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Los enfermos oncológicos de nuestro país continúan soportando su interminable vía crucis, ante la falta de medicamentos indispensables para el tratamiento de su enfermedad, y como una evidencia más de que la salud de la población no es prioridad para los gobiernos, incluyendo el actual.
El año pasado, el cáncer fue la tercera causa de muerte en nuestro país, después de las enfermedades de los sistemas circulatorio y respiratorio. Se registraron 1.538 decesos, según el Registro de Cáncer de Base Poblacional, elaborado por una dependencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Se trata de un “estándar de oro” que permite identificar las causas de dicha dolencia y evaluar el impacto de las actividades de control, lo que implica que habría datos estadísticos para prever, al menos parcialmente, las necesidades anuales de fármacos e insumos de esta enfermedad no transmisible, incapaz de generar una epidemia repentina. Vale apuntarlo porque el Dr. Julio Rolón, director general del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), subordinado al Ministerio, cree que la solución de las graves carencias actuales consistiría en implementar el Registro Nacional de Personas con Cáncer, previsto en la Ley N° 6266/18, al que debe notificarse todo diagnóstico confirmado de la enfermedad. Ello, presuntamente, permitiría planificar las compras con mayor precisión. La propuesta es interesante, pero cabe pensar que si con la cantidad conocida actualmente no se puede atender las necesidades, probablemente al aumentar la cantidad de pacientes la carencia de medicamentos resulte peor.
Es cierto que el registro ministerial es incompleto, pues no incluye, por ejemplo, a los pacientes oncológicos del Instituto de Previsión Social, también obligado a llevarlo. Con todo, debe bastar para que al menos los del Incan reciban el tratamiento adecuado. Su director general atribuye la crisis de aprovisionamiento, que tanto dolor e indignación causa a los pacientes oncológicos y a sus familiares, al inesperado aumento del consumo de medicamentos, algo que no tendría que haber ocurrido si las adquisiciones requeridas hubieran sido consideradas en el anteproyecto presupuestario, considerando también los datos proveídos, aunque más no sea extraoficialmente, por otras entidades del Sistema Nacional de Salud. Es evidente que, en este caso, la improvisación o el desinterés prevalecen en el momento de prestar atención a los enfermos oncológicos.
Para peor, las necesidades de la población en materia de salud siempre quedan atrás, mientras la voraz clientela política se beneficia con aumentos salariales en general, bajo las diferentes modalidades inventadas para ello. En efecto, el Incan recibirá este año 341.000 millones de guaraníes, esto es 95.455 millones menos que en 2022, afectando el mayor recorte –88.581 millones– precisamente a los productos e instrumentos químicos y medicinales. Mayor insensibilidad, imposible.
Estamos en tiempos electorales, así que el recorte, calificado de “criminal” por seis asociaciones de pacientes con cáncer, apuntaría a atenuar, de algún modo, el aumento del déficit fiscal provocado por la insaciable clientela política. Dado que los angustiados enfermos y sus familiares tienen un peso electoral ínfimo en relación al personal público, la racionalidad “política” exigiría marginarlos para conservar el poder, tal como Petróleos Paraguayos tuvo que sacrificar sus arcas para no encarecer el combustible en vísperas de los últimos comicios internos. Ese es el fondo de la cuestión. Esta lógica perversa, que tiene consecuencias fatales, implica supeditar la salud pública a las demandas de quienes viven muy bien del Presupuesto, sin importarles un bledo la sanidad.
En consecuencia, es fácil advertir que la peregrinación dolorosa de los enfermos oncológicos continuará en este año, mientras que los responsables de la salud pública seguirán dando toda clase de excusas para justificar lo injustificable. Esta cruel historia habrá de repetirse mientras la ciudadanía siga respaldando en las urnas a sus propios victimarios.