Habrá “rebote” económico, pero no hay que gastar a cuenta

Todo parece indicar que habrá un repunte económico en 2023, de la mano de una esperada buena campaña agrícola, siempre que el clima acompañe. Al mismo tiempo se pronostica un freno en la escalada de precios y del tipo de cambio. Son buenas noticias, pero hay que tener cuidado de que una coyuntura de cierta mejoría temporal en el corto plazo sea utilizada en la etapa culminante de la carrera electoral para profundizar el despilfarro y evadir la necesidad imperiosa de hacer ajustes y de avanzar con reformas estructurales que hagan sostenible el crecimiento y el desarrollo a mediano y largo plazos.

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Todo parece indicar que habrá un repunte económico en 2023, de la mano de una esperada buena campaña agrícola, siempre que el clima acompañe. Al mismo tiempo se pronostica un freno en la escalada de precios y del tipo de cambio. Son buenas noticias que permiten recibir el año nuevo con mejores expectativas y mayor confianza, pero hay que tener cuidado de que una coyuntura de cierta mejoría temporal en el corto plazo sea utilizada en la etapa culminante de la carrera electoral para profundizar el despilfarro y evadir la necesidad imperiosa de hacer ajustes y de avanzar con reformas estructurales que hagan sostenible el crecimiento y el desarrollo a mediano y largo plazos.

Según estimaciones de analistas privados, el producto interno bruto (PIB), que es la suma del valor de los bienes y servicios que se producen en la economía, cerrará en torno a cero en 2022, pero experimentará una expansión del orden del 10% el año entrante, mientras que la presión inflacionaria se mantendrá estable y favorecida por una probable reducción del precio de los combustibles.

El motor de este inicio de recuperación es, como de costumbre, la economía agraria, particularmente la agricultura, que muestra buenas señales después de dos temporadas muy malas, especialmente la última, cuando se perdió el 60% de la cosecha a causa de la prolongada sequía. A partir del tercer trimestre de este año ya se observa una fuerte reacción, que llevaría el crecimiento del sector primario al 20% el año que viene.

Ahora bien, no todo lo que brilla es oro. Por impactantes que parezcan las cifras, en realidad lo que reflejan es solo un “rebote”, dado que el crecimiento del PIB se compara con el año inmediatamente anterior, por lo que se parte de una base muy baja después de tres años de virtual estancamiento. Por ejemplo, se proyecta que, si todo va bien, la producción de soja llegaría a las 9 millones de toneladas, que es casi tres veces más de lo que produjo en la campaña anterior, pero que está todavía muy por debajo de los récords históricos de más de 10,4 millones de toneladas.

Lo mismo con los precios. No es que no van a subir y, mucho menos, que van a retornar a los niveles de 2020, sino que probablemente ya no lo harán al mismo ritmo que lo han estado haciendo durante todo este año, con la excepción quizás de los combustibles, cuya cotización depende del mercado externo.

Este es el escenario. No es el peor posible, pero tampoco es el óptimo. Y sobre todo no debe ser utilizado como justificación para que la clase política comience a gastar a cuenta, riesgo que aumenta en este tiempo electoral. Al contrario, lo ideal es aprovechar el período expansivo para adoptar medidas contracíclicas de ajuste sin tanto costo social, con el objetivo de ahorrar para cuando la economía se vuelva a contraer.

Una de esas medidas que debería adoptar el Poder Ejecutivo es vetar parcialmente el Presupuesto General 2023, por lo menos el artículo 280, que establece “fondos de recategorización salarial” para diversos sectores del funcionariado. El presupuesto sancionado por el Congreso no solamente incorpora de antemano el déficit máximo del 2,3% del PIB que se había puesto como meta para todo el año, sin considerar las típicas ampliaciones posteriores y las posibles emergencias, sino que contiene un alto componente de reasignaciones para gastos rígidos, especialmente salarios y bonificaciones, lo que genera un desequilibrio permanente en las finanzas públicas.

El alto déficit crónico del Estado tiene graves consecuencias para el país y pone en peligro la sostenibilidad fiscal, sin la cual no se puede aspirar a cumplir con las prioridades de la ciudadanía ni a elevar la calidad de vida de la población. Un resultado de ello es la bola de nieve del endeudamiento público, que ya alcanza el 37,3% del PIB, con un saldo de 15.000 millones de dólares, frente a los 8.000 millones del principio del mandato de Mario Abdo Benítez.

Esta situación no puede continuar. Es de esperar que el Gobierno se aparte del juego político-electoral y dedique los ocho meses que le restan de gestión a ordenar la casa y entregarla en las mejores condiciones posibles.

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