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“Si no sale, hay que tirarlo por la ventana”, es la opinión que utilizó el doctor Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), una de las grandes entidades del sector económico del país, al referirse al presidente (con permiso) de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, atornillado a su cargo de ministro. Tan contundente frase pronunciada por un importante dirigente gremial revela el hartazgo de una ciudadanía que cada día debe convivir con la defección de sus principales autoridades, arrojando al abismo la imagen del país.
La Constitución dice que un ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene que “gozar de notoria honorabilidad”, requisito que no exige a quienes vayan a ocupar un escaño o ejercer la Presidencia o la Vicepresidencia de la República. Se supone, pues, que un integrante de la máxima instancia judicial debe tener un prestigio tal que lo haga digno de respeto de sus conciudadanos. Por tanto, no basta con que carezca de antecedentes penales, sino que también es preciso que la estima pública por sus méritos le otorgue la autoridad moral suficiente para impartir justicia. Si Antonio Fretes gozó alguna vez de “notoria honorabilidad”, hoy puede pensarse que ya la ha perdido totalmente.
Acaba de saberse que el 19 de noviembre de 2018, la firma Río Salado SA, dirigida por su hijo Asdrúbal Fretes y dueña de numerosos predios derivados de quiebras administradas por un órgano auxiliar de la propia CSJ en perjuicio de propietarios legítimos, abrió una caja de seguridad en el Banco Continental, cuyo primer beneficiario fue justamente el hoy desprestigiado ministro, autorizado a realizar allí depósitos y extracciones de valores. ¿Lo ignoraba Antonio Fretes, el mismo que dijo a este diario no tener nada a su nombre? Sería absurdo abrir para alguien una caja de seguridad, sin que el mismo se entere. A este paso, no es descabellado pensar que el afortunado tiene participación de hecho en la citada empresa, accionista de varias otras entidades, entre ellas el banco aludido. Por cierto, los magistrados no pueden ejercer el comercio ni la industria, ni por sí ni por interpósita persona.
Si el susodicho debió haberse enterado de la apertura de una caja de seguridad a nombre suyo, similar suposición podría hacerse con respecto al contrato firmado por su hijo Amílcar para evitar la extradición del libanés Kassem Mohamad Hijazi. Y no solo eso: ¿acaso sería creíble que no tenía la menor idea de que la firma Río Salado ha sido muy favorecida por las actuaciones del órgano encabezado por su compueblano Blas Manuel Velázquez, síndico de Quiebras, cuyo patrimonio neto creció de 63.335.200 guaraníes en 2016 a 880.000.000 en 2019, según sus declaraciones juradas? Nada de lo referido sería compatible con la “notoria honorabilidad” del cuestionado ministro.
El Ministerio Público está investigando tanto a su hijo Amílcar, por el acuerdo celebrado con Hijazi, como a su hermano Asdrúbal, por lavado de activos. El viceministro de Tributación, Óscar Orué, ya proveyó datos sobre la situación tributaria de ambos vástagos, siendo de esperar que el órgano que dirige Sandra Quiñónez actúe como corresponde en tan fétidos casos. Sería muy conveniente, por ejemplo, que en el marco de la pesquisa pida una orden de allanamiento para conocer el contenido de la caja de seguridad abierta por Río Salado SA en favor de quien sigue aferrándose indignamente a su poltrona, pese al pedido de sus pares, de la Cámara de Diputados y de la de Senadores, y varias organizaciones civiles, como el Colegio del Abogados del Paraguay y la mencionada ARP. En otras palabras, el órgano que representa a la sociedad ante la judicatura debe poner bajo la lupa a Antonio Fretes, cuyos vínculos con sus hijos no serían solo de sangre.
Cabe preguntar si, a más del Ministerio Público, qué hacen las demás instituciones de control, si qué esperan para intervenir con firmeza en tan repugnantes casos. La abundancia de entidades que deben combatir la corrupción no constituye ninguna garantía, sino todo lo contrario, ya que “se tiran la pelota”, como se dice, y sus gestiones se pierden en la conocida frase “estamos investigando”. Los resultados casi nunca tienen consecuencias. En este sentido, es la prensa la que viene aportando más datos para la investigación.
Con todo lo que ya se sabe, salta a la vista que el presidente con permiso de la CSJ ya no debe seguir violando la Constitución, mancillando aún más el Poder Judicial con su notoria falta de honorabilidad. Para el país es una verdadera vergüenza, pese a lo cual es de desear que no se llegue al punto de “tirar por la ventana” a quienes quebrantan la ley, sino que la Justicia le dé a cada cual su merecido castigo.