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El secuestro el ciudadano sudafricano Daniel Christiaan Bruewer Coetzee ocurrido en la zona de Independencia, Guairá, tuvo el peor final, con el hallazgo del cuerpo sin vida del mismo. Este tipo de crimen –independientemente de los que suelen ocurrir con fines político-ideológicos– no se ha venido produciendo desde hace décadas en nuestro país, por lo que puede pensarse que el espectro delictivo se está expandiendo de manera alarmante ante la inacción, incapacidad o complicidad de las autoridades policiales y judiciales.
La inseguridad en aumento ya no es solo atribuible a la proliferación de motoasaltantes, a los atracos a locales comerciales o a los homicidios al influjo del alcohol o de la droga. La inserción del crimen organizado, incluso en las entidades públicas, trajo consigo el asesinato cometido por sus asalariados. De hecho, la palabra “sicariato”, bien conocida en algunos países con alta criminalidad, ya se ha instalado en el vocabulario nacional. En los últimos días, la capital del Amambay fue escenario de un intento de homicidio y de otro consumado, cuyas respectivas víctimas fueron el abogado Gerardo Bóveda y el periodista radial Alexander Álvarez.
Desde luego, la inseguridad se extiende a todo el país, afectando incluso a localidades relativamente pequeñas, como San Pedro del Paraná, donde hace poco se perpetraron dos asesinatos en un corto tiempo. Para peor, no es raro que hechos delictivos sean protagonizados por agentes policiales, como el que en enero le costó la vida a un sargento de la Fuerza Aérea tras ser asaltado por uno de ellos, tal como ya había hecho con al menos seis conductores de un servicio de movilidad. El vocablo “polibandi” es de uso común desde hace muchos años, de modo que ya no sorprende que miembros de la Policía Nacional sean delincuentes habituales, llegando incluso a operar como sicarios de la mafia, según se cree. Pero lo más común es que estén confabulados con ladrones de poca monta, que entran y salen de las prisiones, donde se capacitan bajo la tutela de los “capos” que, por lo demás, encargan fechorías diversas hasta por teléfono móvil. Para que estos delincuentes sigan haciendo de las suyas también contribuyen enormemente fiscales y jueces timoratos o venales, que liberan con facilidad a los delincuentes a pesar de sus antecedentes. Allí está el caso ocurrido esta misma semana, de Hugo Socal, conocido como el “rey de los tortoleros”, con órdenes de captura pendientes, detenido con un auto que tenía una chapa que no le correspondía, y que incluso huyó de la policía durante el procedimiento aunque vuelto a capturar, pero rápidamente liberado por la fiscala Angélica Acosta.
Otra práctica que se está repitiendo en los últimos días son los asaltos a camiones de encomiendas. Una entidad que agrupa a conductores de tales vehículos ha reclamado mayor acción de las autoridades ante el aumento de esta modalidad delictiva.
También la drogadicción en auge, de la que no escapan los propios agentes policiales, contribuye al alarmante incremento de la inseguridad reinante y a los actos de violencia, cada vez más frecuentes, protagonizados por jóvenes en centros nocturnos. Las estrategias y las tácticas concebidas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional (PN) no están dando resultados.
La criminalidad gana terreno y afecta no solo a quienes, en algún caso concreto, hayan sido sus víctimas directas o vayan a serlo. Como el citado sudafricano Daniel Bruewer, quien, según los informes, oficiaba de una suerte de corresponsal, informando a la prensa de su país sobre el nuestro. Así, probablemente ya se habrá ocupado de la delincuencia que le forzó a desprenderse anteriormente de su establecimiento ganadero. Es de suponer, por tanto, que su secuestro y trágica muerte tendrán repercusiones en Sudáfrica e incluso en otros países. Tenemos así que, a más de la inseguridad que mantiene en zozobra a la capital y el interior, también afectará la imagen del país, lo que suele repercutir en la atracción de inversiones internacionales y el turismo.
En un Estado de derecho, el orden público no es incompatible con la libertad; la seguridad interna no es sinónimo de dictadura. Y, como siempre, urge depurar la PN, para que sus miembros estén sujetos a los mandatos de la ley, de modo que no se les ocurra colaborar con el hampa. Y que los fiscales y jueces apliquen las normas legales en beneficio de los ciudadanos y no de los delincuentes. Para eso están.