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Es de suponer que un ministro de la máxima institución judicial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), obligado por la Constitución Nacional a “gozar de notoria honorabilidad”, nada tiene que ocultar a la opinión pública ni a la Contraloría General de la República y que, por ende, sus declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, reflejan cabalmente su situación patrimonial. En efecto, sería aberrante que un miembro de tal jerarquía dentro de la Justicia mienta bajo juramento, más aún cuando así impediría constatar si su patrimonio tuvo un aumento no razonable o no proporcional a sus ingresos o si estuvo ejerciendo el comercio o la industria, pese a la incompatibilidad con el cargo. Empero, en el Paraguay de hoy suele ocurrir que en el Poder Judicial sienten plaza personajes que no se ajustan a la ley ni a la moral, así que no resulta asombroso que, a pedido de la Cámara de Diputados, el citado órgano contralor haya abierto a inicios de diciembre de 2022 un examen de correspondencia sobre los bienes y las rentas declarados por el hoy cuestionado Antonio Fretes, presidente con permiso de la Corte.
Tras los aberrantes casos que van saliendo a la luz, en vez de dar un paso al costado, por el contrario, el mismo se atornilla al sillón, ignorando el más elemental decoro y hasta el pedido de sus pares, tras revelarse su intervención en una “rosca” familiar que, en los últimos años, creó empresas para quedarse con valiosos inmuebles a precios irrisorios, gracias a la Sindicatura de Quiebras, un organismo auxiliar de la propia suprema instancia judicial, en este caso a cargo de Blas Manuel Velázquez, un compueblano del opulento ministro. El resultado del examen de correspondencia deberá ser remitido al Ministerio Público, lo que implica que los diputados sospechan que el ministro de la Corte se enriqueció ilícitamente o presentó declaraciones juradas falsas. Lo primero a determinar es si esas declaraciones son veraces, algo que, a juzgar por las informaciones que se vienen publicando, bien puede ponerse en duda, por decir lo menos.
En efecto, en su última declaración jurada, del 22 de febrero de 2022, mencionó activos por un valor total de 3.806 millones de guaraníes, integrados por dinero en efectivo, depósitos bancarios, bienes muebles e inmuebles y una camioneta; empero, disimulando sobre todo participaciones accionarias, habría estimado prudente omitir un patrimonio de 10.663.244.801 guaraníes, distribuido en acciones, certificados de depósitos de ahorros, cabezas de ganado, una tarjeta de crédito, depósitos bancarios y una camioneta. Se ignora el contenido de una caja de seguridad abierta en el Banco Continental, lo que recuerda que la Ley N° 5033/13 permite a la Contraloría pedir a su titular el acceso al mismo, así como a papeles, archivos o registros, pudiendo reclamar la intervención judicial en caso de negativa. Todo indica que el declarante tuvo mucho que ocultar, seguramente porque su patrimonio real superaría sus legítimas posibilidades económicas.
La Cámara de Diputados es ágil a la hora de hacer interpelaciones a funcionarios o a emitir comunicados, pero suele ser reacia a conceder desafueros de sus miembros o a aprobar juicios políticos para altos funcionarios sospechados de corrupción. Eso mismo ha ocurrido con el caso de Antonio Fretes, en que no se ha podido reunir los votos necesarios para ser sometido a juicio político, de modo que esa cámara queda como una especie de “cómplice” de los impresentables que enlodan la función pública.
Por otra parte, este aberrante caso demuestra que las roscas persisten en los más altos niveles de la Justicia, como ocurrió durante la era siniestra de los González Daher, y ahora otra, presuntamente encabezada nada menos que por el propio presidente con permiso de la CSJ.
Así es que, la situación que vive el Paraguay es tan lamentable, que cada minuto que Antonio Fretes siga siendo ministro implicará un mayúsculo agravio al Derecho y a la ética y un total desprestigio para la máxima institución judicial. Por tanto, es de esperar que la Cámara Baja y el Senado se apresuren a evitar que se jubile y salga por la puerta grande: su indecencia debe hallar la enérgica respuesta que demandan la Constitución, la ley y el decoro.
El nombre de la República del Paraguay no puede seguir sufriendo tanto desprestigio, mientras los paraguayos decentes no deben ser obligados a soportar tanta humillación por parte de sus autoridades.