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Cada año, en el marco de la festividad de la Virgen de Caacupé, los prelados transmiten a los miles de compatriotas reunidos ante la Basílica Santuario el parecer de la Iglesia sobre numerosas cuestiones, muchas de ellas graves, de interés público que, por lo demás, tienen un carácter persistente. Si las homilías suelen parecer reiterativas es porque hay vicios que deben ser combatidos desde el púlpito, una y otra vez, para que no sean considerados propios de la idiosincrasia paraguaya. Para evitar que la gente piense que “así nomás luego tiene que ser”.
Sin duda, una de las lacras más nocivas es la corrupción generalizada, en la que están involucrados no solo altos funcionarios, sino también particulares que comparten el festín de las contrataciones públicas fraudulentas o sobornan para evitar una multa por infracción de tránsito. Es de amplio espectro y se aprovecha incluso de una pandemia, afectando severamente la moral pública, ya que la impunidad la vuelve contagiosa. En opinión del cardenal Adalberto Martínez, una y otra son realidades estructurales que se acentuaron con la aparición del crimen organizado, el contrabando y el lavado de dinero. En realidad, el contrabando es de vieja data, pero no así la reciente inserción de la mafia, que blanquea el dinero sucio y penetra en las instituciones, hasta el punto de que nuestro país corre el serio riesgo de convertirse en un narcoestado.
Se entiende así que los jóvenes peregrinos de la Pastoral Juvenil hayan instado en un pronunciamiento a los compatriotas a que, en los próximos comicios, no pongan el futuro del Paraguay “en manos de mafiosos y corruptos”, dado que, sin emitir un voto responsable, seguiríamos en las mismas condiciones. Tienen toda la razón, atendiendo que los males apuntados son atribuibles, en gran medida, a personas elegidas por los propios ciudadanos, así que de ellos dependerá, en última instancia, interrumpir la carrera político-delictiva de sus verdugos. En igual sentido, alarmado por la pésima calidad de la “clase política”, el obispo emérito Ignacio Gogorza fustigó a supuestos líderes que persiguen sus intereses personales, engañando a la gente. Puede añadirse que, por ende, es deseable que los electores se informen sobre el historial de los candidatos, pero también que se abstengan de corromperse vendiendo su voto.
Conste que la ciudadanía no elige la judicatura que padece, culpable de que la Justicia no sea pronta ni barata, según el obispo Miguel Ángel Cabello. A su criterio, se habría vuelto una simple mercancía, a la que no tiene acceso el pobre ni, cabe agregar, quien no tiene los contactos adecuados para influir en las decisiones.
Por su parte, según el obispo Celestino Ocampo, entre los desamparados figuran los indígenas, víctimas de violencias y desalojos ante los que se hallarían indefensos, atropellos también resultantes, por cierto, de la inacción del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). Siempre en el ámbito de la Justicia, el hecho de que agentes fiscales y jueces hayan estado al servicio de un deleznable usurero y que tanto la cuestionada fiscala general Sandra Quiñónez como el presidente (con permiso) de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes –cuya renuncia le solicitaron hasta sus pares– continúen en sus respectivos cargos, dice mucho acerca de la majestad de la Justicia y de la vigencia del postulado de “dar a cada uno lo suyo”.
Por otra parte, el reciente fallo dictado contra la libertad de prensa –también recordado por algunos obispos en sus homilías en Caacupé– que confundió aviesamente la difamación con la crítica al ejercicio de un cargo público, muestra que uno de lo principios básicos del sistema democrático es lisa y llanamente ignorado en el lamentable Poder Judicial.
En verdad, resulta penoso que en vísperas del 8 de diciembre se escuchen todos los años casi las mismas admoniciones –que pueden considerarse atinadas–, lo que sugiere que la población debería manifestarse, públicamente y dentro de la ley, con mayor energía, contra los responsables de un estado de cosas francamente deplorable: hay que denunciarlos una y otra vez, allí donde se los encuentren, para que algo cambie. También el silencio de las personas honestas contribuye a que la infamia se perpetúe.
En defensa propia, la sociedad debe poner en la picota a los corruptos y a quienes los dejan impunes, por venales o por cobardes. La prensa libre hará lo que le corresponde, pero también es preciso que la población, convencida de que se le está robando el presente y el futuro, se levante contra sus victimarios.
Es muy importante que los pastores de la Iglesia Católica –religión mayoritaria de los paraguayos– hayan denunciado varias de las lacras que mantienen postrado al Paraguay. Pero debe recordarse que, en última instancia, la redención del pueblo paraguayo depende de él mismo.