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En el segundo día del novenario de la Virgen de Caacupé, el obispo del Vicariato Apostólico del Chaco, Mons. Gabriel Escobar, creyó oportuno ocuparse con elocuencia de la libertad de prensa coartada judicialmente, demostrando así la tradicional sensibilidad de la Iglesia Católica ante las graves cuestiones que afectan el bien común. Los feligreses escucharon una condigna respuesta a la vileza de recurrir a una querella penal para castigar la crítica a determinado ejercicio de la función pública o, en palabras del prelado, “amordazar a los periodistas (...) a través de condenas inconsistentes y muchas veces viciadas por el mismo entorno judicial”.
De lo que se trata, precisamente, es de silenciar a la prensa y no solo con una sentencia arbitraria, dictada por jueces timoratos o corruptos al servicio de los que mandan; también se pretende, mediante la simple amenaza de esta aberrante vía, que el periodismo practique la odiosa autocensura preventiva, con el fin de evitar la fulminante caída de la espada de Damocles: el cháke puede resultar efectivo, si el periodismo no está a la altura de su misión de opinar e informar sobre asuntos de interés general. Defendiendo la libertad de prensa, el ciudadano protege a la vez su derecho a saber, a enterarse de pareceres diversos e incluso a dar a conocer los suyos. Atentar contra ella implica violar, en última instancia, un derecho individual básico: solo las dictaduras aspiran a la ignorancia y al silencio de los gobernados.
Duele decirlo, pero en este país la prensa es, en gran medida, el paño de lágrimas de las víctimas de la pobreza, de la arbitrariedad o de la corrupción, ante la defección de quienes deberían protegerlas desde el Estado. De algún modo, ella responde a la pregunta del obispo de adónde recurrir para pedir justicia: cuando se cierran las puertas, quedan al menos las de la prensa libre. Hizo bien en exhortar al cuidado de la libre expresión del pensamiento, sin el cual el sistema democrático resulta inconcebible, así como en llamar la atención sobre el “rebrote de incertidumbre”, derivado de la instrumentalización de la Justicia con fines bastardos. En otras palabras, cuando se silencia al periodismo, la población queda expuesta a los atropellos de los autoritarios y a los saqueos de los corruptos.
La incertidumbre de la que habla el prelado no debería existir cuando impera el Estado de Derecho, esto es, cuando haya magistrados que se ciñen a la ley, aplicándola a todos por igual, sin depender de lo que hagan o dejen de hacer unos jueces que intercambian sus fobias contra la libertad de prensa a través de WhatsApp, exhibiendo un deplorable “espíritu de cuerpo”. Es saludable que las sesiones del pleno de la Corte Suprema de Justicia se transmitan en vivo desde el 20 de noviembre de 2018, pero el “entorno judicial” del que habla el vicario apostólico sigue siendo bastante opaco y, sobre todo, nada digno de confianza, como acaba de revelarse: dado que se cree exento de toda crítica y que le importa poco la libertad de expresión de los justiciables, es de temer que vuelva a vulnerarla confundiéndola con la difamación.
También es bueno que los ministros de la máxima autoridad judicial hayan asistido a la conferencia sobre “La libertad de expresión y el Estado de Derecho”, en la que Edison Lanza, exrelator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfatizó que penalizar los discursos de interés público, so pretexto de precautelar el honor y la reputación, “es incompatible per se con la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, normativa de superior rango que el de las leyes nacionales. Se espera que nuestros legisladores y jueces tomen debida nota, para que la prensa no sea amordazada ni vuelva a reinar la incertidumbre, al decir del preocupado obispo chaqueño.
La seguridad jurídica implica tener la certeza de que los jueces cumplirán y harán cumplir las leyes, respetando siempre la libertad de prensa, reaseguro de las demás libertades. Los paraguayos deben poder vivir sin miedo a opinar sobre el ejercicio de un cargo público, esto es, sin sentirse amenazados por la eventual prepotencia de un juez o de un policía. Es de lamentar que aún sea necesario decirlo, pero resulta que siempre conviene estar en guardia contra los liberticidas al acecho: no descansan nunca.