Cargando...
La Contraloría General de la República tuvo que recurrir a la vía judicial para conseguir que el Instituto de Previsión Social (IPS) le provea de los documentos relacionados con su monumental deuda contraída con las empresas farmacéuticas, luego de la demora de la entidad en facilitárselos, lo que ya despierta de entrada suspicacias sobre la transparencia de las operaciones del ente previsional. Si bien la deuda es un asunto preocupante, existen otros factores que, en conjunto, generan una profunda inquietud sobre su futuro, como la pobre supervisión, las debilidades estructurales, la amplia permeabilidad a la corrupción, los altos déficits presentes y proyectados y la propia viabilidad no solo del mayor sistema previsional del país, sino de todo el esquema nacional de seguridad social.
La Constitución encarga a la Contraloría la facultad de fiscalizar la actividad económico-financiera de las entidades públicas, y por tanto la del IPS, pero en este último caso debería existir para el efecto un órgano de supervisión específico de alto rango que controle las cuentas, procedimientos y fortaleza actuarial no solo de este, sino de todos los sistemas de ahorro a largo plazo con dinero de los ciudadanos, con mayor razón si son de contribución obligatoria de los trabajadores, para asegurar que se encuadren dentro de normas internacionalmente aceptadas en un área tan compleja, así como para detectar tempranamente (no a posteriori) los posibles desvíos, irregularidades o cualquier hecho que pueda comprometer su solvencia. Si no existe ese órgano es por la férrea oposición corporativa de administradores, políticos, sindicatos y gremios empresariales que no tienen la representatividad que presumen, pero que se autodenominan dueños de los fondos y el patrimonio de cientos de miles de aportantes.
Y así nos va. Más allá de lo que pueda o no descubrir la Contraloría, el hecho evidente que nadie quiere admitir es que el Fondo de Salud del IPS está en bancarrota, en virtual cesación de pagos, por la sencilla razón de que sus ingresos no son suficientes para cubrir la irreal gama de servicios y beneficios que pretende prestar. La última ley aprobada, que le permite obtener préstamos para “bicicletear” sus vencimientos, solo servirá para prolongar la agonía y probablemente empeorar el desenlace. La situación se agravó por presiones extraordinarias y de dudosa legalidad a la que fue sometido durante la pandemia, pero la cuestión de fondo, además de la corruptela y de su de por sí incierta factibilidad, es que los sucesivos gobiernos y administradores, incluyendo los “representantes” en el Consejo, no cumplen ni hacen cumplir la ley.
El IPS recauda en todo concepto alrededor de 90 millones de dólares mensuales, de los cuales el 39% va al Fondo de Salud, más propiamente al Programa de Enfermedad y Maternidad, el 54% al Fondo de Jubilaciones y Pensiones y el 7% (que es muchísimo) a gastos administrativos. Estos fondos son independientes y no se pueden mezclar, vale decir que no se puede usar dinero de jubilaciones para solventar necesidades de salud, por perentorias que sean.
Si se cumpliera la ley, debería recaudar muchísimo más. La evasión directa es del 90% si se considera que apenas 65.000 empresas están inscriptas, de las 700.000 que se estima existen en el país, según el MIC. Pero, además, existe una formidable evasión indirecta, por la vía de la subdeclaración, que en ciertos sentidos es incluso peor, porque son aportantes que contribuyen por debajo de lo que legalmente corresponde, pero que de igual manera acceden a todos los servicios.
Más del 80% de los asegurados cotiza por el sueldo mínimo, cuando la realidad es que un alto porcentaje gana más, pero ellos y sus empleadores solo aportan por el básico. Para colmo de males, la jubilación se calcula sobre el promedio de los tres últimos años, por lo que es práctica común que se haga figurar el mínimo por la mayor parte de la vida laboral y se haga un blanqueo en el trienio final.
En lo que respecta al Fondo de Enfermedad y Maternidad, esto significa que más del 80% de los 700.000 asegurados del IPS paga 229.000 guaraníes, unos 30 dólares mensuales, ya con el aporte patronal, para un programa de salud universal inexistente en cualquier otro seguro médico, con acceso a un abanico amplísimo de especialidades, desde consultas hasta casos e intervenciones de alta complejidad, internaciones y terapia intensiva sin límite de tiempo, con medicamentos incluidos, para ellos y sus familiares directos, más todos los que entran por la ventana.
No está de más que la Contraloría, aunque ya con los hechos consumados, verifique la pertinencia de las deudas. Pero esa es tan solo la punta del iceberg. Si no se empieza por reducir drásticamente la evasión y por exigir de manera efectiva que patrones y empleados aporten lo que manda la ley, si no se establece un sistema de supervisión moderno y eficaz como el que existe en casi todos los países, y si no se llevan adelante reformas para adecuar la estructura financiera a la realidad, no solo el Fondo de Salud, sino todo el IPS se irá irremediablemente a la quiebra en menos de lo que se piensa, con tremendas consecuencias para los asegurados y para el país.