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En Brasil se anunció una reducción del 38,9% de la tarifa de Itaipú para 2023 y en Paraguay de nuevo se ha desatado una polémica estéril, porque un sector importante de la opinión pública se ha dejado influenciar por posiciones equivocadas, demagógicas o directamente interesadas. La reducción de la tarifa de Itaipú no es perjudicial para nuestro país. Todo lo contrario, lo beneficia y mucho, especialmente a la ANDE en una primera instancia. Ciertos políticos, acostumbrados a medrar con las migajas con las que históricamente se han comprado muchas conciencias en Paraguay, quieren que se la mantenga elevada solamente para asegurarse un margen de “gastos sociales” que les permita continuar con la repartija. El interés nacional está muy por encima de eso.
La tarifa de Itaipú es lo que pagan tanto Brasil como Paraguay para retirar la energía generada por la usina. Como la entidad binacional no tiene fines de lucro, su tarifa debe reflejar estrictamente su costo de producción, en el cual se incluyen el costo financiero, el costo de explotación, así como los royalties y resarcimiento a la ANDE y a su par del Brasil. Y dado que la deuda está prácticamente cancelada y la central ya casi totalmente amortizada, la reducción de la tarifa es una consecuencia lógica y prevista, que beneficia a los dos países contratantes con energía limpia, abundante, renovable y barata por el aprovechamiento de un recurso natural compartido, que es el potencial energético del río Paraná.
Ahora bien, todo producto tiene un precio de costo y un precio de venta. La tarifa de Itaipú es el precio de costo y la negociación en puertas con Brasil no tiene nada que ver con ello. El gran problema a resolver guarda relación con el precio de venta, debido a que actualmente Paraguay está obligado a ceder sus excedentes a cambio de una ínfima “compensación”, y es la operadora estatal brasileña (antes Eletrobras, ahora ENBpar) la que comercializa esa energía paraguaya entre distribuidores privados en el mercado mayorista, quedándose con gigantescas diferencias que le pertenecen al pueblo paraguayo.
En teoría, Paraguay es dueño del 50% de todo lo que genere Itaipú y, de hecho, hay diez turbinas brasileñas y diez turbinas paraguayas. En la práctica, sin embargo, en virtud del Anexo C del Tratado, si una de las partes (o sea, Paraguay) “decide no utilizar” toda su mitad, el Tratado, a través de su Art. XIII, en la práctica, reconoce al Brasil el “derecho de adquisición” del excedente paraguayo. Mediante ese injusto mecanismo Brasil se ha asegurado el 85% de toda la producción de Itaipú desde que comenzó a generar en 1984, incluida la porción paraguaya, por la que no tuvo que pagar más que el precio de costo (tarifa de Itaipú) y un vil resarcimiento, que actualmente apenas araña los 10 dólares megavatio/hora cedido, frente a los 100, 200 y hasta 300 dólares en que se cotiza en el mercado regional.
Lo ideal sería que Paraguay no tuviera que “decidir no utilizar” toda su parte y pudiera consumir el total de su mitad para su propio desarrollo. Pero la realidad es que todavía tiene, y tendrá durante un buen tiempo, unos 20 millones de MWh de excedentes anuales que no consume y que, por ende, debería poder vender a precio de mercado, como es lógico y pasa en cualquier relación comercial. Por poner un paralelismo, Arabia Saudita no consume todo el petróleo que produce. ¿Qué hace? Lo vende, por supuesto. Paraguay tiene el mismo derecho, tan simple como eso.
Por lo tanto, o Brasil le paga a Paraguay un valor al menos cercano al precio de mercado por la parte paraguaya de la energía de Itaipú, ya descontado el precio de costo (la tarifa), o permite que sea Paraguay, y no ENBpar, el que comercialice esa energía y obtenga las rentas correspondientes. Es eso lo que hay que negociar, no la tarifa ni las “migajas”. De hecho, cuanto menor sea la tarifa, mejor, tanto para el consumo interno como para la reventa.
Si en algún momento se creyó que la tarifa podría ser una carta de presión para obligar a Brasil a sentarse en la mesa de negociación, la realidad pronto demostró que no era más que una ilusión. La tarifa es el prorrateo de los costos, es solo matemática y contabilidad, Brasil no hace más que aplicar el Tratado y no necesita autorización de Paraguay para ello.
En cambio, hay importantes iniciativas que no necesitan la autorización de Brasil y que se deberían estar llevando adelante en nuestro país. Por ejemplo, mientras se negocia diplomáticamente la posibilidad de que Paraguay subaste su energía en Brasil, hay que adecuar la estructura normativa e institucional, diseñar mecanismos de supervisión y transparencia, contratar expertos, formar a los recursos humanos, convocar a las empresas y los bancos interesados, establecer las reglas del juego y las bases para las futuras licitaciones de los bloques de energía. En nada de esto se está avanzando.
En coincidencia con la puesta en funciones del próximo gobierno, en agosto se cumplen 50 años de vigencia del Anexo C, plazo previsto para su revisión. Sin duda será uno de los temas de la campaña para las elecciones generales de abril y hay que estar muy atentos al grado de conocimiento y sensatez que muestren los candidatos. Pero también es necesario que la gente se informe, que sepa distinguir lo principal de lo secundario, para no dejarse engañar ni que se desvíe la atención de las verdaderas reivindicaciones paraguayas.