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En los últimos cinco años, pese a la pandemia, se crearon 18.714 nuevos cargos públicos permanentes, según el anexo de personal del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, en contrapartida, por citar un ejemplo, el colegio Juana Pabla Carrillo de San Estanislao, donde anualmente se matriculan 70 alumnos, volverá a iniciar las clases bajo árboles porque ni el MEC ni ninguna otra instancia pública atienden el reclamo de poner en condiciones aulas en peligro de derrumbe, construidas hace más de veinte años y jamás sometidas a ningún tipo de mantenimiento. Esto dista de ser un hecho aislado o simplemente anecdótico. Al contrario, ilustra perfectamente la crítica situación actual del Estado paraguayo, donde nueve de cada diez guaraníes de los ingresos ordinarios se destinan a gastos corrientes rígidos, principalmente salarios, por lo que nunca alcanza para todo el resto.
El número de cargos permanentes en la administración central y en los entes descentralizados pasó de 298.183 en 2018 a 316.897 en el presente ejercicio. Esto no incluye a los funcionarios contratados ni a los de las “sociedades anónimas” estatales como Essap, Copaco y Ferrocarriles del Paraguay (Fepasa), donde se reproducen los mismos o peores desaguisados. Baste mencionar lo que acaba de salir a luz en Fepasa, una inútil empresa pública que no tiene un solo tren en operación y prácticamente no ofrece ningún servicio, que se financia con aportes estatales provenientes de impuestos porque casi no genera ingresos propios, pero que duplicó su plantilla de personal en plena pandemia, con sueldos de 10, 20 y 30 millones de guaraníes. O Copaco, una compañía absolutamente inviable que solo genera multimillonarias pérdidas y tiene ¡4.000 empleados!
Cada año el Poder Ejecutivo y la mayoría en el Congreso agregan más y más puestos y cargos para atender a su clientela política y beneficiarse ellos mismos de manera abierta o encubierta, y no solo eso, sino que aumentan y se aumentan constante e indiscriminadamente los sueldos, beneficios y privilegios, sin que ello esté sujeto a ningún tipo de evaluación de desempeño. Ni en los peores momentos de la pandemia, cuando las familias comunes y corrientes tuvieron que hacer malabarismos para sostener un mínimo nivel de ingresos, los funcionarios públicos dejaron de percibir sus remuneraciones, y hasta sus bonificaciones, aun cuando gran cantidad de ellos simplemente dejó de acudir al trabajo, o lo hizo a medias, con una caída estrepitosa de la ya de por sí bajísima productividad del sector público. Si hubo pequeños recortes, todos ellos fueron restituidos. Lo último que se anunció al respecto, en coincidencia con la proximidad de las elecciones, fue que se volverá a abonar una suspendida bonificación familiar en cinco pagos de 2,5 millones de guaraníes cada uno.
Los típicos argumentos esgrimidos son el “crecimiento vegetativo” o la necesidad de cubrir vacancias en áreas prioritarias, como salud, educación y seguridad. Lo que nunca explican es por qué no eliminan los ejércitos de planilleros en esas mismas áreas y en todas las demás, por qué nunca dan frutos los planes de retiro voluntario, por qué no se cumple la obligación de justificar cada contratación y de hacerla por la vía de concursos transparentes. Permanentemente ocurre que se “concursa” para un cargo supuestamente “necesario”, pero el seleccionado inmediatamente consigue un “comisionamiento” mediante contactos o conexiones políticas y se vuelve a generar la vacancia. Nunca dicen por qué no se pone orden en la función pública, para lo cual no se requiere ninguna ley especial, solo voluntad y capacidad de gestión, como se le exigiría a la gerencia en cualquier empresa privada.
Tampoco explican por qué, si existen necesidades en áreas prioritarias, no se achican las áreas que no lo son, o que se superponen unas a otras y que no reportan contraprestaciones mínimamente aceptables a la ciudadanía. Solamente el Poder Ejecutivo tiene 50 dependencias directas, incluyendo 17 ministerios, 14 secretarías con rango ministerial y una multiplicidad de agencias, oficinas especiales, centros, consejos. Además, hay 29 entes autónomos y autárquicos, cinco empresas públicas y cuatro sociedades anónimas del Estado, cinco entidades financieras oficiales, aparte del Banco Central, cinco entidades públicas de seguridad social, nueve universidades nacionales y dos entidades binacionales, lo que se completa con 17 gobernaciones y 263 municipalidades. Muchos de estos organismos, algunos creados exclusivamente con fines prebendarios, deben ser fusionados o directamente suprimidos.
La reforma que perentoriamente se precisa no es contra los buenos funcionarios públicos, que los hay y muchos, ni para socavar las importantísimas funciones del Estado. Es lo opuesto. Es justamente para identificar y potenciar a los honestos, los capaces, los comprometidos, y cerrarles los caminos a los parásitos, los haraganes, los corruptos, los que les deben sus puestos a los peces gordos de la política o del entorno del poder y les responden a ellos. Es para asegurar que todos y cada uno cumplan una función necesaria y útil para la comunidad y también para ellos, en el sentido de que puedan encontrar espacio para prosperar material y profesionalmente por sus propios méritos, sin tener que serle servil a nadie más que a su país.
Pero está claro, y los hechos hablan por sí mismos, que a la mayoría de la clase política solo le interesa repartir y repartirse los recursos del Estado como botín y sacar rédito electoral a costa de Juan Pueblo. Que las escuelas y hospitales se caigan a pedazos, que no haya lo suficiente para medicamentos e insumos básicos, que se retrasen inversiones fundamentales para el desarrollo, que se tengan que bicicletear a alto costo los pagos a proveedores y contratistas, que el déficit fiscal se vuelva crónico, que el endeudamiento público crezca como una inatajable bola de nieve, que suban los precios por los desequilibrios monetarios, todo eso les importa un bledo.