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En vísperas del reciente Año Nuevo, una nativa en avanzado estado de gestación tuvo complicaciones en el hospital de Bahía Negra, en el Alto Paraguay, y como era impensable la atención de su problema en ese precario centro sanitario se decidió trasladarla a Concepción, ¡a 600 km de distancia! Pese a la gravedad del caso, el traslado se demoró porque el chofer de la ambulancia estaba de vacaciones, y el segundo tardó en llegar. Por el camino, la mujer dio a luz un bebé ya fallecido, y la ambulancia tuvo que regresar a Bahía Negra. Este es uno de los hospitales donde se fusionan los servicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y del Instituto de Previsión Social, una asociación que, por lo visto, no sirve absolutamente de nada para mejorar la atención de los lugareños. El Dr. Miguel Benítez, director del nosocomio por el ministerio citado, dijo que si hubiera nacido allí la criatura hubiera necesitado de cuidados especiales, pero que ¡en todo el Alto Paraguay no existe sala de terapia intensiva! Increíble.
Pues bien, no se crea que este caso es una novedad, ya que en varias otras ocasiones ha ocurrido lo mismo, debiendo ser trasladados los pacientes a Concepción o a la también distante ciudad de Pedro Juan Caballero, algunas veces con trágicos resultados. Al respecto cabe recordar un doloroso caso ocurrido en febrero de 2021, que reproduce en toda su crudeza el drama de los habitantes del Alto Paraguay. María Juana Roy, una mujer ishir evacuada desde Puerto Diana, en la zona de Bahía Negra, falleció en el hospital de Concepción. Su hijo, Cristino Miranda, pasó por un verdadero vía crucis para regresar los restos de la fallecida, primero en la carrocería de una camioneta hasta Vallemí, de allí, tras larga espera, en una embarcación hasta Puerto Casado, y finalmente en otro vehículo hasta su comunidad de origen. Fue realmente sobrecogedor la imagen de Cristino publicada en los medios, sentado bajo un árbol, con el féretro de su madre fallecida al lado, aguardando algún vehículo para su traslado.
Siendo de tan antigua data esta clase de lamentables casos, queda claro que la situación no inquieta a las autoridades nacionales ni a las departamentales y locales. Desde siempre, los 22.000 pobladores del Alto Paraguay, distribuidos en cuatro municipios, figuran entre los compatriotas con menor acceso a la sanidad, sin que su drama cotidiano genere la condigna respuesta de las autoridades públicas. Las promesas de mejoras para la zona fueron muchas, pero se las llevó el viento. Se puede recordar, por ejemplo, que, cuando iba a asumir el cargo en 2018, el exministro Julio Mazzoleni sostuvo que ese departamento, por sus precariedades, “le quitaba el sueño”, pero allí todo sigue igual. Además, un año después, el mencionado destituyó a la Dra. Damaris Wagner, directora del Hospital Regional de Fuerte Olimpo, por haber denunciado la falta de recursos para realizar incluso una cirugía menor, en un nosocomio que, en verdad, no es más que un puesto de salud.
Si el Alto Paraguay tampoco cuenta con pediatras, ginecólogos, traumatólogos o cirujanos es porque no resulta atractivo para quienes deben instalarse en esa remota región sin recibir el incentivo monetario que corresponda: cobrarían lo mismo que un residente en la capital del país, de modo que su vocación de servicio tendría que ser extraordinaria. Es que no tienen la suerte de ser funcionarios del Congreso, del Poder Judicial o de cualquier otra institución influyente, cuyos funcionarios reciben con frecuencia altos aumentos salariales por hacer presencia en sus cómodas oficinas.
Ante la defección de los Gobiernos nacional y departamental, es necesario que sus pobladores no se crucen de brazos, sino que se organicen para reclamar sus derechos ante sus autoridades, aunque estas al parecer dan muestras de interesarse más por su patrimonio que por el presente y el futuro del departamento. Allí están el actual gobernador y exdiputado José Domingo Adorno (ANR, abdista) y la diputada y exgobernadora Marlene Ocampo (ANR, cartista). El Ministerio Público investiga al primero por el delito de lesión de confianza, lo que no impide que ahora sea otra vez candidato a diputado, en tanto que la segunda fue denunciada por la Contraloría General de la República por un faltante de 4.400 millones de guaraníes, de su época de gobernadora. Como era de temer, no hay avances que permitan abrigar la esperanza de que los hechos sean esclarecidos y, eventualmente, sancionados.
Es de lamentar que a nadie inquiete la situación de estos compatriotas, por lo que solo cabe seguir esperando el surgimiento de gobernantes patriotas que se interesen por el destino de todos, incluyendo a los de regiones lejanas, como el Alto Paraguay.