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El actual presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Pablo Santacruz, anda “muy preocupado”, tanto que está en busca de una nueva sede para este órgano inútil. Resulta que el vecindario de su actual local sobre la avenida Artigas ya no soporta la creciente inseguridad causada por indígenas que montan campamentos casi permanentes en las inmediaciones, sobre la misma arteria, como si para ellos no rigieran las ordenanzas municipales ni la ley que reglamenta la norma constitucional sobre la libertad de reunión y de manifestación. Es indignante que la inoperancia de la Municipalidad y de la Policía Nacional afecte no solo el libre tránsito, sino también la seguridad de las personas y de sus bienes, obligando a una entidad pública a mudarse a instancias de las víctimas, porque su mera presencia atrae el delito. Desde luego, es presumible que los vecinos de las nuevas oficinas a las que se mude el Indi reclamen lo mismo al poco tiempo, pues lo que se habrá hecho es simplemente trasladar el problema a otro barrio.
Por lo demás, más allá del Indi, de la Municipalidad y de la Policía Nacional, es inconcebible que las inhumanas condiciones en que malviven en la calle ese numeroso grupo de nativos no haya despertado la preocupación de todo el Gobierno, de los organismos de derechos humanos, de las iglesias, como si ya las pequeñas y precarias carpas, la suciedad reinante, los niños harapientos ya deben formar parte del paisaje asunceno. El mismo lacerante espectáculo suele verse también en otros lugares de la Gran Asunción.
La presencia del Indi en las cercanías de cualquier vecindario no debe ser tan indeseable como la de un burdel, pero está en vías de serlo debido a que, como señalamos, las autoridades competentes se cruzan de brazos, tal como lo hacen no solo en cuanto a la ocupación de espacios públicos. En el Área Metropolitana saltan a la vista la drogadicción, la mendicidad y la prostitución de indígenas, incluso de niños y adolescentes, sin que ni el Indi, ni el Ministerio de la Juventud ni el de la Niñez y la Adolescencia ni la Secretaría Nacional Antidrogas enfrenten el drama con la seriedad debida. Tampoco lo hace el Ministerio Público, pese a que los menores son explotados y expuestos al peligro por sus propios padres o los desalmados “caciques”.
En octubre del año pasado, los pobladores de un barrio de Mariano Roque Alonso revelaron a la prensa que temían ser agredidos o asaltados por jóvenes aborígenes que consumían crack sin disimulo y que sus reiteradas denuncias ante la Policía Nacional o el Ministerio Público eran infructuosas. No es novedoso, entonces, que los vecinos protesten ante la inacción culposa de las autoridades. Para decirlo una vez más, también la población indígena debe someterse a la ley, dado que la miseria no autoriza a violarla: puede aplicar sus normas consuetudinarias para regular la convivencia interior, pero siempre que ellas no atenten contra los derechos constitucionales básicos.
Es doloroso observar en las calles el deterioro moral de tantos nativos, abandonados a su suerte. En su enorme mayoría, los 122.000 aborígenes vegetan en la pobreza o en la extrema pobreza, sin tener un acceso regular a la salud y a la educación públicas. El futuro que les espera será tan negro como el presente si el Indi, en vez de mudarse de local, promueve “el mejoramiento de sus condiciones económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional y su acceso a un régimen jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos”, según ordena en vano el Estatuto de las Comunidades Indígenas. Pero este organismo no pasa de ser otro de los tantos que componen la estructura del Estado, consume importante cantidad de dinero de los contribuyentes, pero que si desapareciera, nadie se daría cuenta.