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Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa) es una empresa estatal surrealista: no tiene trenes, pero sí un presidente y 42 asalariados, 26 de los cuales fueron contratados durante el estado de emergencia sanitaria. La curiosidad incita a preguntarse qué hacen durante la jornada “laboral” para ganarse el pan, como el común de la gente. Lo más probable es que estén papando moscas, en vez de cumplir con la misión que se atribuyen de “desarrollar el transporte ferroviario en Paraguay, facilitando la movilidad de pasajeros y carga, con eficiencia, seguridad y sustentabilidad, valorizando su historia”.
Se trata de una misión de cumplimiento imposible, por la simple razón de que el elefante blanco no cuenta con un solo tren de pasajeros. Pero allí están, viviendo a costa de los demás, sin hacer absolutamente nada productivo: hace poco dieron en alquiler la antigua estación luqueña para que se convierta en un bar, habiéndose negado a mostrar el contrato; tras publicaciones de prensa, la Municipalidad local suspendió la habilitación porque no estaba enterada del arrendamiento, precedido de una inversión que le costó al erario más de 1.800 millones de guaraníes. La intención era “reactivar el movimiento”, según el sempiterno presidente de Fepasa, llamado Lauro Ramírez, cuyo envidiable sueldo mensual asciende a 32.560.470 guaraníes, en tanto que el de su chofer llega a nada menos que cinco millones; el síndico se queda con 14.731.350 guaraníes, mientras los gerentes general y de patrimonio cobran cada mes quince y diez millones de guaraníes, respectivamente. ¿Qué hacen para merecer tan jugosos salarios? Vale la pena preguntarse otra vez. Muy probablemente su principal actividad sea dedicarse al ocio, que para ellos es un buen negocio, pero para el erario y los contribuyentes resulta muy oneroso.
Estos datos se conocen recién luego de que este diario haya informado hace unos días que, desde 2016, el elefante blanco acumula multas por valor de 132 millones de guaraníes, impuestas por la Secretaría de la Función Pública por ignorar la Ley N° 5189/14, que obliga a informar sobre las remuneraciones y otras retribuciones al servidor público; ahora la cumplió parcialmente, pero sigue sin respetar la Ley N° 5282/14, de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, motivo por el que la Secretaría Nacional Anticorrupción le calificó con un “cero”.
Con respecto a esta última normativa y tras afirmar con el mayor descaro que quienes piden informes son “gente malintencionada”, Lauro Ramírez dijo que no se había dado cuenta del incumplimiento, esto es, que los ciudadanos que ejercen su derecho a la información son arteros y que él anda tan ocupado que no puede saber si Fepasa está violando alguna ley. Su pequeño olvido le costó a Juan Pueblo apenas ¡¡¡132 millones de guaraníes!!! Más tarde, tratando de justificar sus omisiones ilícitas y sosteniendo que hay mucha ignorancia en este asunto, alegó el colosal disparate de que se trata de una empresa privada, invocando la Ley N° 1615/00, que reorganiza y transforma las entidades públicas descentralizadas, cuya aplicación fue suspendida dos años después. El ferrocarril “Carlos Antonio López” cambió de nombre y se convirtió en una sociedad anónima, cuyas acciones pertenecen íntegramente al Estado. Entonces, para conocimiento del señor Lauro Ramírez, no fue privatizado.
Periódicamente y desde hace décadas, la absurda empresa lanza proyectos para atraer inversiones en su sector, o anuncia que desde tal o cual país hay interés en instalar el ferrocarril, sin que hasta la fecha se haya concretado alguno. El último tiene que ver con el tan traído y llevado tren de cercanías Asunción-Ypacaraí, que costaría 585 millones de dólares, debiendo el Estado aportar hasta 300 millones: el resto correría a cargo de la entidad pública Korea Overseas Infrastructure & Urban Development, que explotará el servicio, como subconcesionaria, durante treinta años, debiendo el Estado asegurarle unos ingresos de 68 millones de dólares anuales. En otros términos, una entidad pública extranjera prestará un servicio que la empresa estatal paraguaya es incapaz de brindar y que ni siquiera se ha ocupado, a lo largo de los años, de preservar su franja de dominio, invadida en el Gran Asunción. Cualquiera sea el desenlace de la iniciativa, que el Senado tratará en marzo, resulta claro que Fepasa seguiría vegetando a expensas de los contribuyentes, en exclusivo beneficio de su privilegiado personal.
El país no puede seguir permitiendo tanto derroche. Si en otras instituciones estatales hay gastos superfluos, aquí los paraguayos deben soportar toda una empresa cuya mera existencia supone un derroche irritante. Se trata de un verdadero lastre, del que es preciso librarse cuanto antes.