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Los tremendos escándalos que se han sucedido en los últimos días en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el Consejo de la Magistratura (CM) y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) reflejan el deplorable estado de la administración de Justicia, como resultado de la pésima calidad moral e intelectual de gran parte de sus integrantes. Concierne a nada menos que tres órganos constitucionales encargados, respectivamente, de dirigir el Poder Judicial, de elaborar las ternas para designar a sus miembros y a los del Ministerio Público, y de juzgar tanto a los jueces como a los agentes fiscales, entre otros. Que la ilicitud y la inmoralidad se reflejen en tan altos cuerpos colegiados implica que la libertad y los bienes de las personas estén en última instancia en manos de una máxima autoridad judicial en la que se amenaza a un ministro por rehusarse a ocupar cierto cargo, que quienes deben juzgar o acusar a las personas sean preseleccionados en forma fraudulenta y que estos sean procesados por quienes reeligen a su presidente violando la ley. Si entre ellos tratan de manipularse o perjudicarse, cabe preguntar en manos de quien está “el común de los mortales” en nuestro país.
Cuando salen a la luz fechorías como estas resulta inevitable suponer que muchas similares se habrán venido cometiendo sin que los justiciables se hayan enterado. Lo peculiar de estas iniquidades sería solo que estallaron en el breve lapso de dos semanas, como si el hado hubiera querido reunirlas para recordar al país la podredumbre reinante. El caso de la CSJ –se quiere forzar al ministro Eugenio Jiménez Rolón a ocupar la vicepresidencia 2ª– es uno de los más repugnantes de las últimas décadas, según surge del testimonio del afectado: “Acá hay amenazas y todo (...) Después de la amenaza reciente, me siento en un patíbulo”. Su par Carolina Llanes sostuvo que los ministros se comprometieron a (¿ejercer?) “todas las atribuciones constitucionales y legales” y que cada uno de ellos debe asumir “las consecuencias inherentes a no cumplir con un juramento.” No estamos hablando de la mafia: esto ocurrió en la CSJ. ¡Amenazas en la máxima institución judicial, en el propio entorno de sus miembros, es de suponer!
Ni la Constitución, ni el Código de Organización Judicial, ni la ley orgánica de la CSJ ni su reglamento interno autorizan a los ministros a imponer cierta función a uno de ellos: la vicepresidencia 2ª no es una carga pública, esto es, un servicio que debe prestarse gratuitamente al Estado, porque así lo manda una normativa. La referida advertencia implícita aludiría a un juicio político, como si este dependiera de la voluntad de la mayoría de los miembros que insiste en vulnerar la de un colega. La ministra Llanes alegó que en democracia rige la decisión mayoritaria, olvidando agregar que, en un Estado de derecho, también ella debe ajustarse a la legislación vigente: la mayoría no puede hacer lo que se le antoje por el solo hecho de serlo.
Por lo demás, la presunta motivación del atropello resulta perversa, ya que consistiría en impedir que el ministro Jiménez Rolón sea el próximo presidente de la CSJ, como si para ello no bastaran los votos contrarios de la actual mayoría.
En el otro asunto, la reelección unánime del Abg. Jorge Bogarín Alfonso al frente del JEM, resuelta incluso por los ministros de la CSJ César Diesel y Manuel Ramírez Candia, fue felizmente revertida, gracias a oportunas denuncias que evidenciaron una clara ignorancia de la ley. Se vio así cuán necesario es que la ciudadanía controle a quienes deben enjuiciar a magistrados, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebras. Es de lamentar que hayan incurrido en la misma ilicitud los representantes del CM ante el JEM, es decir, el citado abogado Bogarín Alfonso y su actual presidente, Óscar Paciello, que tuvo a bien promover la rectificación de rigor.
Este último ha denunciado nada menos que una suerte de conspiración montada para “desacreditar” el CM a raíz de las “transformaciones importantes” que allí se realizarían, mediante el sospechoso extravío de una hoja de uno de los 40 cuadernillos de preguntas distribuidos entre los participantes del examen de conocimientos para conformar la terna de candidatos a suplir a Antonio Fretes, otro desacreditado ministro de la suprema instancia judicial. Por de pronto, el examen fue anulado y se anunció la apertura de un sumario. Si en este bochornoso asunto no se cometió un delito que exigiría la intervención del Ministerio Público, hubo al menos una grave negligencia que no debe quedar impune en el ámbito administrativo.
Los tres órganos referidos, de quienes tanto depende la correcta administración de Justicia, están sumidos en la indecencia, en la ilicitud o en la chapucería; no cumplen con sus respectivos fines, hasta el extremo de que ellos mismos quebrantan la ley y la moral, incluso en su funcionamiento interno. Resulta así más que nunca evidente la necesidad de ir depurando el Poder Judicial, el Ministerio Público, el CM y el JEM.