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El contrato (parecido, pero mayor a uno ejecutado el año pasado) consiste en el suministro a Bolivia, entre enero y marzo de 2023, de 20.000 metros cúbicos de diésel importado por Petropar, volumen equivalente a un mes de consumo nacional y al stock mínimo de reserva que le exige el MIC. La operación se hace bajo la modalidad “free carrier”, es decir que YPFB retira el producto en la planta de Petropar y se encarga del transporte, si bien la estatal paraguaya se compromete a entregarlo a 15 grados centígrados, cuando a sus clientes locales lo hace a temperatura ambiente.
El precio establecido es el del promedio de la cotización internacional del gasoíl la semana inmediatamente anterior a la carga, medido por el indicador Platts, más un premio de 391 dólares el metro cúbico. A los valores de hoy, ello supone un precio de venta de 9.312 guaraníes por litro, superior a los 8.900 guaraníes por litro que Petropar obtiene en el mercado interno, que es el mínimo que puede aceptar para no incurrir en pérdidas por costo de oportunidad.
El presidente de la estatal, Pedro Román, dijo que ello le reportará una ganancia de 6 millones de dólares, aunque no aclaró exactamente cómo llega a esa cifra, ya que, a priori, la diferencia por precios en comparación con el de venta al público en el mercado doméstico es, en el mejor de los casos, de poco más de un millón de dólares. Como sea, el hecho es que cualquier ganancia depende de que se den sin contratiempos las condiciones previstas de antemano, lo cual está lejos de estar asegurado.
Para empezar, hay varios puntos muy sugestivos en el contrato que, por ser directo y no sometido a ningún debate público ni control previo, se realizó bajo completa discrecionalidad de los administradores. Uno es que el “premio” pactado de 391 dólares el metro cúbico, que es el monto fijo acordado a favor del proveedor por encima de la cotización, es significativamente menor al del contrato anterior de agosto/setiembre de 2022, cuando fue de 450 dólares el metro cúbico. Petropar no dio explicación alguna del motivo ni bajo qué criterios se negoció el descuento, que representa unos 500 guaraníes por litro. Cuando menos resulta llamativo, si no directamente sospechoso.
Otro aspecto sugestivo es que se le otorgó a la empresa boliviana la posibilidad de pagar a 30 días post entrega. Por un lado, ello no es usual en el negocio de los combustibles, un producto que normalmente se vende y se compra básicamente al contado. Por el otro, YPFB no ha tenido últimamente un buen récord de cumplimiento. Como ejemplo reciente, en diciembre pasado la prensa se hizo eco de una gran cantidad de camiones cisternas bolivianos estacionados en las angostas calles de San Antonio frente a la planta de Puma, que no despachaba por falta de pago. De hecho, probablemente ese habrá sido el motivo por el que decidió comprarle a la “concesiva” Petropar.
Finalmente, sin perjuicio de otros, un aspecto dudoso y potencialmente lesivo del contrato es que sus términos y condiciones no pueden ser modificados unilateralmente, lo que en la práctica significa que Petropar tendrá que vender indefectiblemente a la cotización internacional media de la semana anterior, aun cuando haya una caída de la misma. De darse esto último, algo bastante factible dada la actual tendencia a la baja, podría tener que vender por debajo del valor de importación o por debajo del precio al consumidor local, en cuyo caso la operación se estaría realizando a pérdida.
Paraguay no es productor, importa el 100% del combustible que consume. La finalidad de Petropar como empresa pública es contribuir a asegurar el abastecimiento interno y jugar en lo posible un papel de moderador de precios, ambas funciones muy importantes en el escenario de volatilidad que se presentó el año pasado y aún persiste. Debería concentrarse en ello antes que arriesgarse en un poco transparente negocio de reexportación, pero, ya que lo hicieron, sus autoridades y el Gobierno deben aclarar las dudas suscitadas y hacerse personalmente responsables de los posibles perjuicios a la históricamente ineficiente y corrupta petrolera estatal.