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A ambos afecta en común la denuncia de supuestos vínculos con la organización terrorista Hezbolá, que se habría reunido periódicamente en nuestro país con políticos innominados, entre ellos representantes del vicepresidente y del expresidente que habrían recibido sobornos. Se recordará que ya en julio de 2022, el Departamento de Estado señaló “la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades”, la que socavaría la seguridad norteamericana contra el crimen y el terrorismo internacional y amenazaría la estabilidad regional; un mes después, afirmó que Velázquez, por interpósita persona, ofreció un soborno a un funcionario para “obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y a sus intereses financieros”.
Entre las nuevas inculpaciones contra el exjefe del Poder Ejecutivo figuran la entrega de hasta diez mil dólares a correligionarios suyos para que apoyen su candidatura a los comicios generales de 2013, el posterior soborno mensual de entre cinco mil y cincuenta mil dólares a “legisladores leales”, la promesa de emplear un millón de la misma moneda para que el Congreso avale su intención de postularse para un segundo mandato y, desde 2018, el pago de hasta 50.000 dólares mensuales a sus principales seguidores allí instalados, pero también a “opositores políticos”. Se nota que esta declaración del Departamento del Tesoro es más concreta que la “designación del expresidente (...) paraguayo por participación en corrupción significativa” y que tiene la novedad –nada sorprendente– de involucrar a parlamentarios que venderían sus votos. Como señalamos, el embajador Marc Ostfield no entregó en la ocasión pruebas sobre sus afirmaciones.
Es evidente que estas acusaciones tan serias, provenientes de la primera potencia mundial y amiga del Paraguay, deben inquietar a todo el país y no solo a las personas allí citadas: está en juego el “buen nombre y honor” de ambas personalidades, como también lo está la imagen del Paraguay, que está apareciendo ante el mundo como una nación en la que un multimillonario y un vicepresidente de la República se valdrían del dinero para comprar votos o trabar pesquisas judiciales. Más aún, estarían ligados con una organización considerada oficialmente terrorista –Hezbolá– no solo por los Estados Unidos, sino también por la Unión Europea y otros varios países. Casualmente, también el Gobierno del Paraguay, que integra el vicepresidente Velázquez, lo hizo en agosto de 2021, lo que fue elogiado en su oportunidad por el Departamento de Estado norteamericano. Pero más allá de una cuestión de imagen internacional, lo que debería preocuparnos es nuestra propia realidad, descrita así por el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, del Departamento del Tesoro: “La acción de hoy (26 de enero) expone la corrupción endémica que socava las instituciones democráticas paraguayas y destaca la necesidad apremiante de que el Gobierno de Paraguay actúe en el mejor interés de sus ciudadanos, y no en llenar los bolsillos de sus élites políticas”.
Está en el mejor interés de la ciudadanía que la cuestión Cartes-Velázquez sea resuelta cuanto antes. Con independencia de que el Gobierno estadounidense proporcione luego los documentos y llegue o no a pedir la extradición de ambos o de uno de ellos, se torna imperioso que el Ministerio Público acelere las investigaciones iniciadas en julio y agosto de 2022, con relación a los delitos que les atribuyó el Departamento de Estado y que, a la vez, las profundice atendiendo la denuncia ampliada, que ya incluyó sanciones económicas para los susodichos. Pero a más del interés de la ciudadanía, está también el interés de los propios afectados, que necesitan que sus nombres estén limpios, ya sea para ocupar el segundo cargo en el Poder Ejecutivo como para dirigir el partido de Gobierno. La incertidumbre no beneficia a nadie.