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Las cien obras públicas adjudicadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez, más otras treinta que se adjudicaron en el gobierno de Horacio Cartes y continuaron ejecutándose durante esta administración, todas ellas, sin excepción, presentan sobrecostos que llegan hasta más del 50% del monto de las respectivas licitaciones, debido a adendas por “imprevistos”. Solo en lo que va de este período, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Contrataciones Públicas, el presupuesto adicional aprobado por el MOPC es de 403 millones de dólares, fondos más que suficientes, por ejemplo, para poner en perfectas condiciones todas las escuelas del país. Esta funesta práctica común, aceptada como “normal” por los que supuestamente tienen que defender el patrimonio nacional, es solo la punta del iceberg de la impune expoliación que ha sufrido sistemáticamente la ciudadanía desde la época de Stroessner hasta nuestros días.
El actual ministro interino, Rodolfo Segovia, dijo al respecto que el encarecimiento se produce por obras complementarias no contempladas, y mencionó como ejemplos la construcción o traslados de servicios públicos, redes de cañerías, columnas de ANDE, servicios para fibra óptica, mejoramiento de zonas urbanas afectadas, entre otros.
Que nos disculpe el ministro, pero pareciera que nos quiere tomar el pelo. La palabra “imprevisto” en una obra pública convencional, como podría ser una ruta, sugiere una excepción, no una regla. Se supone que la ingeniería ya ha acumulado suficientes conocimientos, experiencia y prácticas internacionalmente aceptadas como para prever todo lo que tiene que ver con la realización de un proyecto, salvo que se trate de algo de muy alta complejidad. Aun así, podría haber imponderables, pero, en primer lugar, cambiar de lugar columnas de la ANDE o tender un cable o unas cañerías, por usar los mismos ejemplos del ministro, nunca pueden representar del 20 al 50% del valor de la obra. Si es así, significa que el cálculo inicial fue un verdadero desastre. En segundo lugar, podría pasar en algunos casos, pero no en la mayoría y muchísimo menos en todos ellos.
Todos sabemos que la verdad es muy distinta. La trampa comienza ya en la elaboración del proyecto, donde se “dibujan” trazados, se inventan números, se acomodan estudios de factibilidad y de impacto social y ambiental, todo para justificar la obra y los préstamos, total después ya habrá manera de hacer las “adendas” correspondientes. Hay casos realmente insólitos, como el del metrobús, que ni siquiera tenía un proyecto ejecutivo final, y luego, como si nada, declaraban que se les presentaba este o aquel problema y la obra no solamente se encarecía hasta niveles alarmantes, sino que nunca avanzaba. Gobierno y contratistas llevaban adelante el emprendimiento y la ejecución del crédito a sabiendas de que era inviable. No podían progresar en la ruta Mariscal Estigarribia y en la avenida Eusebio Ayala, por poco no provocan un estallido social, y pretendían convencernos de que podrían atravesar de punta a punta el Mercado 4 y el centro de Asunción. Resultado: por lo menos 40 millones de dólares a fondo perdido. Y encima tienen el descaro de culpar a la prensa del fracaso.
Las tramoyas continúan con la colusión, las licitaciones dirigidas y las prácticas oligopólicas. Se hacen los pliegos a medida para que siempre sean las mismas grandes empresas las que se repartan los grandes trabajos, con una dinámica de “hoy yo, mañana vos”, con subcontrataciones y “bicicleteo” de maquinaria, así nadie se queja y todos contentos. Se sabe que solamente participando en la rosca se puede acceder a contratos, y si por ahí entra un “outsider”, peor aún si es extranjero por una licitación internacional, enseguida se organizan para boicotearlo.
Otro factor nefasto es el sistema de financiamiento. De antemano se sabe que el Estado se va a atrasar en los desembolsos, por lo que hay un pacto tácito de recargar intereses moratorios ocultos y sin ningún control, que terminan siendo altísimos, incluidos en las sobrefacturaciones, en las cláusulas de ajuste y en los dudosos plazos de ejecución. De esa manera, si se hicieran los estudios seriamente, saldría que muchas obras no son factibles, porque la tasa de retorno no es suficiente para cubrir su alto costo.
Finalmente, la corruptela generalizada se traslada a la fiscalización, donde abundan la connivencia y los sobornos para hacer la vista gorda, lo cual es vox populi y se puede comprobar a simple vista. Salvo muy pocas excepciones, las obras públicas en Paraguay no solo son carísimas, sino de muy mala calidad, con rápidos deterioros, mal terminadas o directamente inconclusas.
En Paraguay la construcción de rutas pavimentadas cuestan, en promedio, entre 1 y 2 millones de dólares el kilómetro, mucho más que en la región y muchísimo más, por ejemplo, que en Europa, donde las carreteras son impecables y cuestan entre 120.000 y 220.000 dólares el kilómetro, según una auditoría del período 2000-2013 del Tribunal de Cuentas Europeo. Han ensayado numerosos rebuscados argumentos y excusas, pero nunca han podido explicar convincentemente estas enormes diferencias. Ineficiencia y corrupción a costa del pueblo paraguayo, esos son los motivos principales. Que se enoje quien se enoje, las cosas por su nombre.