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En cuanto a los próximos candidatos a parlamentarios y concejales, esta es la segunda elección después de las municipales que se realiza bajo la modalidad de listas desbloqueadas, que no es un sistema óptimo, pero que potencialmente permite, si no eliminar a los más impresentables, por lo menos relegarlos a lugares en los que después les resulte más difícil lograr el objetivo que pretenden mediante la compra de conciencias. Para ello es fundamental que los sufragantes, en el cuarto oscuro, no le otorguen su voto preferencial a cualquiera, sino a la persona dentro de la lista que, a su criterio, realmente reúna los requisitos. Solo así se puede lograr que los mejores ocupen los primeros lugares y los peores los últimos, para beneficio de toda la comunidad.
En cuanto a las duplas presidenciales, la sociedad tiene que estar consciente de que el país se encuentra en un momento delicado y que quienes asuman la administración de la República se enfrentarán con serios desafíos de los que depende el futuro de la nación y la calidad de vida de la población. Por ello, de acá a abril los postulantes más que nunca deben ser sometidos a un estricto escrutinio de la ciudadanía, que no solamente tiene que considerar la razonabilidad de sus opiniones y sus propuestas sobre los grandes temas nacionales, sino también, y especialmente, su credibilidad, su capacidad y su honestidad.
Al próximo Gobierno le tocará, por ejemplo, la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú con Brasil. El país se juega mucho en esta instancia. Lo más importante es cómo se distribuirán en adelante las rentas de los 20 millones de megavatios/hora de excedentes que todavía tiene Paraguay en la central hidroeléctrica. Actualmente se ve obligado a ceder a su socio esa porción de su 50% a cambio de una ínfima compensación, a razón de 10 dólares el MWh, y es la operadora estatal brasileña la que comercializa esa energía paraguaya en su mercado mayorista, entre distribuidoras privadas, a 100, 200 y más dólares el MWh. El Gobierno paraguayo tendrá que ser muy inteligente, llegar a acuerdos que sean aceptables para Brasil, pero a la vez muy firme para que nuestro país obtenga los dividendos que legítimamente le corresponden, y no dejarse doblegar y conformarse con pequeñas concesiones, frustrando las aspiraciones nacionales, como ha ocurrido históricamente.
Un segundo gran desafío que tendrá el próximo Gobierno será recuperar los equilibrios macroeconómicos y asegurar la sostenibilidad fiscal, algo que se ha vuelto todavía más difícil con el inflado y desfinanciado Presupuesto que se acaba de aprobar para 2023, con un aumento significativo de los gastos rígidos, cuya ejecución se complicará mucho en la segunda parte del año entrante, justamente cuando asuman las nuevas autoridades, y en los siguientes ejercicios. Paraguay tiene un alto déficit fiscal que se ha vuelto crónico, un endeudamiento público superior al 35% del PIB, ya por encima del límite de prudencia, agregados monetarios desbordados, con una inflación muy superior a la acostumbrada, ya anclada en los dos dígitos en segmentos muy sensibles para la gente, como los alimentos. De la gestión y la habilidad política de la siguiente administración depende que el país vuelva a la envidiable situación de estabilidad, crecimiento y reducción de la pobreza que gozaba hace una década o ingrese definitivamente en una dinámica similar a otros de la región, como Argentina.
También corresponderá al próximo Gobierno impulsar un paquete de reformas estructurales que mejore la calidad del gasto público, optimice los servicios estatales a la ciudadanía y eleve el potencial de crecimiento de la economía. Ya están en el Congreso dos proyectos de ley en el marco de la reforma del Estado, el de la función pública y el de contrataciones públicas, que son muy importantes, pero que serán resistidos, sobre todo el primero, por lo que requerirán poder de negociación, de convencimiento y mucha voluntad política. Y no son los únicos. Es imperativa, por ejemplo, una reforma previsional y, dentro de ella, abordar el gravísimo problema de la Caja Fiscal, cuyo déficit estimado para el siguiente mandato es de 2.500 millones de dólares, el triple del total de recaudaciones por impuesto al valor agregado.
Otro asunto de extraordinaria importancia y urgencia es la educación pública. El Estado paraguayo invierte alrededor de 1.000 millones de dólares al año en educación, pero los resultados son misérrimos. Ya antes de la pandemia el 68% de los alumnos de 15 años no alcanzaba las competencias básicas en lectura, el 92% en matemática y el 76% en ciencias, y con la interrupción de las clases, esta dramática crisis se agravó mucho más. El MEC no está cumpliendo las mínimas expectativas y debe ser objeto de una profunda revisión, que en gran medida pasa por el rendimiento y productividad del plantel de docentes y de funcionarios, que se llevan en salarios más del 80% del presupuesto y siguen recibiendo aumentos indiscriminados, no sujetos a evaluación, pese al pobre desempeño.
Para todo esto y mucho más el país no solamente precisa a sus mejores mujeres y hombres, sino desembarazarse de los “escombros”, como los llamaba monseñor Ismael Rolón, verdaderos antipatriotas a los que solo les importan sus privilegios y llenarse los bolsillos con el esfuerzo ajeno, para lo cual no dudan en cumplir con su clientela y sus mandantes sectoriales a costa del desarrollo nacional. Ciudadana, ciudadano, está en sus manos: vote por los primeros y bote a los segundos.