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El 17 de noviembre del 2022 el país asistió al primer desnudo del todavía ministro de la Corte cuando se destapó un contrato firmado por su hijo Amílcar, exfuncionario de Itaipú. En su carácter de abogado, según el documento, recibía unos 368.000 dólares por firmar un compromiso para hallar una “salida jurídica” a la solicitud de extradición hecha por los EE.UU. sobre Kassem Hijazi, un brasileño de origen libanés naturalizado paraguayo, acusado por el norte de lavado de dinero y hasta supuesto financiamiento del terrorismo. Lejos de desmentir lo que parecería ser una coima o un soborno estampado y escondido en los moldes de un contrato, tanto el hijo como el padre confirmaron la existencia del documento. Para esto que el padre –muy convenientemente– había abierto el paraguas y deslindado responsabilidades a mediados del año pasado cuando –probablemente– se enteró de que terceros ya sabían de la operación de su vástago.
Sin embargo, las revelaciones malolientes y la podredumbre de la sinvergüencería no pararon en la escandalosa revelación de un contrato que trajo aparejadas enormes contradicciones entre todos los protagonistas y una sola certeza: existió, fue firmado y consumado. Desde ese día la ciudadanía ha estado asistiendo a revelaciones de millonarias operaciones financieras del ministro Antonio Fretes, quien ejerce un cargo desde el cual, según exigencia de la Constitución Nacional, NUNCA pudo haber realizado negocio alguno que no fuera ejercer la magistratura o la docencia.
Sin ningún rubor, el todavía ministro permaneció en silencio mientras todas las publicaciones apuntaban solamente a su hijo Asdrúbal Fretes Valenzano y a una abogada de modestos orígenes, Lourdes González Gómez, como los líderes de un clan que manejaba negocios inmobiliarios urbanos y rurales, préstamos bancarios, agroganaderos, cobranzas y otros. Sin embargo, la aparición de una caja de seguridad en un banco, abierta por una de las empresas del clan Fretes, y que tenía como primer beneficiario final al propio ministro de la Corte, habría de ser solamente la punta de un gigantesco iceberg contra el cual se hundió su reputación en particular y el prestigio y respeto de toda la Corte Suprema de Justicia del Paraguay.
Hoy día se sabe que gran parte de la fortuna llegó a estar a nombre de Fretes. Y que cuando apeligró que se supiera que él era el dueño del dineral por la entrada en vigencia de la ley de transparencia de Sociedades Anónimas, habría nombrado varios testaferros a cuyos nombres puso su fortuna; entre ellos aparecen familiares y compueblanos. Invertía en operaciones financieras, adquiría bienes millonarios usando dinero en efectivo, una modalidad que aparece en los manuales más básicos que previenen el lavado de dinero. Y mientras hacía magistrales jugadas con negocios y dinero, iba firmando sentencias cuya rectitud están hoy completamente en duda.
Es casi una certeza de que no habrá ningún juicio político para el ministro y presidente –con permiso– de la Corte Suprema, Antonio Fretes. El día en el que los colorados consumaron el nuevo hediondo pacto cicatriz, sepultando los delitos y crímenes de los que se acusaron mutuamente, nos lo dejaron muy claro. Mientras el abdista Arnoldo Wiens intentaba maquillar su rendición ante quien juró no abrazar y en público le pedía al cartista Santiago Peña que las bancadas de la ANR se unificaran para permitir el juicio político de Antonio Fretes, Peña –sin ningún rubor– también en público le recordó claramente que Honor Colorado ya había apoyado a Fretes. Palabras más, palabras menos, Santi prefiere que el desvergonzado ministro se vaya porque le llegó la hora antes que usar un recurso constitucional para sacarlo por hacer indigno, indecente y falto de prestigio al Poder Judicial.
Es casi una certeza que el ministro Antonio Fretes –amo y señor de las jurisdicciones de Paraguarí y Misiones, de la Sindicatura de Quiebras y los Registros Públicos– se marchará del cargo cuando cumpla 75 años en marzo próximo; le han convencido de que ganará la pulseada al irse cuando se le antoje, que con el paso del tiempo la gente olvidará y que él hasta podría hacerse invisible para disfrutar de su enorme caudal financiero.
Imposible olvidar que Antonio Fretes hace más de 20 años integra la máxima autoridad judicial mientras a la par habría estado haciendo pingües ganancias con hechos sobre los cuales existen serias sospechas de que serían punibles y violatorios de nuestras leyes. Ni el más ingenioso y creativo ser vivo inteligente va a encontrar una razón lógica para justificar una fortuna estimada en alrededor de 20 millones de dólares que habría manejado el clan Fretes en flotas de vehículos, cuentas bancarias, inversiones financieras, empresas, inmuebles, acciones en dos bancos, la licencia de un medio de comunicación, casas de préstamos y otros negocios absolutamente incompatibles con el cargo de la más alta magistratura.
A no ser que ocurra alguna hazaña cuasiimpensable, el cumpleaños feliz de Antonio Fretes marcará su salida del Poder Judicial. Se irá sin haber sido echado a través de un constitucional juicio político, pero, teniendo en cuenta sus antecedentes, no podrá invocar que salió por la puerta grande. Cuando se mencione su nombre no será recordado por el récord de permanencia en la Corte Suprema, ni por haber sido responsable de la oficina de ética judicial. Tampoco se lo recordará por haber sido uno de los mimados del Gobierno de los Estados Unidos ni por haber ido a cursos especiales a Washington. No.
Desde el 17 de noviembre del 2022, el nombre del ministro Antonio Fretes ha entrado en los anales de la historia judicial de la República del Paraguay como el primer ministro de la Corte Suprema ligado a un escándalo sin precedentes para el titular de un Poder del Estado. Su nombre aparece vinculado a una auténtica fortuna, con la complicidad del sistema financiero formal que no detectó el sideral volumen y menos aún su origen.
Con algo de esperanza por la salida de la actual fiscala general Sandra Quiñónez y el arribo del nuevo, Emiliano Rolón, el ministro Antonio Fretes debería integrar el listado de exministros de la Corte que han quedado procesados e imputados. Escándalos similares de supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero del que acusan, por ejemplo, al exfiscal general Javier Díaz Verón y a su esposa palidecen ante la envergadura de la desvergüenza a la que estamos asistiendo desde hace casi dos meses.
Parafraseando la frase bíblica, se puede decir: Será más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja antes que Antonio Fretes quede impune con su descomunal fortuna.