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Nadie ignora que el transporte público de pasajeros de la Gran Asunción es una verdadera calamidad. Los usuarios deben realizar largas esperas para abordar un ómnibus vetusto y atestado, porque los “empresarios” del sector incumplen abiertamente las normas de la concesión del servicio, llegando al extremo de incurrir periódicamente en las odiosas “reguladas”. El control brilla por su ausencia y los infractores agremiados hacen de las suyas, sin que las víctimas tengan la opción real de recurrir a otras prestaciones, pues están en manos de unos desalmados, que no compiten entre sí y que en los últimos diez años han recibido de los contribuyentes de todo el país nada menos que 805.797 millones de guaraníes en concepto de subsidio por el costo del pasaje, suma que no incluye el escandaloso regalo de unos 56.700 millones de guaraníes hecho en 2013 para la compra de 300 ómnibus que reemplacen a otros tantos vehículos “chatarra”, con permiso vigente. Los transportistas beneficiados prefirieron echar mano al Estado antes que reinvertir sus ganancias y, como siempre, se les dio el gusto a costa de la población.
Todo esto implica que le está costando mucho al país solventar un pésimo servicio y, en particular, cubrir las diferencias entre las “tarifas técnicas” establecidas por decreto y las efectivamente abonadas por los pasajeros: para noviembre último, las primeras habían sido fijadas en 4.401 guaraníes para los ómnibus comunes y en 5.546 para los equipados con aire acondicionado, de modo que cada pasaje resulta hoy subsidiado con 2.101 y 2.246 guaraníes, respectivamente. El monto de la tarifa presupone que los “empresarios” del transporte empleen ómnibus que cumplan con las especificaciones del servicio, como la de que sea prestado en condiciones de seguridad y con determinada frecuencia, pero resulta que son violadas impunemente por la falta de control del Viceministerio de Transporte, hoy a cargo del Ing. Víctor Sánchez. En otros términos, no basta con tener en cuenta el precio del combustible y la cantidad de usuarios en las “horas pico”, sino también las condiciones en que los pasajeros viajan: tal como están las cosas, pagan demasiado por el suplicio que implica tener que subir a un ómnibus.
Es indispensable que se controle de cerca el cumplimiento de los términos de la concesión del servicio y que las infracciones sean sancionadas, incluso rescindiendo el contrato en los casos graves. Las reiteradas quejas de los usuarios revelan, como señalamos, que la vigilancia es poco menos que nula. En octubre de 2021 y ante la inacción del Viceministerio de Transporte, la Secretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de Juan Marcelo Estigarribia, aplicó una multa de 44 millones de guaraníes a cada una de las 17 empresas que habían reducido la frecuencia de sus servicios. La medida no tuvo ningún efecto disuasivo, como si los nucleados en el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) fueran del todo incorregibles, quizá por estar muy ligados a los politicastros que se valen de sus prestaciones en el marco de las periódicas elecciones. Convendría que también intervenga la Defensoría del Pueblo, si no está muy recargada de trabajo: una de sus funciones es la “canalización de los reclamos populares”, entre los que desde hace años figuran los relativos al transporte público de pasajeros de la Gran Asunción. Es evidente que a las instituciones del Estado respectivas no les conmueve la gran cantidad de personas, con rostros preocupados, que con tanta frecuencia se ven en las paradas, esperando largamente a los ómnibus que nunca llegan.
Claro que la responsabilidad mayor recae sobre el Viceministerio de Transporte, encargado de planificar, programar, coordinar, reglamentar y fiscalizar todo lo referente a dicho servicio. En verdad, su fiscalización del prestado en la capital del país y en sus alrededores deja mucho que desear, tanto que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se ha visto obligada a investigar de oficio la falta de ejecución del contrato, valuado en 3,9 millones de dólares, que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones firmó en 2019 con el Consorcio Electronic Ticket Control para el monitoreo del sistema nacional de billetaje electrónico: la DNCP tratará de averiguar por qué no funciona hasta hoy, pues el Ministerio aún no se ha tomado la molestia de explicar los motivos del fiasco de un sistema que permitiría tener datos ciertos sobre la cantidad diaria de pasajeros y su distribución por horas, lo que también permitiría calcular con mayor precisión el monto del subsidio requerido por el Cetrapam, a costa de los contribuyentes de todo el Paraguay, sin contar con vehículos confortables que circulen con la regularidad acordada. ¿Será que para este fracaso también intervino el largo brazo del gremio de los transportistas?
Ante tanta deshonestidad y caradurez, solo cabe preguntar hasta cuándo va a durar el calvario de los usuarios del transporte, más aún ahora que probablemente mucha más gente va a recurrir a ese servicio ante el inminente cobro del establecimiento tarifado, que obligará a miles de automovilistas a dejar sus vehículos en sus casas. Y peor aún, en época de elecciones, ninguna autoridad se atreverá a ponerles el cascabel a los transportistas.