual frecuencia a las reuniones de la comisión asesora que integran. A todas luces, no se trata de una faena agotadora, como para que crean necesario conservar sus fuerzas sesionando virtualmente y dedicando sus esfuerzos a sus actividades políticas. Si los congresistas no creen indispensable visitar la sede de sus funciones, esta bien podría cerrar sus puertas, lo que supondría un notable ahorro en los gastos de mantenimiento de las instalaciones, de luz y agua y de la alimentación que reciben esos bien atendidos ciudadanos.
El argumento económico llegó a ser esgrimido por los senadores Gilberto Apuril (PPH), Patrick Kemper (PPH), Enrique Riera (ANR), Sergio Godoy (ANR), Georgia Arrúa (PN) y Fernando Silva (PLRA), al presentar un proyecto de resolución en octubre de 2020, apuntando que el orden del día digital supondría, en diez meses, un ahorro en insumos de entre ¡100 y 150 millones de guaraníes! Con esas sumas bien se podrían arreglar varias escuelas que se están cayendo y que dificultan el inicio de clases de los alumnos. Es decir, el dinero sería mejor invertido.
Los diputados y senadores ausentes, sin motivo justificado, tienen que ser sancionados con una multa, tal como lo disponen los respectivos reglamentos internos: las sesiones virtuales solo son admisibles en circunstancias extraordinarias, entre las que no se cuentan las campañas electorales. Los ciudadanos tan mal representados, que deben concurrir a sus lugares de trabajo como el común de los mortales, deben prestar mucha atención en las urnas, para que no sean engañados –una vez más– por quienes pretenden seguir medrando a costa de ellos, sin tan siquiera ir a calentar sus respectivos sillones y limitarse a votar, sin abrir la boca. Los senadores “telemáticos”, que priorizan una campaña electoral, no merecen el voto de la gente, precisamente por eso: son unos desvergonzados comodones, que no tienen tiempo ni ganas para trasladarse allí donde deben estar, cumpliendo con su deber cívico.