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Esta misma semana, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) hizo público el Calendario Educativo Nacional que regirá el curso del sistema durante todo el 2023. Sabemos ya que las aulas recibirán a los alumnos el 20 de febrero y que los despedirán el 30 de noviembre.
Según determina esta planificación, del 7 al 17 de febrero del 2023 se cumple el periodo de “Apertura y preparación de instituciones educativas de gestión oficial para el retorno a las actividades escolares”. Está claro que esta es una propuesta que solo podría ser eficiente en un mundo ideal, donde las escuelas están en buenas condiciones, sometidas a permanentes cuidados y mantenimiento y apenas hace falta limpiarlas, cambiar los focos o en el caso más extremo, darles una mano de pintura.
Lastimosamente, esa no es la realidad de la inmensa mayoría de las escuelas, con aulas en mal estado, hechas precariamente, con materiales de segunda, sin contemplar medidas de seguridad y sin mantenimiento alguno. En estos casos, que son la norma y no la excepción, no alcanzan dos semanas para poner a punto los espacios educativos que albergarán a los alumnos durante más de nueve meses.
Si no empezaron ya, todos los esfuerzos deben ponerse en marcha ahora mismo, con el acompañamiento de recursos que se requiera. Porque ya nadie cree que el Estado carece de fondos, cuando sí los hay para pagar aumentos y bonificaciones a los privilegiados funcionarios públicos. Es una cuestión de prioridades, y la educación de los niños y jóvenes debería serla.
La situación actual es la siguiente: el director de Infraestructura del MEC, Víctor Villasboa, informó que a nivel país hay al menos 2.000 aulas en mal estado, aunque la cifra podría ser mayor. El funcionario adelanta que aunque por ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) hace 10 años que los municipios y gobernaciones administran los recursos de infraestructura para las instituciones educativas, el MEC también pedirá una reprogramación presupuestaria de 14 millones de dólares para el año próximo, de modo de aumentar la cobertura.
Además, con el lenguaje al que los burócratas apelan para no llamar al pan, pan, y al vino, vino, señala que los procesos licitatorios están diseñados para salvaguardar la transparencia, y que las construcciones “llevan tiempo”. Ya está abriendo el paraguas y admite así que no será posible llegar al año próximo en “condiciones óptimas”.
Traducido, esto significa que, si no se actúa con decisión y premura, el 2023 será otro año de carencias y precariedad en la educación paraguaya. En los casos extremos, y no es una exageración sino una afirmación con base en la experiencia, estas carencias se traducen a su vez en un inminente riesgo para la vida de alumnos y docentes.
Es una ofensa y una falta de respeto a la comunidad educativa que ya entrado el siglo XXI las escuelas no sean un lugar de amor y cuidado para los alumnos, sino al contrario, un edificio que por descuido, corrupción o negligencia podría llegar a ser su verdugo.
La responsabilidad ciertamente no se limita al MEC; alcanza también a intendentes y gobernadores, y a todos los funcionarios involucrados. Empezando por los directores que deben encargarse de velar porque los espacios educativos no sean una amenaza inminente, a través de sus relevamientos e informes a las supervisiones.
Si no se actúa ahora mismo, el 20 de febrero los alumnos volverán a unas aulas tristes y feas y –en el peor de los casos– a espacios que pondrán sus vidas en riesgo.
Este será el último año del actual gobierno, encabezado por Mario Abdo Benítez. ¡Qué buena oportunidad para dejar como legado espacios educativos dignos, seguros y acogedores, favorables al aprendizaje y al crecimiento personal!
Si de verdad quisiera hacerlo, no hay un segundo que perder.