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Mario Abdo Benítez ha promulgado sin objeciones el inflado y desfinanciado Presupuesto General 2023 y, con ello, ha acabado de perder el título de Presidente “de la República”, rebajándose a la simple condición de operador del Partido Colorado, para colmo en el triste papel de furgón de cola de Horacio Cartes. Era su oportunidad de terminar su mandato con cierto decoro, demostrando que, pese a todo, su voluntad es gobernar para todos los paraguayos y priorizar el interés nacional y la calidad de vida de la mayoría de la población por sobre cualquier otra consideración. Si alguna duda cabía, la alta investidura que le confió la ciudadanía como administrador del Estado le ha quedado demasiado grande.
El Presupuesto de 2023 incorpora de antemano un saldo rojo del 2,3% del PIB, equivalentes a casi 1.000 millones de dólares, sin considerar las ampliaciones que con toda seguridad se plantearán y probablemente se aprobarán durante el ejercicio, y habrá que rogar que no sobrevenga ninguna gran emergencia que haya que afrontar. De esta manera queda claro que no se va a cumplir la meta supuestamente consensuada de volver al tope de la ley de responsabilidad fiscal en 2024 y el período de Marito será recordado como el de mayor derroche y peores resultados en relación con el gasto de la historia económica del país.
Durante su “administración” el déficit se descontroló totalmente, superó todos los récords históricos, por primera vez estuvo por encima del límite legal desde que se instauró en 2013, y ello es solo tangencialmente atribuible a la pandemia, ya que solo una parte relativamente pequeña de ese formidable despilfarro se destinó realmente a ese fin. De hecho, jamás cumplieron la promesa de rendir cuentas “hasta el último guaraní”.
El agujero se financió con endeudamiento, que se disparó a niveles nunca vistos, y con emisión monetaria inorgánica. En tan solo cuatro años el saldo de la deuda pública pasó de 8.000 a 15.000 millones de dólares, y del 18% al 37% del PIB. Si ello se hubiese invertido en infraestructura, o incluso en un sistema de salud de primer orden, quizás se habría justificado, pero la mayor parte se esfumó en mantener y ampliar los beneficios y privilegios de la burocracia estatal, de grupos de presión y de la clientela política, en medio de la corruptela de siempre, sin una contraprestación mínimamente equivalente al conjunto de la sociedad.
En cuanto a los agregados monetarios, se desbordaron completamente en comparación con el magro crecimiento económico del período. El resultado es un proceso inflacionario que no se veía en el país desde hace más de una década, con impacto directo en el bolsillo de la gente por pérdida del poder adquisitivo del dinero, y mayor incidencia en los sectores menos pudientes, no solamente porque estos absorben inevitablemente el total de la inflación al gastar todo lo que ganan, sino porque la suba de precios es mayor que el promedio en la canasta básica de consumo, especialmente en alimentos, donde los más pobres gastan la mayor parte de sus ingresos.
Pero si el déficit crónico es de por sí una muy mala noticia para el presente y el futuro del país, lo es aun más el deterioro sistemático de la calidad y de la composición del gasto público. Con las “reasignaciones” aprobadas en el Presupuesto ahora vigente, los gastos rígidos constituyen el 90% de los ingresos tributarios del Tesoro, tal como “preocupadamente” lo advertían los técnicos del Ministerio de Hacienda antes de que, por obvias razones políticas, recibieran la orden de abrir el paraguas y justificar la promulgación.
Eso significa que prácticamente solo hay fondos genuinos para pagar sueldos, bonificaciones y jubilaciones del sector público, y para cubrir los vencimientos de la deuda, y para poco más. Todo el resto se tiene que solventar con préstamos, donaciones y otros recursos extraordinarios, por lo que la típica situación en el Estado paraguayo es que cada quien cobra a fin de mes, pero en los hospitales faltan remedios e insumos, las escuelas se caen a pedazos, lo que se estropea ya no se arregla, todo se encuentra en un estado de abandono, se retrasan las inversiones, las cuentas con proveedores se bicicletean, se le debe a cada santo una vela, con los sobrecostos que ello implica.
Este escenario había llegado a su límite el año pasado, por la sencilla razón de que ya no hay margen para seguir endeudando al país, pese a lo cual la mayoría parlamentaria infló artificialmente los ingresos y recortó inversiones y otros programas prioritarios para aumentos de sueldos, “recategorizaciones” y contratación de más personal. Más y más gastos fijos que complicarán muchísimo la ejecución presupuestaria en el segundo semestre, ya con el otro gobierno, y que se trasladarán automáticamente a los siguientes ejercicios.
El veto parcial no habría resuelto estructuralmente el problema del gasto público, pero habría significado una necesaria señal de que se cortó el chorro, que la politiquería no puede estar por encima del país y que el Gobierno en estos meses se va a dedicar a gobernar al margen del proceso electoral. Lamentablemente, una vez más, Marito no ha estado a la altura.