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El director de Mercados de la Municipalidad de Asunción, Juan Villalba, se permitió expulsar a funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que, como todos los años, realizaban un “operativo persuasivo” en la avenida Eusebio Ayala y en el Mercado N° 4, para verificar si los vendedores allí instalados en vísperas del Día de Reyes cumplían con su deber de emitir facturas. Actuaban así en virtud del encargo legal de aplicar las normativas sobre la percepción y fiscalización de los tributos fiscales, algo que resultó inaceptable para el iracundo director que, rodeado de subalternos, llegó a vociferar: “En mi casa no pueden hacer controles; se me van de acá”. Según el viceministro de Tributación, Óscar Orué, emplearon la fuerza para expulsar del sitio a los funcionarios de la SET, quienes debieron retirarse para no ser agredidos.
El insólito hecho, ya denunciado ante el Ministerio Público, se inscribe en el art. 296 del Código Penal, que castiga con hasta dos años de cárcel o con multa a quien, mediante “fuerza o amenaza de fuerza, resistiera o agrediera físicamente a un funcionario u otra persona encargada oficialmente de ejecutar leyes, decretos, sentencias, disposiciones judiciales o resoluciones, y estuviere actuando en el ejercicio de sus funciones”. Nótese que el prepotente director cree que los referidos espacios públicos son “su casa”, aunque no haya llegado al extremo de denunciar a los funcionarios de la SET por atropello de domicilio.
De hecho, su irracional actitud lo convirtió en un eventual encubridor del hecho punible de evasión de impuestos. Si se arrogó la facultad de impedir el control del cumplimiento de una obligación tributaria, bien podría prohibir mañana que agentes policiales ingresen en los mercados municipales –”su casa”– para capturar a un malhechor. Por otra parte, es probable que se enfade mucho si el viceministro Orué expulsa con cajas destempladas a los inspectores municipales que quisieran echar un vistazo a las instalaciones de la SET, si las considerara también “su casa”.
El incidente fue tan absurdo que hay motivos para cuestionar la normalidad del protagonista. Excediéndose largamente en sus atribuciones, se valió del “mbarete” para congraciarse con unos vendedores que, por lo demás, podrían haber estado ofertando productos introducidos de contrabando, en perjuicio del erario y de los competidores ajustados a la ley. Que un personaje a sueldo de los contribuyentes asuncenos ampare la “informalidad” hace de él un enemigo de la legalidad que tanto castiga al país, incluyendo a la administración municipal asuncena, que suele quejarse de la enorme evasión impositiva. Su notoria inconducta es absolutamente intolerable. No debe permanecer en su “cargo de confianza” ni tan siquiera un día más, porque quien imposibilita que un órgano competente trate de hacer cumplir la ley colabora con la delincuencia y, entre otras cosas, provoca la reducción de los ingresos públicos, como en el escandaloso caso referido.
Como Juan Villalba cree ser el propietario de los mercados, habrá que desengañarlo con un acto administrativo seguido, por de pronto, de una imputación del Ministerio Público. Aunque le duela en el alma, el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez tiene que desprenderse de este personaje si le resta algún sentido de lo que se llama institucionalidad. Lo ocurrido evidencia, por si hacía falta, que la capital del país es gestionada por unos ineptos que dan rienda suelta a la arbitrariedad sin tapujos, como si no tuvieran la menor conciencia del delito.
He aquí el bajísimo nivel de una administración municipal que no se contenta con mantener a Asunción en condiciones deplorables: también se ocupa de obstruir la tarea legítima de una entidad pública, apelando a la fuerza bruta para que no se descubran probables ilicitudes. Es demasiado.