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A diferencia de una persona física o jurídica del sector privado, a la que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) le corta la provisión de energía eléctrica si incurre en tres meses de mora, un ente público puede seguir consumiéndola, por tiempo indefinido, aunque no esté al día con el pago de sus facturas. Conste que la Ley N° 5060/14 le prohíbe seguir prestando el servicio a las instituciones estatales sin el pago efectivo de las facturas mensuales, es decir, le obliga a desconectar el servicio, de acuerdo con el procedimiento de corte aplicable a todos los clientes, con la comprensible excepción de los centros de salud y los hospitales.
La atinada disposición es letra muerta, de modo que las entidades públicas siguen funcionando sin pagar el consumo de energía eléctrica, pese a que los fondos necesarios son asignados cada año en el Presupuesto General de la Nación. Según el gerente comercial Rodys Rolón, el Estado adeuda a la ANDE unos 432.000 millones de guaraníes; hace siete años, debía “solo” 230.527 millones, lo que significa que la situación ha empeorado notablemente, sin que se tomen medidas para revertir el creciente endeudamiento. La ley citada ordenaba que el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, cumpla con el pago de la deuda acumulada en un plazo de cinco años, una meta que, con toda evidencia, no ha sido alcanzada.
En 2019, un convenio entre dicho ministerio y la ANDE por valor de 126.000 millones de guaraníes dispuso el pago de las deudas por consumo de energía eléctrica que arrastraban los Ministerios de Defensa Nacional, de Educación y Ciencias, de Salud Pública y Bienestar Social y del Interior, así como de las Fuerzas Amadas, la Policía Nacional y, créase o no, la Subsecretaría de Estado de Tributación. Como ahora se sabe, la cuestión se ha agravado. “Es una lucha permanente”, al decir del mencionado gerente comercial. Serían pocas, para no decir ninguna, las entidades públicas que están al día con la ANDE; tan es así que algunas de ellas estarían en deuda desde hace años, lo que plantea la cuestión de adónde va a parar la suma anual prevista para el pago. De hecho, el Estado es un pésimo pagador, pues también tiene inmensas deudas con el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Municipalidad de Asunción.
Cada mes, las instituciones estatales morosas reciben el extracto de cuentas para que luego el Ministerio de Hacienda haga las respectivas transferencias. Si no lo hace, es porque no cuenta con las facturas correspondientes, porque carece de “disponibilidad” o porque desvía para otros menesteres los fondos previstos. Si a ello se suman las 150.000 “conexiones clandestinas” que le privan de unos US$ 60 millones anuales, el “aporte intergubernamental” que debe transferir cada año por un valor similar, los generosos privilegios otorgados a su personal y la sempiterna corrupción, resulta que la empresa pública está siendo sistemáticamente descapitalizada. Aquí es grande la responsabilidad estatal: el hecho de que sus organismos no cumplan, impunemente, con lo que se exige a todo usuario, supone un tratamiento desigual.
Claro que la suspensión del servicio prestado a los morosos del Estado causaría serios trastornos que terminarían perjudicando otra vez a toda la población, pero algo hay que hacer para contener la sangría causada por los impagos no solo a la ANDE, sino también a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones SA (Copaco) y a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). Vale repetirlo: si los fondos fueron presupuestados, los recursos deben estar disponibles en alguna parte.
Ya es tiempo de que el Ministerio de Hacienda y cada una de las entidades públicas deudoras den las explicaciones de rigor, para que la opinión pública no presuma que el dinero que debería llegar a la ANDE está siendo desviado para cubrir otras deudas o gastos de personal. Sería aconsejable, en fin, que la Contraloría General de la República se ocupe de este viejo asunto, disponiendo un examen especial. Esta morosidad es parte importante de la deuda pública interna y debe ser subsanada de una vez por todas. El Estado no puede estar exigiendo a los particulares lo que no se exige a sí mismo.