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El Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecomunicaciones (Sinattel) exige –sí: exige– que el Estado invierta 100 millones de dólares en la fallida Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) y que su presidente, el ingeniero Sante Vallese, dé a conocer, dentro del plazo de sesenta días, un plan para “salvar” a la fallida empresa: si no lo hace, llamará a la huelga a los ¡cuatro mil empleados!, incluidos los de la filial Vox, que “está a punto de colapsar totalmente”. Lo dijo el secretario general del amenazante sindicato, Alejandro Villamayor, quien también sostuvo que la propia Copaco ya tendría “fecha de vencimiento”, si no recibiera un fuerte apoyo financiero estatal para una “reingeniería de toda la red, con tecnología de última generación”.
Pues bien, con Copaco (anteriormente Antelco) ocurre lo que era de esperar: una empresa ineficiente y corrupta manejada políticamente, que en su origen fue un monopolio en el campo de las telecomunicaciones, no se podría mantener con sus vicios en un mercado que fue abierto a la telefonía privada. En efecto, aquí irrumpieron con ímpetu varias empresas, con tecnologías modernas y administración eficiente, sin clientelismo ni personal supernumerario contratado con base a recomendaciones. Por supuesto, la estatal fue haciendo agua y llega al momento en que “está a punto de colapsar totalmente”, según el sindicalista de marras.
Este último, empero, no parece tener una idea clara de cómo asegurar el salvataje, pues se limitó a afirmar que en la actualidad “hay más controles”, lo que aludiría a que se está robando menos que antes. Está seguro, en cambio, de que esa “sociedad anónima” debe ser incluida –impropiamente– en el Presupuesto nacional, si la inversión que demanda la Sinattel no es realizada, es decir, pretende que sea sostenida incluso con los impuestos indirectos abonados por un campesino carente de teléfono. Como siempre, Juan Pueblo será de nuevo el “salvatore” para que siga el baile.
La crisis es de muy larga data; para no ir más lejos, en 2021, la deficitaria, ineficiente y superpoblada empresa dejó de entregar al Instituto de Previsión Social (IPS) los aportes descontados a su personal, quizá para atenuar el déficit crónico. En aquel entonces, el director general de Empresas Públicas, Elvio Brizuela, atribuyó sus bajos ingresos a que la ley que declaró la emergencia sanitaria la obligó a refinanciar las facturas sin recibir fondos del erario y a las “deudas históricas” impagas de las entidades públicas, que hoy ascenderían a 25.000 millones de guaraníes. Vale la pena recordar que las exitosas compañías privadas del ramo no perciben ningún aporte del Estado para competir en el mercado.
La malograda empresa no solo tiene “problemas de ingresos”, sino también de egresos, porque, como señalamos, allí abundan los empleados superfluos. Cuando por primera vez se habló de la posibilidad de la privatización de la entonces Antelco, allá por el año 2002, salió a la luz el clientelismo salvaje que practicaba la empresa. En el proyecto, que al final naufragó, se habló de unos 75 millones de dólares para despedir e indemnizar a la mitad de sus trabajadores, porque los posibles compradores no querían hacerse cargo de la enorme cantidad de funcionarios de que disponía para atender las 300.000 líneas fijas que tenía en ese momento. Es decir, quedó demostrado que la empresa podía trabajar con la mitad del personal que figuraba en sus planillas.
El mismo engendro con otro ropaje es su satélite Vox, que fue comprado por Copaco en 2010 en medio de cuestionamientos, que explota la telefonía celular. Con la experiencia que tenía Copaco en el sector, debería liderar en el mercado, pero hoy es el furgón de cola, con apenas 384.000 abonados. En contrapartida, Tigo tiene 3.525.000, Personal 2.199.000 y Claro 1.901.000 abonados.
Frente a estas contundentes cifras, resultaría absurdo acceder a la “exigencia” de los sindicalistas de invertir 100 millones de dólares para levantar poco menos que a un muerto.
Copaco es la muestra más palpable del fracaso de las empresas públicas, que se mantienen en el mercado con dinero del contribuyente que se utiliza para calafatear barcos, que de lo contrario, ya hubieran naufragado. El dinero de todos ya no debe usarse para mantener en pie a insaciables elefantes blancos, aprovechados por los políticos para ubicar a su clientela.