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Acaban de conocerse los resultados de la auditoría especial que la Contraloría General de la República (CGR) realizó en 2016 para saber qué hizo la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) con el dinero que recaudó el año anterior, bajo la presidencia del intendente de Villa Hayes, Ricardo Núñez (ANR, cartista). Se tomó bastante tiempo, pues, para constatar que esta entidad del Derecho Privado, hoy dirigida por el intendente de Guarambaré Óscar Cabrera (ANR, cartista), no había transferido a las municipalidades la friolera de 18.172 millones de guaraníes, provenientes de los tributos por la venta de inmuebles y operaciones de crédito hipotecario, con los que se queda en virtud de un acuerdo con el Colegio de Escribanos del Paraguay. Actúa así como un agente de retención, que cobra una comisión por actuar de intermediario, según una práctica de larga data que hoy ya no tiene sentido, porque las municipalidades ya cuentan con dependencias recaudadoras. Pero lo decisivo es que, por lo demás, la Constitución dice que “corresponderá a las municipalidades y a los departamentos la totalidad de los tributos que graven la propiedad inmueble en forma directa”, y que “su recaudación será competencia de las municipalidades”. Como se ve, queda excluida así la intervención del adefesio jurídico de marras.
Tras la develación de la CGR, ahora resta averiguar el destino que tuvieron los multimillonarios fondos que la Opaci habría ingresado entre 2010 y 2014, así como el de los percibidos entre 2016 y 2022: es muy probable que el total de los montos extraviados en los recovecos administrativos sea descomunal. Por de pronto, el Ministerio Público hará bien en investigar adónde fue a parar el monto no transferido en 2015 por el hermano del diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), también expresidente de esa organización no gubernamental (ONG) que, durante más de una década, mucho habría favorecido el bienestar del clan que lidera este último. Esta ONG, creada en 1954, en el comienzo mismo de la dictadura de Stroessner, e ignorada por la Ley Orgánica Municipal (LOM) vigente, ha venido operando como una copiosa fuente de ingresos para sus autoridades, gracias a la administración presuntamente ilícita del dinero de los contribuyentes. En efecto, usurpando funciones municipales, sin necesidad alguna de su intervención, se apropia no solo de los impuestos antes referidos, pues también cobra una comisión por actuar de intermediaria, y diez mil guaraníes por la expedición, validación, anulación y renovación de licencias de conducir, todo ello sin ningún respaldo legal.
La ley solo establece que el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial debe coordinar con las municipalidades, a través de la Opaci, la expedición de licencias, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas. ¿Por qué los interesados deben asumir el supuesto costo de la coordinación y, sobre todo, por qué una simple ONG ejerce una función estatal, sin tan siquiera obtener una concesión, previa licitación pública? Es lamentable que no se ponga fin a esta organización pseudopolítica, innecesaria y corrupta, que encarece la tramitación y expedición de documentos oficiales. Lamentablemente, una iniciativa presentada en tal sentido en el Congreso en 2017 no prosperó y la entidad continuó con su actividad recaudatoria a manos llenas.
Por cierto, como la membresía en la Opaci es voluntaria, ni siquiera está integrada por la totalidad, sino solo por el 68% de las 263 municipalidades, lo que implica que no son pocas las que nada tienen que ver con la coordinación referida, pero que deben tolerar que esta voraz asociación civil sin fines de lucro (pero que recauda una barbaridad) cobre por la expedición de las licencias de “sus” conductores.
Este engendro prohijado bajo la dictadura debe desaparecer de la Ley N° 5016/14, así como desapareció de la LOM, sin pena ni gloria. Sus desmanejos deben ser investigados cuanto antes para evitar que también se opere la prescripción de los casos especialmente graves de lesión de confianza, que se hayan registrado en los últimos diez años. Hasta hoy, ninguna autoridad de la Opaci tuvo que asumir responsabilidades penales y civiles por el dinero sustraído a lo largo de los años y ninguna municipalidad exigió explicaciones con respecto a los fondos no transferidos en 2015, año en que la ONG administró más de 41.900 millones de guaraníes, recaudados en virtud de no menos de dieciocho conceptos. Aquí hay mucho dinero de los contribuyentes en juego. Llama la atención el silencio cómplice de intendentes y concejales, como si la malversación de fondos genuinamente municipales no fuera de su incumbencia. Al no tener noticias del destino de los multimillonarios fondos mencionados, dicha actitud cómplice mueve a pensar que todos están “picando” algo en este entuerto. O tal vez se callen confiando en integrar alguna vez la Junta Directiva de la Opaci, para proseguir el saqueo. En síntesis, es preciso poner coto de una vez por todas a sus actividades aberrantes, que solo sirven para el enriquecimiento ilícito.