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Partidos políticos, y una concertación de ellos, realizaron sus elecciones internas para elegir a quienes los representarán en los comicios generales previstos para el 30 de abril de 2023, sean para presidente y vicepresidente de la República, para las cámaras del Congreso, como para gobernadores y miembros de Juntas Departamentales, en todo el país. Se puede decir que la ciudadanía eligió libremente, si bien se sabe que muchos aún votan por el color y la polca, que otros favorecen a candidatos que les asisten en sus necesidades perentorias aprovechándose de su pobreza, y otros más que votaron por la propaganda engañosa, de esas que prometen que el país va a cambiar radicalmente en los próximos cinco años de gobierno, sin percatarse de que muchos de quienes eso prometen son, precisamente, los mismos que llevaron y siguen llevando a nuestro país a la quiebra.
Como es obvio, haber votado en las elecciones internas de cierta agrupación política no impide apoyar a otra en los comicios generales. Las cartas aún no han sido echadas, así que hay tiempo para que, durante los próximos meses, el ciudadano se siga informando sobre quiénes han salido airosos y acompañen sus pasos con mucha atención. En otras palabras, hay tiempo para corregir el eventual error cometido en las urnas “internas”, lo que amerita que los ciudadanos sigan observando con cuidado el comportamiento de quienes en esta oportunidad han sido merecedores de su preferencia.
La importancia de estos comicios está marcada en que tanto el presidente como el vicepresidente de la República ocuparán el Palacio de López por cinco años, y solo podrán ser destituidos mediante un juicio político, si cometió un delito o desempeñó mal sus funciones. Se trata de una medida excepcional, que requiere una mayoría calificada en ambas Cámaras, muy difícil de obtener, de acuerdo a la experiencia. Entonces, lo más probable es que, aún cuando tuvieron un pésimo desempeño, se les tenga que “aguantar” durante el tiempo que dure su mandato, lo que habla a las claras sobre la necesidad de realizar una buena elección.
En cuanto a los legisladores, que tan pésimo desempeño suelen tener, ocurre algo similar. Como no está prevista la revocatoria del mandato de cinco años, los legisladores solo pueden perder su investidura si violan el régimen de las inhabilidades e incompatibilidades o incurren en el “uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”. En los últimos años, solo cuatro parlamentarios –los colorados Óscar González Daher y Víctor Bogado, así como los liberales Carlos Portillo y Dionisio Amarilla– han sido expulsados por sus pares, lo que demuestra que no cabe confiar mucho en una autodepuración del Congreso.
En lo concerniente a los gobernadores y a los concejales departamentales, pueden ser destituidos por la Cámara de Diputados, previa intervención. Los recientes casos de los exgobernadores colorados Hugo Javier González (Central) y Juan Carlos Vera Báez (Guairá) no son motivo suficiente para esperar que los desmanejos de los futuros gobernadores sean sancionados en esa instancia, porque todo está muy ligado a los grupos políticos a los que responden. En efecto, no hay antecedentes de concejales que hayan sido cesados en sus funciones. Como en todas las carpas existen indeseables, en las cámaras legislativas está muy vigente aquello de “hoy por ti, mañana por mí”, por lo que se defienden mútuamente ante los reclamos de destitución.
Lo antedicho sugiere cuán importante es que, ya pensando en las elecciones generales, que el votante obre a conciencia, tras haberse informado ampliamente de la índole de los candidatos y no solo de sus “propuestas”, dado que las consecuencias de su elección serán duraderas. Deben recordar que elegir no conlleva entregar una carta blanca para que los favorecidos hagan o dejen de hacer lo que les venga en gana. Es conveniente, por tanto, que la gente escudriñe en el “pedigree” y el currículo de los elegidos en estas instancias, que se informe sobre su vocación de servicio, y traiga a colación su prontuario para analizarlo con detenimiento. Debe recordarse que las más altas autoridades de nuestro país reconocen que el crimen organizado ha infiltrado organismos de los tres Poderes del Estado, por lo que sube de tono la necesidad de adoptar las más rígidas precauciones.
Y, en última instancia, es de gran necesidad que la dirigencia de los partidos políticos en primer lugar, y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) después, realicen un minucioso análisis del financiamiento que han tenido los candidatos, a sabiendas de que, con anterioridad, varios personajes electos, tanto en las cámaras legislativas como en otros cargos electivos, en varios puntos del territorio, se han visto salpicados por el narcotráfico. Debe recordarse que la Secretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) están obligados por la ley a coadyuvar en esta materia con el TSJE, sin perjuicio de las facultades propias del Ministerio Público.
Vale repetir que es mucho lo que estará en juego en breve, de modo que a partir de hoy será preciso abrir aún más los ojos, especialmente con relación a las fuentes de financiamiento de quienes se han convertido en candidatos: urge impedir que la mafia siga incidiendo en las instituciones a través de quienes ocupan cargos electivos.