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El doctor Gustavo Chamorro, director del Servicio de Erradicación del Paludismo (Senepa), informó que nuestro país está sufriendo una “epidemia de chikunguña”: ya se registran más de 1.400 casos, cifra que triplica la de los casos de dengue, también en aumento. Incluso, ya hay un fallecido. Se trata de una enfermedad muy raras veces mortal, que transmite el mosquito y se contrae una sola vez; como no hay vacunas para prevenirla ni fármacos para curarla, el tratamiento –casi siempre ambulatorio– consiste en aliviar los síntomas, entre ellos una fiebre repentina y un fuerte dolor en las articulaciones, que puede durar meses o años.
Aunque no revista la gravedad del coronavirus o la del dengue hemorrágico, la chikunguña afecta la salud pública y, por extensión, el rendimiento laboral y educativo, en la medida en que obliga a guardar reposo. Debe ser atacada de raíz, erradicando los criaderos de mosquitos que infestan las zonas urbanas. He aquí un serio problema hasta ahora insoluble, tanto por la desidia de la gente como por la indolencia de las autoridades municipales, en primer lugar. De poco o nada han servido hasta hoy las campañas periódicas para convencer a la población de la necesidad de impedir la proliferación del Aedes aegypti, no solo por las molestias que generan.
A los baldíos y a las casas abandonadas –permanentes caldos de cultivo para el agente transmisor– se suman los vertederos “clandestinos”, a los que se recurre debido a la ineficiencia del servicio de recolección de basuras. Claro que mucha de la culpa la tienen las municipalidades, que suelen realizar alguna limpieza puntual –como la que se observa ahora en nuestra capital–, más con fines publicitarios y no como política permanente de perseguir a los propietarios de baldíos o a los “puercos” que lanzan sus basuras a las calles. Esto es lamentable porque quienes deberían estar más interesados en la limpieza son las potenciales víctimas de la negligencia reflejada en los residuos sólidos acumulados por doquier, que retienen el agua de lluvia que habrá de contribuir a la multiplicación del mosquito. Lo mismo puede ocurrir en las viviendas, cuando no se desagotan recipientes.
Todo indica que habrá que intensificar o rediseñar las campañas de concienciación, extendiéndolas a las escuelas y a los colegios para que los alumnos traten de educar en tal sentido a sus padres, quizá habituados a convivir con el insecto portador del virus. Las medidas pedagógicas deben ser acompañadas por las punitivas, previstas en las normas municipales y nacionales: es preciso multar a quienes no cumplen con su obligación de mantener sus inmuebles en las condiciones de limpieza que impidan la difusión de los males referidos. Es de recordar que la Ley N° 716/95 castiga con multa de cien a mil jornales mínimos legales a quienes depositen o incineren basuras o desperdicios de todo tipo en rutas, caminos, calles o cursos de agua y sus adyacentes, de modo que también el Ministerio Público debería interesarse en este grave asunto.
La salud pública debe ser protegida también del virus de la ignorancia, la negligencia y la impunidad. Es simplemente intolerable que cada año sea afectada por un par de epidemias favorecidas por esas lacras que deben ser contrarrestadas mediante la concienciación y la vigilancia. Dado el catastrófico sistema sanitario, asusta concebir lo que podría volver a pasar si al dengue y a la chikunguña volviera a sumarse con fuerza el coronavirus. Es necesario, entonces, inculcar la importancia de desalentar la proliferación del mosquito, siendo aconsejable para ello la estrecha cooperación entre las municipalidades y los ministerios encargados de la salud y de la educación públicas.
No todo depende, en fin, de lo que las autoridades competentes hagan o dejen de hacer: lo decisivo será que la gente advierta el peligro que conlleva la instalación de criaderos y actúe por sí misma en consecuencia, impidiendo o eliminando las condiciones que la favorecen.